Crece consumo ilegal de alcohol pese a la reforma fiscal

El mercado de bebidas ilegales en Colombia sigue siendo un negocio lucrativo para algunos empresarios que persisten en violar la ley. Entre 2015 y 2017 este fenómeno aumentó un 4 por ciento y supuso el consumo de 356.000 hectolitros de alcohol puro, lo que generó pérdidas por 647 millones de dólares para el Estado y de 1.209 millones de dólares para la industria legal.

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Las cifras fueron reveladas por un informe de Euromonitor International financiado por la compañía cervecera Bavaria y presentado durante una reunión de secretarios de hacienda organizada por la Federación Nacional de Departamentos. Solo el año pasado las cifras de pérdidas fiscales crecieron un 38 por ciento. “A pesar de que la brecha en el precio entre bebidas alcohólicas legales e ilegales se ha reducido, estas últimas siguen siendo muy fáciles de adquirir “, asegura el documento.

Esa brecha, que en 2012 era de 23 por ciento, es actualmente del 14 por ciento. El consumo de alcohol ilegal en Colombia es mayor al promedio de otros países de América Latina y aunque su principal riesgo continúa siendo la amenaza que representa para la salud, también lo es la evasión fiscal, que genera un efecto negativo en las cuentas de las regiones y que creció el año pasado.

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La adulteración fue de 186.053 hectolitros de alcohol puro, que puede ascender a 800 millones de dólares. La mayoría del etanol usado para la fabricación de bebidas ilegales (el 94 por ciento) es importado legalmente, razón por la cual los especialistas argumentan que la desnaturalización (es decir, quitarle la condición de potabilidad o facilidad de consumo) es la clave para enfrentar el problema.

En 2016, el 77 por ciento de las importaciones de etanol ingresó al país sin desnaturalizar, en 2017 decrecieron al 56 por ciento y a marzo de 2018 se encontraban en 36 por ciento.

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Qué hacer

Frente al daño que genera al país el consumo de licor ilegal, la compañía Euromonitor International formula cuatro recomendaciones básicas para enfrentar el problema:

• Desnaturalizar el ciento por ciento del etanol destinado para el consumo humano.
• Asegurar la trazabilidad en la cadena de suministro del etanol no desnaturalizado, a través de un registro completo previo a cualquier actividad comercial y productiva.
• Restringir el acceso de etanol desnaturalizado a industrias que no lo requieren.
• La Comisión Anticontrabando, el Invima y Minsalud deben apoyar a los departamentos en la articulación de la Ley de Licores, al tratarse de un problema de salud pública.