Crece escándalo por aterradoras denuncias de acoso en Colegio Bethlemitas en Bogotá; Procuraduría pidió a ICBF acciones urgentes

En cuanto a la grave denuncia anónima de presuntos casos de abuso sexual en contra de varios profesores de la comunidad educativa Bethlemitas, en la ciudad de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación requirió a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Secretaría de Educación Distrital información sobre el caso conocido a través de los medios de comunicación.

Y es que, sin duda, el reconocido Colegio Bethlemitas en Bogotá, en la localidad de Chapinero, está en el centro de las críticas por las fuertes denuncias que se han revelado en los últimos días en una cuenta de Instagram, por presuntos casos de abuso sexual y bullying al interior de la comunidad educativa.

Una vez conocida las denuncias que referencian presuntos casos de acoso sexual y escolar, bullying y homofobia en la institución educativa ubicada en la localidad de Chapinero, el Ministerio Público exhortó a la directora general del ICBF, a notificar las acciones que se emprendan o en dado caso, se hayan realizado, para la promoción del adecuado abordaje y restablecimiento de derechos de las menores de edad presuntamente afectadas.

Asimismo, la Procuraduría pidió a la Secretaría de Educación Distrital que informe las acciones de verificación del proceso efectivo de activación de la ruta de atención en el sistema de alertas en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), así como los detalles sobre la activación de rutas para el abordaje integral de estas violencias frente a los sectores salud, protección y justicia.

Finalmente, la Procuraduría, a través de la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, pidió a la autoridad distrital “referenciar las directrices de protección solicitadas que serán implementadas en la institución educativa en la que presuntamente ocurrieron los hechos, para lograr garantías efectivas de atención integral y restablecimiento de derechos y reparación para las posibles víctimas, así como las orientaciones dadas para el manejo de la situación de los presuntos agresores”.

Lo que advierte la Secretaría Distrital de Educación

Los casos llegaron directamente hasta la Secretaría Distrital de Educación, que de inmediato inició acciones al interior del colegio para conocer más a fondo acerca de los casos denunciados.

“Desde la Secretaría lamentamos y rechazamos cualquier acto de violencia en contra de estudiantes. Por ello, en todos los colegios se trabaja de manera permanente para promover la sana convivencia y el fortalecimiento de acciones de promoción de derechos y de prevención de vulneraciones y violencias”, señaló la Secretaría en un principio.

La entidad distrital indicó que ya se han adelantado varias mesas de trabajo al interior del colegio. “Tan pronto se conocieron los presuntos casos presentados, se acompañó al colegio generando mesa de trabajo el viernes 24 de marzo con el equipo del colegio, junto con la Oficina de Convivencia Escolar (OCE), equipo de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación, rectora, equipo jurídico y la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado de la Secretaría de Educación. En este espacio se conoció que, a través de una página de una red social, se estaban presentando denuncias anónimas de presunta violencia sexual en contra de estudiantes, información de la cual el colegio no tenía conocimiento previo”, indicó la Secretaría.

Así mismo, la Secretaría señaló que se adelantó un segundo espacio de diálogo el lunes 27 de marzo en el que participaron el área de orientación de la institución y la Oficina para la Convivencia Escolar para la revisión de las denuncias anónimas y la remisión de la información a la Oficina de Inspección y Vigilancia.

Por otro lado, el equipo de prevención de violencias de género y violencia sexual de la OCE realizó el 27 de marzo talleres sobre prevención de Violencias Basadas en Género y Violencia Sexual con estudiantes de grados décimo y once para la identificación de posibles situaciones de riesgo o vulneración.