Crece escándalo por presunta corrupción en millonaria licitación de alimentación de cárceles en Colombia

A las denuncias publicadas por SEMANA se suman las acciones judiciales que emprenderá la ONG Anticorrupción Coraci, la cual señaló que radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y Superintendencia de Industria y Comercio, y emitió una alerta ante los organismos de control sobre las posibles irregularidades del contrato de alimentación de los privados de la libertad en los diferentes centros penitenciarios del país durante los años 2023-2024.

Esto fue publicado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (Uspec), el pasado 8 de septiembre, y sumaría más de 813.905 millones de pesos.

La ONG hizo un análisis de los “pliegos sastre” de los que tenemos sospechas que están diseñados a la medida de unos pocos, podemos inferir los siguientes argumentos:

La contratación se ejecutaba mediante subastas inversas, procesos que generaron ahorros superiores a los 40.000 millones de pesos por licitación o proceso de compra. Con la reciente adopción del nuevo tipo de licitación, el ahorro proyectado se reduce a sólo $16.278 millones.

Se cuestiona el cambio de modelo, considerando el significativo decremento en los ahorros. Además, surge la inquietud sobre cómo se garantizará la calidad de los alimentos para los privados de la libertad en este nuevo enfoque de contratación.

La entidad le solicitó al director de la Uspec que emita un pronunciamiento respecto a la ausencia de sanciones o multas a los contratistas que han incumplido sus obligaciones de distribuir adecuadamente la alimentación de los privados de la libertad, una situación que ha sido denunciada por diversos medios de comunicación.

Se plantea la preocupación de que persista una contratación con actores habituales, sin cambios significativos.

Además se destaca, por segunda vez, la práctica de contratistas que emiten sus pólizas de seguro a través de intermediarios vinculados a ellos mismos. Esta situación evidencia una proximidad entre competidores que limita la competencia justa.

La creación de nuevas empresas como continuadoras de experiencias anteriores se percibe como una estrategia a corto plazo para aumentar la posición de algunas empresas en sus ofertas, superando los límites establecidos para los grupos participantes, práctica recurrente en este mercado durante muchos años.

La interrelación, amistad y coexistencia de negocios entre empresas participantes en distintos procesos licitatorios y contratos sugiere una restricción en las condiciones de oferta y competencia entre estos actores cercanos.

Se trata de una licitación por más de $813.000 millones, divididos en 17 grupos, de acuerdo a la zona del país y el tipo de cárcel.

Todo parecía normal hasta que algunos contratistas que le apostaron a participar de la licitación se percataron de una serie de hechos e informaciones que mancharon la transparencia en el proceso contractual y entristeció el panorama de cambio, donde estaban depositadas las esperanzas de organizaciones como Cárceles al Desnudo, que velan por los derechos de los privados de la libertad.

Su directora, Esmeralda Echeverry, radicó un derecho de petición que, a su vez, fue una advertencia para la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios (Uspec), la Procuraduría, la Fiscalía y el Inpec, para anticipar a sus directivas lo que estaría ocurriendo y cómo algunos contratistas tenían información sumamente delicada y la habían puesto en conocimiento de los entes de control.

“Hemos recibido la denuncia de un contratista de alimentos que advierte presuntas presiones indebidas ejercidas por la Unidad de Servicios Penitenciarios para la adjudicación casi a dedo de los contratos que están en juego en la licitación pública para la distribución de los grupos y los respectivos contratos”, señala el derecho de petición.

La misma directora hizo otra advertencia sobre unos “extraños mensajes” que salieron de una funcionaria de la Uspec, encargada, al parecer, de la millonaria contratación. Echeverry aseguró que, luego de comunicar al Ministerio de Justicia, el Inpec y la Uspec, la funcionaria en cuestión hizo varias solicitudes a la fundación Cárceles al Desnudo en el sentido de obtener las pruebas incluidas en las denuncias por presuntas irregularidades en la licitación.

“Para la fundación Movimiento Cárceles al Desnudo, lo ocurrido con la funcionaria nos obliga a solicitarle al Gobierno nacional y a las autoridades que los procesos de licitación que adjudica Uspec sean analizados con lupa. El derecho de petición que desencadenó la actuación de esta funcionaria estaba dirigido al Ministerio de Justicia, Uspec e Inpec y hasta el momento solo la Fiscalía y Contraloría han brindado respuesta; los demás brillan por su ausencia”, señaló Echeverry.