Nación
Crimen de Adriana Pinzón: fijan fecha para definir el cuestionado preacuerdo del confeso asesino
Jonathan Torres aceptó su responsabilidad en el crimen, por lo que se expone a una condena de 28 años de prisión.
SEMANA conoció en primicia que para el próximo 11 de agosto quedó programada la audiencia en la que se definirá el aval firmado entre la Fiscalía General y Jonathan Torres Campos, procesado por el crimen de la psicóloga Adriana Pinzón.
En dicha diligencia, el juzgado primero penal del circuito especializado de Cundinamarca realizará la verificación de la negociación. De aprobarlo, procederá a la individualización de la pena y emitirá la sentencia condenatoria contra Torres.
En la negociación, que se finiquitó el pasado 5 de julio, Torres reconoció su plena responsabilidad en el homicidio agravado, hecho por el cual se fijó una pena de 28 años de prisión. Igualmente, se estableció una colaboración con las autoridades para conocer los móviles del crimen y los nombres de otras personas involucradas.
En la presentación del preacuerdo se conocerán los móviles que llevaron al procesado a asesinar a su propia cuñada, meter su cuerpo en bolsas de basura y dejar el cadáver en la vereda Río Frío, en zona rural del municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).
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La primera hipótesis de las autoridades es que la desaparición de Adriana, registrada el pasado 7 de junio, se habría realizado para despojarla de sus ahorros y un seguro que había firmado recientemente.
En un comunicado, la Fiscalía General señaló que los móviles del crimen serían económicos y estarían relacionados con el “afán” que tendría Jonathan Torres para cubrir varias deudas personales y del negocio que tenía en Zipaquirá.
Torres, quien se encuentra privado de su libertad en los calabozos del antiguo DAS en el centro de Bogotá, pidió garantías y protección para él y su esposa, todo esto a cambio de colaborar con el caso.
La Fiscalía General sostiene que Torres fue la última persona que tuvo contacto con Adriana en la tarde el 7 de junio. Las imágenes de las cámaras de seguridad del conjunto residencial donde vivía la psicóloga en el municipio de Chía (Cundinamarca) lo registran entrar dos veces al apartamento.
En esa oportunidad, Torres llegó a las 12 del día al conjunto y estuvo casi cinco horas dentro del apartamento. Las cámaras registraron cómo sale con un maletín de su propiedad y lo que parece ser un palo de escoba. Todos estos elementos los lleva al parqueadero donde estaba el vehículo de Adriana y sale del conjunto.
Una hora después, llega nuevamente al conjunto manejando el carro. Camina hasta el apartamento de Adriana y unos minutos después sale cargando una pesada bolsa negra, la cual ubica en el baúl del carro y sale nuevamente.
Las pruebas documentales certificaron que Torres se dirigió a un concesionario ubicado en Chía para vender por 33 millones de pesos el vehículo Mazda 2 que estaba a nombre de Adriana. Los documentos conocidos por SEMANA revelaron que una mujer firmó todos los documentos.
La negociación tuvo un traspié, puesto que no se había hecho el levantamiento de prenda, un trámite que garantiza que el carro no tenga ningún tipo de compromisos financieros. Este documento es indispensable a la hora de realizar cualquier traspaso.
En ese momento, Torres aseguró que iba a comunicarse con Adriana para que firmara el documento y enviara por medio de un Uber todo lo que se necesitaba para vender el vehículo.
Los investigadores encontraron que en el automóvil propiedad de Adriana había manchas de sangre. Los mismos rastros se encontraron en el apartamento de la psicóloga. En uno de los informes se encontró que se intentó limpiar, con múltiples elementos de aseo, cualquier rastro.
El contrato de compra y venta refleja que la mujer que acompañaba a Torres firmó el documento con la Comercializadora Automotriz Like S.A.S. en el que se acordó la compra de otro vehículo Mazda 2 modelo 2011.
