Crimen de la 93: el abogado Iván Cancino habla del caso y lo califica de oscuro. “El peligro por la vida está presente”

SEMANA: La última edición de esta revista reveló un nombre del presunto asesino de Hernan Franco, Jonathan Romero. En el relato que tiene la justicia se cuenta que cuando el empresario cae al piso se le escucha decir en tres ocasiones: “fue Jonathan Romero, fue Jonathan Romero, fue Jonathan Romero”.¿Qué información tiene usted de él?

Iván Cancino: Hay muchos datos que lo señalan, incluso videos. La relación al final entre los dos no era la mejor. Sin embargo, respetamos la presunción de inocencia.

SEMANA: Usted defiende a la esposa de Franco, ¿En esta trama, en donde se ven muchos peligros, teme por su vida?

I.C: Claro, el peligro por la vida está presente, más en un tema tan oscuro como este. Por ahora, no tenemos ningún interés en constituirnos como víctimas.

SEMANA: El caso de Marelbys Meza, a quien usted representa, se ha movido mucho en estos días. ¿Qué significa que el caso del coronel Feria salga de la justicia penal militar?

I. C: La investigación de cualquier tema relacionado con Marelbys mesa debe inexorablemente ser considerado por la justicia ordinaria ni por la militar.

SEMANA: ¿Cómo termina usted de abogado de la exniñera de Laura Sarabia?

I. C: Ella llegó como otros clientes que me han buscado. Me pasa que ven en mí una persona batalladora que no me vendo a ningún gobierno o que no me asusto tampoco ejerciendo la oposición. Un día ella me llama y me dice yo lo he visto, me gusta su manera de ser. Yo me veo con ella. La defiendo. Es una defensa pro bono. Es una mujer humilde, que ciertos sectores del Gobierno con mucho poder han querido apabullar, que han humillado. Me ha costado mucho, como otras defensas, pero no van a lograr amilanar mi carácter, sino por el contrario fortalecerlo.

SEMANA: ¿Cuál es la situación de sus procesos?

I. C: Ella no tiene ningún proceso en contra. Está en calidad de víctima en todos. Uno es el tema del polígrafo y el otro es el tema que involucra interceptaciones ilegales. Ahí hay fraude procesal, falso testimonio y otros delitos. Nosotros nos hemos constituido en víctimas contra todas las personas que intervienen en esos delitos y ya esos procesos van avanzados. El más lento es el de Laura Sarabia, que lo lleva una delegada ante la Corte Suprema.

SEMANA: En una entrevista, Laura Sarabia dio unas explicaciones bastante particulares. En pocas palabras dijo que la misma Marelbys había pedido el polígrafo.

I. C: Eso es, primero, desafortunado y, segundo, desacertado. Y no solamente desde el punto de vista jurídico. En la casa de una alta funcionaria del gobierno, donde además hay gente de seguridad nacional, a Marelbys la llaman y el esposo de Laura la sienta, le reclama que diga la verdad o que, sino, va a ir presa. ¿Usted cree que así haya provenido de Marelbys la idea, una mujer humilde, que no era funcionaria sino cuidadora de niños, eso es una acción voluntaria consciente y libre de coacción? Por supuesto que no. El polígrafo siempre estuvo viciado. Nunca fue voluntario y por esos hechos debe responder la Policía.

Aquí lo que hizo fue humillar, hacer un procedimiento ilegal y abusar de la autoridad frente a una ciudadana humilde y desprotegida.

SEMANA: Laura Sarabia le dijo a SEMANA que ella le había planteado a Marelbys que fuera al polígrafo y, además, le había dicho que su conductor la recogía y la llevaba. Luego, en esa entrevista, dice en otro medio que habla en términos figurativos. Y cuando decía que ella había dicho, realmente se refería a su esposo.

I. C: En la ley 906, todo lo que las personas digan por fuera del proceso no puede ser utilizado contra ellas. Entonces en medios de comunicación, en entrevistas, se puede decir lo que sea. Lo que pasa es que si ella decide declarar todas esas contradicciones, jugarán en su contra. Toda estrategia de defensa es válida. No sé es qué tan creíble o eficaz vaya a ser eso.

SEMANA: ¿Cuál es el riesgo hoy de Marelbys Meza? Usted ha alertado mucho por su seguridad.

I. C: El nivel de riesgo de Marelbys es extraordinario. Es una mujer que está acusando a personas delincuentes, a profesionales, a policías que han delinquido. Está aislada de su abogado, de su familia, de sus seres queridos. Por eso, nosotros lo que le estamos proponiendo también a la UNP es que ayude a la Fiscalía en el sistema de protección de víctimas y testigos a que tenga un esquema fuerte, pero que le permita alguna movilidad. Marelbys es tal vez una de las pocas personas que está privada de la libertad y es la víctima. Entonces es una mujer a la que le ha cambiado su vida. Vive de lo mínimo, porque el Estado solo le da para el mercado. No puede ver a su hija. No puede hablar con sus hermanos. Para hablar con su abogado le toca pedir cita y yo voy al búnker a reunirme con ella. Entonces es una violación a sus derechos humanos, a su derecho de defensa, a su derecho a la familia. Tampoco tiene derecho, ni siquiera desarrollar una relación sentimental con nadie.

SEMANA: ¿El papel que cumple hoy Armando Benedetti como embajador en la FAO, incide o afecta en algo el proceso de Marelbys Mesa?

I. C: No, para nada. Aquí se ha dicho mucho que Armando Benedetti estuvo detrás de Marelbys Mesa al principio. Puede que sí, puede que no. Pero desde que yo entré a la defensa, sí les puedo garantizar que detrás de Marelbys está ella y yo. Y detrás mío, nadie.

SEMANA: Cambiando de tema, usted lidera el Colegio de Abogados Penalistas. Ahora que el gobierno está planteando nuevamente una gran reforma a la justicia. ¿Cómo ve este esfuerzo?

I. C: Antes de entrar en las posiciones jurídicas, quiero decir que yo creo que hace mucho tiempo no había un Ministro de Justicia que entendiera el derecho penal desde la política criminal. Creo que ha sido un ministro que ha tratado de no quemarse en el ambiente político y se ha dedicado a lo técnico.

Ahora, sobre la reforma, creo que es esencial permitir otra vez mayor margen de justicia restaurativa. Es decir, acuerdos, negociaciones y principios de oportunidad. Si Colombia no hace un giro realmente hacia la justicia negociada, sin perder de vista a las víctimas, no va a ser posible ni bajar la impunidad, ni generar sensación de seguridad en la población ni dar unos resultados acertados.

SEMANA: ¿Por qué dice eso?

I. C: Porque los problemas reales de la ciudadanía necesitan de esa justicia negociada. Se necesitan preacuerdos y principios de oportunidad más amplios y, obviamente, justicia restaurativa para que las víctimas no queden desprotegidas. Hoy hay una gran percepción de impunidad, pero no por la justicia negociada, sino porque en términos prácticos hay muchas limitaciones. Por ejemplo, un fiscal que investiga hoy los delitos contra el patrimonio económico, es decir, estafas, hurtos, abusos de confianza, puede llegar a tener 400 o 500 procesos en su despacho, sin tener un asistente de Fiscalía ni una policía judicial propia. De tal manera que un fiscal, en esas condiciones, no puede resolver más allá del 10 % o del 20 % de los casos que tiene.

SEMANA: ¿Por qué es tan importante la negociación?

I. C: Le voy a poner ejemplos. El país cerró la puerta a una figura que se llama la terminación anticipada del proceso por indemnización integral. ¿Qué pasaba? Que una persona le hurtaba algo a otro. Entonces, la víctima quiere venganza y entonces un celular que no perdió, sino que se le recuperó y le devolvieron no le era suficiente. Y decía, no, quiero que me paguen cinco millones. Hoy en día si no se hace este pago, el proceso sigue andando. Eso congestiona la justicia. Y por ejemplo, hay muchos procesos de las grandes cadenas de almacenes.

SEMANA: Hay dos figuras muy criticadas en la opinión pública: los preacuerdos y los principios de oportunidad. ¿Por qué se ven como impunidad?

I. C: Los preacuerdos y principios de oportunidad no son impunidad, porque tienen que estar atados a resultados. Entonces, cuando se le aplica un principio de oportunidad es porque contribuyó, por ejemplo, a desmantelar una organización criminal o porque devolvió el dinero. Colombia está corto en utilizar esa figura. El Código Penal tiene más de 12 o 13 causales de principio de oportunidad y aquí sólo se aplican dos, precisamente porque los fiscales le tienen miedo a la opinión pública. Pero es mejor entregarle a una persona un principio de oportunidad, porque el bien general va a sufrir un impacto muy grande, muy importante, que dejar que nunca se sepa la verdad.

Pero en Colombia hay prohibiciones generales del principio de oportunidad en cosas que se requieren.

SEMANA: ¿En qué casos?

I. C: Por ejemplo, no se le da principio de oportunidad al jefe de una organización, lo cual me parece absurdo, porque es el que conoce toda la infraestructura de una organización. No se trata de darle todo y dejarlo libre, pero como hoy no se le aplica a principio de oportunidad, pues sencillamente no le interesa ni entregarse a la justicia, ni dar información. Con los preacuerdos sucede exactamente lo mismo. Aquí el principio de legalidad se llevó al extremo, entonces el preacuerdo practicante está muerto y está muerto tanto por obra de la jurisprudencia del Honorable Corte Suprema como de la legislación. Por eso, el Colegio de Abogados Penalistas y veo ahora que el presidente de la Corte, el magistrado Gerson Chaverra, proponemos volver a los inicios, donde el margen de los principios de oportunidad y preacuerdos era más grande.

SEMANA: ¿En qué casos han funcionado estas figuras?

I. C: Por ejemplo, el principio de oportunidad en el cartel de la contratación, en donde hubo principios de oportunidad para dos o tres personas que realmente dieron toda la información, fue una investigación muy sólida. Pero es una figura que se ha satanizado y como hay prohibiciones, por ejemplo, en los delitos sexuales, hoy no cumple la labor que debería tener. Yo en clase siempre pongo este ejemplo. Si llega el CTI a una casa donde hay un señor que tiene prostituidas a 10 menores, que las está obligando a tener sexo y transmitir por cámara y el señor le dice al fiscal mire yo necesito que me diga qué beneficio puedo tener, porque yo tengo la lista de 100 personas que hacen lo mismo y que prostituyen a mil niños. Hoy, el fiscal no le puede dar ningún beneficio. Entonces no se logra nada en beneficio de esas víctimas que son los niños.

SEMANA: La gente no suele ver bien esos beneficios...

I. C: No, porque nosotros estamos pensando en castigar y sancionar todo el tiempo. Pero las normas tienen que girar entorno a la protección de la ciudadanía y no del castigo. Tenemos que evolucionar. Es lo que pasaba con la cadena perpetua. Lo advertimos al Congreso y la Corte la tumbó. La gente piensa en castigar al delincuente, pero no en la prevención. Si a mí alguien me convence que la pena perpetua va a proteger a los violadores de niños, la apoyo.

SEMANA: Otra figura muy criticada es la detención preventiva. ¿Hay que hacer ajustes en este sentido?

I. C: La detención preventiva es como el circo romano. Aquí al ciudadano parece que sólo la cárcel le genera satisfacción y, realmente, la cárcel debería ser la excepción. Aquí se volvió la regla general. Sobre eso, los abogados litigantes le hemos dado un gran debate a la honorable Corte y a los ministros de justicia. Esperemos que este gobierno por fin haga un proyecto de ley y lo aplique y tenga las mayorías en el Congreso, donde por ejemplo, el peligro para la comunidad, que es algo tan etéreo, salga de ser un fin constitucional para la detención preventiva. Hay cárceles donde el hacinamiento supera el 120 % . Para una cárcel de 800 personas, puede haber fácilmente 2.000 detenidos que tienen que compartir o turnarse para dormir en hamacas. Las condiciones de salubridad son absolutamente aterradoras. Entonces, yo creo que ese debate también hay que darlo.

SEMANA: ¿Y las domiciliarias?

I. C: También son muy controvertidas. Pero, por ejemplo, el Estado va a tener que pagarle un mucho dinero a la familia del senador Mario Castaño. A los jueces les da miedo dar la detención domiciliaria o la libertad en algunos casos por enfermedad, porque aquí se parte de la mala fe y de que la gente está mintiendo. Eso es una dialéctica que está equivocada. Los familiares y los abogados de Mario Castaño habían advertido insistentemente sobre la enfermedad de él y las cárceles colombianas, digan lo que digan, no están preparadas para atender muchas enfermedades. El señor se murió en la cárcel. Enilse López, La Gata, para dar otro ejemplo, le costaba al Estado unos 30 millones de pesos al mes por una enfermedad real. Cuando se cuestionan casos como esos para detenciones domiciliarias, a los jueces les da miedo otorgarlas. Hay que rodear a los jueces.

SEMANA: Usted es hijo de dos grandes del derecho. Su papá fue un penalista muy reconocido y su mamá es hoy la decana de derecho del Externado. ¿Cómo se vive el día a día con este legado?

I. C: Para mí nunca fue un peso, sino una carretera pavimentada que yo supe utilizar. Con una gran desventaja, eso sí: los amores de mi mamá, que son muchos, no los heredé. Pero los odios de mi papá, que también son muchos, sí los heredé todos. Todavía hay gente que me trata de cobrar cuentas y que no les gusta mi personalidad. Incluso dentro del sector justicia tengo muchos enemigos. Esos enemigos me quieren cortar la cabeza, pero lo que yo sí le puedo decir a las personas es que para que a mí me saquen del ejercicio de la profesión, me tendrán que matar. Yo seré abogado hasta que me muera. Estoy muy orgullo de la educación que recibí de mi mamá y de mi papá. También de mi tío, que es un gran jurista que se llama Iván González y por quien llevo mi nombre. Lo que yo le digo a mis contradictores es el siguiente ejemplo: el hijo de Maradona no va a jugar en la selección argentina por ser el hijo de Maradona. Va a jugar ahí si es un crack y si yo me he destacado en mi profesión no es por ser el hijo de Antonio José Cancino y Emilsen González, sino porque yo también soy muy bueno en lo que hago y porque me gusta lo que hago.

SEMANA: ¿Qué le dice su mamá cuando lo ve en estos casos tan complejos?

I. C: Ella sufre mucho. Estaba acostumbrada con mi papá y le han tocado momentos muy difíciles, porque a mi papá lo trataron de matar varias veces. Hoy en día a uno lo tratan de acabar es moralmente. Pero yo estoy dispuesto a recibir esas balas si se trata de la defensa de mi profesión y de mis colegas. A mí no me van a callar. Hoy se habla es de ese aniquilamiento moral.

SEMANA: Ya que habla de eso. Usted además de ser un abogado, es también, por decirlo así, un influencer. ¿Cómo se siente ahí?

I. C: Como pez en el agua. Sobre todo porque yo no leo los comentarios ni buenos ni malos. En X tengo una cuenta de contenido más político. Y en TikTok una mamadera de gallo con fines de enseñanza. Ahí canto, hago parodias, pero de cosas que yo creo que a la gente le pueden servir para entender el derecho penal. La cuenta de Instagram si es un poco más lo que me muestra a mí como persona familiar y esas otras facetas de mi vida.