Crimen de periodista de la ONU: acusado se expone a una condena de 50 años de prisión, madre de la joven clama para que se haga justicia

Para el próximo 29 de junio quedó programada la audiencia en la que se conocerá el sentido del fallo en contra de Ángel Rolando Colina Lugo por su responsabilidad en el crimen de la joven periodista Natalia Castillo Preciado, quien fue asesinada en la madrugada del 24 de diciembre de 2021 en un intento de hurto en el sector de Galerías, en el occidente de Bogotá.

Colina, conocido con el alias de Ángelo, fue señalado por la Fiscalía General como el hombre que le disparó a la joven mientras intentaba quitarle su teléfono celular y otras pertenencias. “Fue un asesinato vulgar”, aseguró la Fiscalía en el escrito de acusación contra el hombre de nacionalidad venezolana y quien sería el jefe de la banda de atracadores que tenía azotado el sector.

Durante la etapa de juicio, que se extendió por casi un año y presentó varios aplazamientos por los recursos presentados por la defensa del acusado, se pusieron de presente varios videos de cámaras de seguridad de Galerías que registraron el momento exacto de la agresión y la ruta de escape de los asaltantes.

En contra de Ángelo existen las declaraciones de dos integrantes de la banda delincuencial de la que hacían parte, señalando que después del hurto y asesinato, el hombre –con total sangre fría- saqueó el dinero que estaba en las tarjetas de crédito haciendo transacciones comerciales e incluso comprando criptomonedas.

Pese a la avalancha de pruebas, el acusado se declaró inocente de los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y hurto agravado. En los alegatos de conclusión, la Fiscalía General pidió una condena ejemplar de 50 años de prisión. Solicitud que fue apoyada por el delegado de la Procuraduría General y la representante de víctimas.

María Emma Preciado, madre de Natalia, le pidió al juez del caso que emita una sentencia ejemplar. “Era una niña dulce, inteligente, amorosa y especial. Tenía toda una vida por delante, llena de sueños y planes”. Su muerte dejó un vacío en sus familiares y amigos más cercanos. “Este vacío se hizo aún más grande cuando la arrebataron de su lado, asesinándola a tiros”, añadió.

En la carta, leída en la última diligencia, la madre de la joven aseguró que “una banda de criminales, encabezada por el acusado, Ángel Rolando Colina Lugo, actuó de manera concertada. Estos individuos estaban equipados con armas de fuego y vehículos motorizados, incluida una motocicleta, para facilitar su huida (…) Aprovechando las sombras de la noche y el factor sorpresa, abordaron a Cindy Natalia y le dispararon en el pecho. Le robaron el celular y su bolso, dejándola moribunda sin importarles el destino de su víctima”.

Las pruebas contra los ladrones

Los investigadores determinaron que tras cometer el robo, Ángelo y Porky accedieron al teléfono celular de Natalia para extraer información sobre sus productos bancarios. A las 5:06 a. m. del 24 de diciembre se registró el retiro de 600.000 pesos en Medellín (Antioquia).

Días posteriores, sin denotar la más mínima muestra de humanidad, siguieron intentando realizar transacciones, las cuales fueron bloqueadas por el banco. Tras muchos intentos lograron un avance por 8 millones de pesos de una de las tarjetas de crédito de la joven, sin embargo, no pudieron quedarse con el dinero.

Para los investigadores, estas personas tenían un amplio conocimiento en el manejo y acceso ilegal a cuentas bancarias. Prueba de esto es que lograron realizar un retiro en criptomonedas por un valor de 5 millones y medio de pesos.

El pasado 15 de febrero, un juez de control de garantías los cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario. Esto al considerar que representan un peligro para la sociedad y que, estando en libertad, podrían afectar el desarrollo del proceso penal mediante la fuga. Los dos procesados no aceptaron cargos.

Pese a la evidencia probatoria, los dos han mantenido el discurso que son inocentes. Recientemente, se conoció la posibilidad de un preacuerdo con la Fiscalía General, pero esta opción se cayó por la oposición de los familiares de las jóvenes.

La Fiscalía General sostiene que estos asaltantes hacían parte de una organización dedicada al robo de celulares en Bogotá y hackeo de cuentas bancarias.