Crímenes de líderes sociales: piden respuestas al gobierno Duque

En materia de crímenes contra líderes sociales no existe, como en otros temas de gobierno, un compás de espera.

Solo el pasado fin de semana, horas antes de conocerse el nombramiento de Pablo Elías González como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fueron reportados cuatro ataques contra el presidente de una junta de acción comunal, en Meta; contra un dirigente de la UP, en Soacha (que sobrevivió al atentado); contra un líder campesino en Norte de Santander, y contra una maestra en Putumayo.

Y en las últimas horas, circuló un panfleto en redes sociales, en las que el supuesto grupo de las Aguilas Negras amenaza a periodistas, dirigentes de oposición, líderes femeninas y de organizaciones de víctimas, entre otros.

En contexto: Lideres sociales asesinados en Colombia. ¿Quién los mata?

Son los casos más recientes de una larga lista de crímenes y amenazas que no da muestras de detenerse y que, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hasta el pasado 22 de agosto había dejado 343 líderes asesinados, contando a partir del 1 de enero de 2016. En lo que va corrido de este año, según calcula la organización Somos Defensores, han sido asesinados 100 líderes, 23 de ellos desde julio pasado hasta hoy.

Los partidos de oposición y las organizaciones sociales están a la espera de que el nuevo gobierno explique su estrategia para frenar estos crímenes y por ello citaron un debate en la Cámara para este miércoles.

“Vemos que existen actualmente diversas instituciones, decretos, leyes y oficinas especializadas para atender este tema, sin embargo todos los días hay casos nuevos”, señaló el senador del Polo Democrático, Alberto Castilla, uno de los citantes.

A pocos días de concluir el gobierno Santos, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que cuenta con participación de las víctimas y expertos en la materia, acordó un plan de ocho puntos, que incluía, entre otros, el diseño de medidas colectivas de seguridad (no los esquemas de protección individuales que se suelen utilizar), un programa de emergencia para las zonas más afectadas del país y la organización de un sistema de recompensas por información.

Con el cambio de gobierno, sin embargo, hay incertidumbre sobre la implementación de estos acuerdos.

Le puede interesar: #QuiénLosEstáMatando: el aterrador panorama de asesinatos que indigna a Colombia

“Hasta ahora lo que tenemos es silencio institucional”, dice Carlos Guevara, coordinador de Somos Defensores. Según Guevara, hay preocupación porque los espacios de diálogo que se habían abierto con el gobierno Santos se han quedado quietos “y la política pública que se había construido por presión de las organizaciones” corre el riesgo de dejarse de lado.

El pasado 23 de agosto, el presidente Duque participó en Apartadó (Antioquia) en la firma de un pacto de protección a líderes sociales, en el que el gobierno se comprometió a continuar en su esfuerzo de “cumplir los compromisos asumidos por el Estado en materia de seguridad, protección colectiva, lucha contra la impunidad; garantías de verdad, justicia, reparación, no repetición y fortalecimiento institucional; y acelerar el programa de medidas colectivas de seguridad, así como el programa de protección integral para lideresas”.

Es decir, los ocho puntos que se habían acordado en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Sin embargo, este lunes, al anunciar el nombramiento de González como director de la UNP, el presidente afirmó que convocó a los organismos de control para articular, en un plazo de dos semanas, una política de respuesta a alertas tempranas, para enfrentar este fenómeno. Plantear un nuevo espacio para tomar decisiones, que remplace a la Comisión, que es fruto de por lo menos ocho años de trabajo, sería preocupante, dice Guevara, porque podría significar volver a empezar de cero,

Para la senadora Aida Avella, presidenta de la UP, para que no se repita lo que pasó con su partido en los ochenta, más allá de las medidas que se tomen es importante que haya la voluntad política de reconocer que hay miembros de la fuerza pública involucrados en algunos casos y que quien está detrás de los ataques debe contar con una estructura considerable para operar en diferentes lugares del país.

También puede leer: Violencia contra líderes no para: dos de ellos fueron asesinados en 24 horas

“¿Para qué sirven las alertas tempranas? Los últimos crímenes han sido cometidos en las casas de las víctimas. Cuando matan a alguien en la casa es porque le han hecho un seguimiento”, dice la senadora Aida Avella.

El tema de los recursos también preocupa a las organizaciones. Este martes, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el nuevo gobierno encontró a la UNP desfinanciada en por lo menos 50 mil millones de pesos y para el 2020, el presupuesto de la entidad debería llegar a por lo menos 1 billón, para poder atender a toda la demanda de acciones que le son solicitadas.

Aunque el nombramiento de González como director de la UNP ha sido bien recibido, por ser alguien con amplia experiencia en el tema de la protección de personas amenazadas, hay preocupación entre los citantes del debate de que no se pierda el terreno que se había ganado para enfrentar un problema que no da tiempo para seguir en diagnósticos.

Este miércoles, a las 2 de la tarde, será la primera prueba de fuego del gobierno Duque en esta materia.