La estela criminal de Emcartago

Dos pistoleros motorizados atacaron la noche de este viernes 16 de mayo, a tres miembros de una misma familia en momentos que salían de su casa ubicada en un sector residencial del municipio de Cartago, al norte del Valle.

Las víctimas baleadas fueron identificados como Pablo Emilio Aponte, Teresa Gallo y su hijo Alejandro Aponte Gallo de apenas 15 años de edad. La pareja de esposos son empleados de las Empresas Municipales de Cartago, Emcartago; él como jefe de normalización y ella como subgerente técnica operativa.

Fuentes policiales que atendieron el caso, explicaron que el atentado perpetrado a las 8:30 de la noche con pistolas nueve milímetros, causó la muerte del señor Aponte, debido a los impactos de bala que recibió en la cabeza; mientras que su hijo se debate entre la vida y la muerte, a raíz de una bala incrustada en el cráneo. La señora Gallo está a salvo, pese a tener una herida en el pómulo.

“Por las evidencias recopiladas en el sitio de los hechos, se puede inferir que el objetivo de los criminales era el señor Aponte”, dijo una fuente oficial.

Ese atentado criminal se suma a otro ocurrido el pasado 17 de marzo, en el que sicarios atacaron a Carlos Andrés Mantilla Soto, que curiosamente también es empleado de Emcartago, donde se desempeña como jefe de sistemas.

De esa manera son tres los trabajadores de Emcartago que sufrieron ataques sicariales en menos de dos meses, que ya dejan un muerto, dos heridos y decenas de empleados atemorizados.

Lo más sorprendente, es que esos atentados ocurren en medio del proceso de intervención que realizó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, desde el pasado 18 marzo, debido a malos manejos operativos y financieros.

El modus operandi de los delincuentes ha sido similar tanto en el ataque al jefe de sistemas, como en el reciente caso de los esposos Aponte Gallo: Sicarios motorizados, armados con pistolas y abordan a sus víctimas en sus casas.

En el caso del jefe de sistemas fallaron gracias a la oportuna reacción de un escolta que protege a su padre, Pedro Diego Mantilla. El señor Mantilla es persona protegida porque desde hace varios años hace parte del Comité Cívico de Amor por Cartago, donde denuncia hechos de corrupción política en esa ciudad y desde entonces ha sido objeto de amenazas.

Pese a la reacción del escolta, el joven Mantilla Soto fue alcanzado por cuatro impactos de bala en su cuerpo, que lo mantuvieron en cuidados intensivos en una clínica de la región; y aunque hoy se encuentra recuperado y fuera de peligro, está al cuidado de las autoridades y bajo estrictas medidas de seguridad.

En su momento el señor Pedro Mantilla, padre del jefe de sistemas, no dudó en relacionar el atentado con su actividad laboral, “porque mi hijo no se quiso prestar para muchas cosas de corrupción”, dijo a esta revista.

De hecho, la misma semana que fue atacado su hijo, Emcartago era objeto de visitas de control por parte de la Superservicios y un día después del atentado al jefe de sistemas de la empresa, se oficializó la intervención.

Aunque aún no se conoce el informe completo de la Superservicios sobre las razones puntuales que motivaron la toma de las riendas de Emcartago, se sabe que entre las irregularidades halladas figuran presuntas nóminas paralelas y supuestos empleados fantasmas a los que mensualmente les pagaban.

“Por un lado, la subgerencia administrativa presenta un documento con 25 personas (…), por el otro lado, dentro de la oficina técnica se presentó un documento con un total de 23 personas, y finalmente por el área de nómina se relacionan 54 personas (…)”, dice uno de los informes de la Superservicios, en poder de este medio.

Frente a esa grave situación las autoridades ya tomaron atenta nota y desde el ataque al jefe de sistemas, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que todo está relacionado con las supuestas irregularidades financieras que al parecer se presentan en Emcartago.

Cabe destacar que históricamente esa empresa de servicios públicos ha sido considerada como la ´caja menor´ de políticos corruptos y personas relacionadas con el narcotráfico. Hay que recordar que Cartago es considerado el epicentro o base de operaciones del extinto cartel del Norte del Valle y en ese municipio o sus alrededores, surgieron capos de la talla de Hernando Gómez Bustamante, alias ´Rasguño´; Diego Montoya Henao, alias ´don Diego´; Iván Urdinola Grajales, Ariel Rodríguez, alias ´el Diablo´, solo por citar algunos.

El propósito o interés con Emcartago siempre era el mismo: apropiarse del jugoso recurso que maneja la entidad, que solo este año se calcula en 71.000 millones de pesos, casi la misma cifra de todo el presupuesto del municipio que es de 95.000 millones; su planta de personal supera los 200 empleados.

Ese músculo financiero y burocrático sumado a que es una empresa descentralizada, la convierte en la ´joya de la corona´ para triangular todo el esquema de contratación pública y de paso evadir licitaciones; por ello la mayoría de las grandes obras de inversión en el municipio, pasan por Emcartago.

Pero quienes se atreven a denunciar supuestos hechos de corrupción se han topado abruptamente con la muerte; tal como le sucedió a Julio César Osorio, reconocido vocal de control de servicios públicos, y veedor de Emcartago baleado por sicarios en su propia casa en 2008.

Ese mismo año corrió igual suerte el abogado Olmedo Valencia, miembro de la junta directiva de Emcartago. Y cuatro años atrás otra pareja de esposos fue asesinada. Las víctimas de ese hecho fueron la señora Luz Marina Grisales, de 45 años de edad y su esposo el comerciante Luis Alfredo Villegas Hoyos. Grisales también era empleada de la empresa de servicios públicos; laboraba desde hacía 12 años en la sección redes de energía eléctrica, corte y reconexión. Ninguno de esos crímenes ha sido esclarecido y permanecen impunes.

De ahí que muchos empleados de Emcartago se atreven a afirmar que la sangre que está corriendo ahora es por cuenta de los ´negociados´ y “temen que tras la intervención de la Superservicios, se destape la olla podrida”. Las autoridades tienen la última palabra.