JUSTICIA
Exmagistrado Leonidas Bustos, en capilla
Aunque el expresidente de la Corte Suprema trata de enfrentar el escándalo pasando a la ofensiva, su situación cada minuto se complica. Amenazas, fotos y delaciones llegan al expediente del cartel de la toga.
"Le pregunté (al exmagistrado Camilo Tarquino) qué tenía que ver Bustos que era magistrado de la Corte Suprema con mi proceso en la Fiscalía, me respondió con una sonrisa de manera irónica que no me preocupara por eso, que ellos respondían y que Bustos tenía injerencia y poder suficiente para resolver mi tema. Él me explicó que había un grupo de magistrados en los que estaban Bustos y Ricaurte que se dedicaban a hacer este tipo de actividades, bien en la corte o en la Fiscalía. Luego, cuando le pregunté ¿pero bueno qué me toca hacer?, él me dijo que había que pagar la suma de 20.000 millones de pesos y que me olvidara de todos mis problemas. Casi me desmayo. Salí como a un balcón o terraza que tiene su apartamento, duré como 10 minutos tomando aire, me dio impotencia y rabia. Retorné y le dije que no tenía ese dinero”.
El anterior es uno de los apartes más cruciales de la confesión rendida por el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, desde Miami, el pasado 7 de septiembre a la Fiscalía. La escena descrita por Lyons ocurrió en el apartamento del exmagistrado Camilo Tarquino, hace cerca de dos años en Bogotá, y es uno de los elementos más relevantes en la investigación del llamado cartel de la toga, del que también hizo parte el ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, a quien el propio Lyons desenmascaró de la mano de la DEA en Miami. En la misma confesión Lyons explicó que antes de la reunión relatada ya había tenido un par de encuentros con Tarquino y que le había entregado 30 millones de pesos en efectivo solo para que este tuviera “para un café, unos almuerzos y para moverse”, a fin de que consultara en el nido de corruptela qué se podía hacer frente a su caso.
Por varias razones la reunión descrita en el apartamento de Tarquino es clave para el expediente que está sacudiendo al país. En primer lugar, porque se trata de una reunión verificable a través de medios técnicos y testigos. Y una vez establecida su veracidad, se tiene que allí salen a flote los nombres de los principales implicados y el modus operandi de lo que la Fiscalía llama la “organización criminal” que manipulaba decisiones judiciales a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Y a todo eso se añade que la versión encaja con las confesiones que viene haciendo el exfiscal Gustavo Moreno, no solo con su testimonio, sino aportando evidencia documental.
Como se sabe, el exgobernador Lyons llegó a un acuerdo de colaboración con la Justicia; el exmagistrado Camilo Tarquino tiene abierta una investigación que cursa en una Fiscalía delegada ante la corte; el exmagistrado Francisco Ricaurte fue detenido y enviado a la cárcel La Picota. Entretanto, el expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos rompió su silencio, desplegó una ofensiva y está aferrándose a su fuero para evitar afrontar la justicia ordinaria, que ya le pisa los talones.
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Bustos al ataque
Bustos sorprendió el lunes muy temprano. Después de meses de silencio absoluto, acudió a los estudios de Blu Radio y concedió una entrevista en la que rechazó la acusación de encabezar la organización criminal, dijo confiar en que su excompañero de toga Francisco Ricaurte logre probar su inocencia, se quejó por el proceder de la Fiscalía y lanzó dardos de alto nivel.
“Soy absolutamente inocente. Siempre fui probo y transparente”, aseguró. Admitió que tuvo una relación inicialmente académica y luego personal con Gustavo Moreno, pero negó tajantemente que fuera su “papá” y que hubiera cohonestado con él para pedir coimas. “Parece ser que este pedía plata a nombre mío, pero no lo puedo afirmar en este momento”, explicó. También negó ser el responsable del vertiginoso ascenso de Moreno –con 35 años, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía–. En cambio, insistió con dejar en el aire la pregunta de quién está detrás de la negociación de Moreno con la Justicia. Respecto al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo no haberle hecho “campaña” al tiempo que reconoció que tuvo varias cenas con él. Y para rechazar los cuestionamientos de que tiene varios familiares ubicados en la rama judicial, Bustos puso el espejo hacia el gobierno y la clase política: aseguró que el presidente Santos tuvo a su propio cuñado como embajador y que varios congresistas tienen a sus familiares en el servicio diplomático.
De su primer pronunciamiento se deduce que una de las estrategias del exmagistrado será restarles crédito a las delaciones de Moreno. Bustos considera que este decía la verdad dos meses atrás cuando afirmó ante el Tribunal Superior de Bogotá que estaba siendo presionado, y que miente ahora cuando está entregando información y documentos que podrían demoler su presunción de inocencia. El gran temor de Bustos es que Moreno logre documentar hechos irregulares que lo comprometan tras haber concluido su periodo como magistrado. Si eso ocurre, perdería el blindaje del fuero que ancla su caso a la paquidérmica Comisión de Acusación de la Cámara, y quedaría expuesto a la justicia ordinaria. Tal como ocurrió con Francisco Ricaurte.
Pero Bustos no solo desplegó su nueva estrategia frente a los micrófonos. También lo hizo en las instancias legales. Acompañado de su abogado Héctor Candamil, ha acudido a cada una de las diligencias reservadas que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Allí ya se han practicado más de 50 diligencias testimoniales, y se han ordenado un centenar de pruebas. Muchos de los testimonios han sido solicitados por la defensa del exmagistrado que pidió, por ejemplo, la comparecencia de los togados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, para que respondan extensos cuestionarios. Esta semana, también a solicitud de Bustos, rindió testimonio la secretaria de la Sala de Casación Penal de la corte, Nubia Yolanda Noboa, pero el tiro le salió por la culata al exmagistrado. La funcionaria trajo a cuento, entre sus respuestas, un episodio de corrupción que implicaría a Bustos, por lo que el representante Edward Rodríguez ordenó una compulsa para que se investigue el asunto.
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Por otra parte, el exmagistrado Bustos acudió al Consejo Superior de la Judicatura y formuló queja formal contra el fiscal Jaime Camacho Flórez, pues considera que este usó expresiones injuriosas que enlodaron su nombre cuando realizó la audiencia de imputación contra Francisco Ricaurte. Pero lo que acontezca en la Comisión de Acusación y en la Judicatura es, si acaso, el problema menor de José Leonidas Bustos.
La verdad es que la suerte del exmagistrado está atada a lo que diga Gustavo Moreno y a los archivos que este viene auscultando, desde el búnker de la Fiscalía; mañana muy probablemente desde una guarnición militar adonde ha pedido ir para seguir colaborando en condiciones de seguridad.
El ex fiscal anticorrupción pasó buena parte de la semana definiendo, junto a su abogado, Pedro Enrique Aguilar, lo que será la matriz de colaboración y en diligencias de delación. A lo largo de los días corrieron muchos rumores sobre los alcances de sus confesiones. Trascendió, por ejemplo, que había echado al agua a 21 congresistas. Eso no es exacto. Está documentado que como litigante Moreno llegó a ser abogado defensor de 21 aforados ante la Corte Suprema, pero eso no significa que todos esos casos estuvieran envenenados. De hecho, Moreno está señalando otros casos torcidos en los que nunca participó como abogado. La confusión provocó que el mismo Moreno rindiera una declaración en la que dijo que ni Zulema Jattin, ni Luis Alfredo Ramos ni Hernando Padaui “me solicitaron o intentaron influencia ante la Corte Suprema de Justicia a través mío”. Pero Moreno sí ha incriminando –amplia y detalladamente– a otros personajes. Leonidas Bustos es uno de los principales, pero no el único.
El exfiscal ha dado cuenta de una relación estrechísima con Bustos. Sostiene que la intimidad era tal que el exmagistrado le confiaba hasta sus peores pecados. Moreno está desempolvando archivos en los que guarda fotos, e-mails, chats y agendas con las que puede reconstruir viajes, negocios y hasta parrandas con Bustos y su familia. Así mismo, respecto a los exmagistrados Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino y al suspendido magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo.
Con relación a Bustos ha dicho que frecuentaba su lujosa oficina y su residencia, ubicada primero en el barrio El Salitre y luego en el barrio La Cabrera, al norte de Bogotá. Ha relatado transacciones de vehículos (además del famoso BMW, una camioneta Dodge Journey). También señaló viajes a Miami, Cartagena y Panamá. Moreno contó que, en vísperas de asumir el cargo como fiscal anticorrupción, al cerrar la oficina que compartía con Ricaurte y la exmagistrada Ruth Marina Díaz, le entregó algunos de los procesos que llevaba a Bustos. Y relató que la fastuosa oficina de Bustos, en un sector exclusivo de Bogotá, era punto de encuentro de este con magistrados activos, pero que al estallar el escándalo fue cerrada súbitamente. Uno de los filones más interesantes del relato de Moreno, y que enlaza la cercanía entre él y Bustos, tiene que ver con el viaje que hicieron a Ciudad de Panamá (cuyo registro fotográfico fue revelado por Daniel Coronell), donde hubo hasta paseo en yate. Sobre el asunto Moreno continuará ahondando en los próximos días.
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¿Precandidatura como pago?
Moreno tiene también muchas historias y viajes con Francisco Ricaurte y el magistrado Gustavo Malo. Al respecto señaló que estuvo varias veces en el apartamento de Ricaurte ubicado en el edificio Saturno sobre la carrera 7 con 83. Y dentro de los itinerarios que compartieron señaló –aportando registros de los tiquetes aéreos–: San Andrés, Cali, Buenaventura, Cartagena (en repetidas ocasiones), Valledupar, Medellín y Garagoa, en Boyacá, donde Ricaurte tiene una finca que fue el lugar elegido para celebrar su cumpleaños (foto).
Moreno ha dado cuenta también de “honorarios” divididos con Ricaurte y de negocios turbios de los que supuestamente tenía conocimiento el magistrado Malo. La Fiscalía indaga si tiene relación con el intercambio de coimas la aspiración política que tuvo Pacho Ricaurte, quien, a pesar de no tener ni vena ni trayectoria política, fue impulsado por el Partido Conservador nada menos que como precandidato a la Presidencia (foto). El abogado Álvaro Luna, defensor de Ricaurte, le dijo a SEMANA que probará la inocencia del exmagistrado y que sus propiedades no son más que un apartamento, dos vehículos y una cuenta de ahorros en Bank of America con 16.000 dólares.
Con relación al exmagistrado Camilo Tarquino, Moreno ha señalado que lo conoce hace varios años y que, para tratar los asuntos delicados, frecuentaba su domicilio en el barrio Santa Ana, uno de los más exclusivos de la capital. Moreno reseñó la cercanía con este jurista aportando fotos y documentando un viaje que realizaron a comienzos de 2013 a Los Ángeles, California. El exfiscal sostiene que con Tarquino “asistíamos a reuniones en el apartamento del doctor Bustos, junto con otros magistrados”.
Aunque de forma menos estruendosa, las delaciones de Gustavo Moreno también han tenido efectos concretos en varios despachos del búnker. La semana pasada salió de su cargo como fiscal delegado ante la corte Alfredo Betín Sierra. Y esta semana fue el turno para la fiscal Mabel Parra, quien dirigía un despacho homólogo. Ambos resultaron salpicados y es de público conocimiento su cercanía con el magistrado Bustos. La cúpula de la Fiscalía también está analizando con lupa las actuaciones de otros alfiles de Bustos y Ricaurte con cargos en otros niveles del ente acusador, e incluso en entidades ajenas a la rama judicial como Fonade.
Al cierre de esta edición, el senador Musa Besaile –otro blanco de las primeras confesiones de Moreno– cumplía cinco días prófugo de la Justicia. Su abogado, Julián Quintana, dijo, inicialmente, que el parlamentario estaba enfermo, luego señaló que estaba adelantando “negociaciones” para su entrega con la corte, y tras ser desmentido por el máximo tribunal trascendió que Besaile otorgó poder a otro abogado en el extranjero para insistir en que es una víctima. El paradero del político es un misterio y los rumores van desde que se voló a Líbano, en Oriente Medio, hasta que está en su pueblo, Sahagún, en el departamento de Córdoba.
A medida que Moreno avanza en su confesión la temperatura sube (ver amenaza). El círculo que envuelve el llamado cartel de la toga se está estrechando. Sin lugar a dudas, la semana entrante habrá nuevas revelaciones, no solo porque Moreno irá a la Corte Suprema para profundizar en cada uno de los casos de magistrados y exmagistrados, sino porque la Justicia se apresta a tomar importantes decisiones.
Una llamada intimidante
El abogado del exfiscal Gustavo Moreno recibió una llamada amenazante que quedó grabada.
El penalista Pedro Enrique Aguilar León visitó en prisión tres veces a Gustavo Moreno antes de asumir su defensa. En las reuniones el abogado dijo que asumiría la defensa solo si la línea de estrategia era la de confesar, documentar las delaciones y poner sobre la mesa todo a cambio de un favorecimiento judicial. A la salida de la segunda visita Aguilar recibió una llamada amenazante que grabó y puso en conocimiento de la Fiscalía. El individuo que se comunicó le dijo que tenía una deuda con él, que sabía quién era, de su esposa y sus hijos, y que le haría una visita… A pesar de que por más de 20 años Aguilar ha llevado casos de envergadura, nunca había recibido una llamada de este calibre.
(…)
Pedro Enrique Aguilar: ¿Quién es usted?
Hombre:
JP.E.A.: No, identifíquese
H.: José Fabio
P.E.A.: ¿quién?
H.: ¿No sabes, pues, quién es José Fabio?
P.E.A.: No tengo idea, yo no hago tratos con nadie, yo tengo plata no le pido plata prestada a nadie…
H.: José Fabio, el que le pegó un tiro en el labio (risas)