La mala hora de Suma, el operador del transporte público zonal en Ciudad Bolívar y Soacha no cesa. SEMANA dio a conocer este martes que el concesionario se declaró en quiebra por el multimillonario hueco financiero del sistema de transporte. Como si fuera poco, este jueves, la Fiscalía reveló otra crisis internerna. Uno de los socios, al parecer, estaba extorsionando a los demás ejecutivos de la firma para no poner en evidencia las supuestas irregularidades en contratos.
Por eso, miembros del CTI de la Fiscalía y del Gaula Militar de Cundinamarca llegaron hasta la casa de José Luis Poveda, un socio minoritario de Suma, ubicada en el barrio Las Ferias, al occidente de Bogotá. Allí le comunicaron que harían efectiva una orden de captura en su contra por el delito de extorsión, pero la reacción del sospechoso, que en ese momento intentaba parquear su carro en el garage de la vivienda, fue acelerar, y en la huída atropelló a uno de los agentes.
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Los investigadores lo encontraron minutos después en un CAI de la zona. Allí, Poveda explicó que se creyó víctima de un robo y por eso había emprendido el escape. Finalmente, se ejecutó su captura y fue trasladado ante un juez de garantías, donde se puso en evidencia el supuesto caso de extrosión.
Los testimonios recogidos por la Fiscalía indican que al final de una reunión, Poveda habría amenazado a los otros socios con divulgar unas supuestas irregularidades en los contratos de la compra del combustible para los buses. Al parecer, les pedía 6.000 millones de pesos a cambio de su silencio.
Las víctimas denunciaron la situación y las autoridades intervinieron las comunicaciones. Entonces, dice el ente investigador, se pudo constatar que, vía telefónica, el sospechoso les pedía esa suma, que tras una negociación, quedó fijada en 4.000 millones de pesos que serían pagados en cuotas.
Para consolidar la investigación, las víctimas accedieron a pagar los primeros 100 millones, en dos cheques, cada uno por la mitad de ese valor. Con la evidencia del pago, el CTI y el Gaula del Ejército ejecutaron la captura del hombre que ahora está preso en la cárcel La Modelo de Bogotá.
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Esa presunta extorsión se agregaba a la profunda crisis financiera que, como los otros siete operadores del SITP, atraviesa Suma. Las deudas de los concesionarios con los bancos y los proveedores rondan los 2,75 billones de pesos y ya han manifestado que si el panorama sigue así, tendrán que suspender el servicio. Lo que detonaría el caos en la movilidad de la ciudad.
