Crisis en Corabastos: Supersociedades no da su brazo a torcer y ratifica orden sobre claridad de Estados Financieros

Un nuevo episodio de la dura polémica entre la Superintendencia de Sociedades y los directivos a cargo de la central de alimentos más grande e importante del país, se produjo en las últimas horas, en medio de un tira y afloje que ya completa cerca de un mes, desde que las autoridades regulatorias dieron un ultimátum.

El ente de control le respondió una comunicación a las directivas de la Central, en la que deja claro que no hay ninguna posibilidad de echar atrás la orden de incluir el polémico contrato de malla vial dentro de los Estados Financieros, pues necesita evaluar, si, tal como lo afirman los comerciantes organizados, causaría un impacto financiero tan grande en las cuentas de Corabastos, que podría situarla en causal de disolución.

Aunque en varias ocasiones, la entidad le ha ordenado de manera perentoria al gerente y la junta directiva que incluyan ese acuerdo comercial dentro de los Estados Financieros para hacer la respectiva evaluación, los administradores de Corabastos han desobedecido tanto la decisión como los plazos que les dieron.

La primera ocasión fue en mayo de 2022, cuando la Supersociedades le dio plazo hasta diciembre pasado a la central de alimentos para incluir el contrato de malla vial, pero no obtuvo respuesta; los administradores interpusieron varios recursos que fueron negados por el ente de control que expidió un ultimátum.

Sucedió a principios de este año, cuando le dio cinco días hábiles a los administradores para obedecer, pero el gerente, en entrevista con SEMANA, y en una actitud que algunos expertos consideraron en su momento como desafiante, aseguró que sí iba a obedecer la orden, pero que necesitaba más tiempo para hacerlo.

Luego de ese episodio, de nuevo la superintendencia conminó, esta vez al representante legal suplente, para que en un plazo de 15 días hábiles entregue todo el acervo documental del cruce de comunicaciones que permita comprobar que, efectivamente, han adelantado la gestión que se les ordenó.

En respuesta, ese funcionario envió una carta a la entidad en la que la comunica que sólo tienen la posibilidad de obedecer la orden de incluir el contrato de malla vial en los Estados Financieros el 31 de marzo, fecha en la que esperan terminar un plan de trabajo conjunto con la revisoría fiscal.

SEMANA tuvo acceso al documento en el que Juan José Ramírez, en calidad de representante legal suplente, le “solicito respetuosamente ampliar el plazo otorgado a CORABASTOS para el reconocimiento de la malla vial, hasta el 31 de marzo de 2023, fecha en la cual se dará cumplimiento a la orden impartida”.

Para ello, reseña que las directivas de la central tuvieron una reunión con la firma Crowe, responsable de la revisoría fiscal, que en la expedición de los Estados Financieros hizo una aprobación con salvedad, precisamente, por el espinoso contrato de malla vial.

Concluyeron, por un lado, que “las preocupaciones financieras/fiscales de CORABASTOS, así como las jurídicas y técnicas, se encuentran fundadas y no son meramente dilatorias, en tanto los administradores de CORABASTOS están observando el principio de diligencia debida”, lo cual significaría que reconocen la grave situación en que se encuentran.

Por el otro, aseguran que “el procedimiento para el reconocimiento de la malla vial conlleva reconstrucción, determinación del valor, entre otros aspectos relevantes; no siendo 3 meses desde la ejecutoria del acto administrativo, un término suficiente para el cumplimiento de la orden de reconocimiento al 31 de diciembre de 2022″; es decir que, tal como lo dijo el gerente, Javier Salcedo, no tienen forma de obedecer la orden perentoria de la Supersociedades.

De hecho, el documento que adjuntó representante legal de Corabastos prevé que el 5 de febrero comenzaría la conformación del equipo de trabajo para analizar la grave situación; así mismo se espera, para el 27 de este mes, “elaborar el soporte utilizado para determinar el precio de la malla vial, la medición del pasivo, y demás componentes” y el 30 de marzo la fecha para “elaborar y presentar los estados financieros reexpresados hasta 31 de diciembre de 2022, para presentarlos para aprobación a la Asamblea”, de manera que al día siguiente, tres meses después de lo exigido por la Supersociedades, obedecerían la orden impartida.

Expertos consultados por SEMANA aseguran que la carta enviada por Corabastos al ente regulador podría ser considerada como una nueva maniobra dilatoria para tratar de evitar multas y remoción de cargos de los directivos, pues, según dicen, si en enero pudieron elaborar esa hoja de ruta, lo podrían haber hecho muchos meses atrás cuando recibieron la primera y perentoria orden de la Superintendencia de Sociedades. De hecho, aseguran que los administradores de la central de alimentos no pueden pedir plazos sobre una orden vencida, y en la que el ente de control ha sido tan insistente al exigir su cumplimiento.

Y en ese sentido se pronunció en las últimas horas el ente regulador, que a través de una comunicación oficial les respondió la carta radicada en la que proponen una hoja de ruta para obedecer la orden. La Supersociedades es clara en advertirles que esa propuesta no resuelve de fondo lo que ha requerido, porque se trata de una orden vencida, cuyo cumplimiento no está en discusión.

”Es importante precisar que, la solicitud que nos ocupa hace referencia a un asunto que no guarda identidad con la orden impartida, la cual consiste en presentar Estados Financieros de Periodos intermedios con corte a 30 de junio de 2022, debidamente suscritos por el representante legal y contador, acompañados del (los) comprobante (s) de contabilidad donde se evidencie el reconocimiento de la malla vial y todos los efectos contables derivados de dicho reconocimiento”, asegura la carta firmada por Camilo Franco, director de Supervisión Empresarial.

Es decir, les explica a los administradores que lo que proponen no tiene nada que ver con la orden impartida, vencida, y sobre la cual ya hay un ultimátum. Sin embargo, la entidad les brinda el plazo pedido para el 31 de marzo, con la intención de evaluar si están avanzando en el proceso de cumplimiento de lo ordenado.

“Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta que la solicitud que se formula involucra el cumplimiento de la orden impartida, dado que los Estados Financieros de fin de ejercicio requeridos deben comprender el reconocimiento de la malla vial, se accede a la petición con el fin de evaluar el cumplimiento de la orden de “efectuar el reconocimiento contable de la malla vial objeto del Contrato de Concesión 070 de 2005″, asegura la misiva.

La carta de la Supesociedades es tan clara, que deja sin piso la afirmación del gerente, Javier Salcedo, quien en entrevista con SEMANA, aseguró que el ultimátum que habían recibido era para transcribir unas actas de las asambleas. “Yo quiero aclarar que eso que llegó de la Super es un tema de cinco días para entregar unas actas de dos asambleas que ocurrieron el año inmediatamente anterior, eso es lo que nos están pidiendo y nos dieron cinco días”, aseguró en su momento el funcionario.

El episodio se produce justo en medio de la revelación de las espinosas denuncias que ha hecho el comercio organizado, en torno a supuestos malos manejos en los millonarios contratos de aseo y vigilancia, y en la expedición de comparendos que se cobran en efectivo y sin derecho a descargos por parte de la administración de Corabastos.