¿La Guajira, departamento fallido?

La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales; también a la ciudadanía y a los indígenas”. Con esa frase el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dio a conocer en una rueda de prensa los primeros resultados de las investigaciones que viene adelantando. Sus palabras pusieron en evidencia la vergonzosa crisis generalizada de ese departamento y sembraron serias dudas sobre el futuro de una de las regiones más ricas del país.

Tras dos meses de trabajo, los investigadores hallaron irregularidades en contratos de áreas sensibles como la educación y la salud, en la construcción de acueductos, colegios y otras obras civiles, así como en la atención a la primera infancia. La Fiscalía imputó cargos a 41 personas y avanza para acusar a otras 11. Unas 20 personas fueron capturadas a lo largo de la semana.

Las denuncias de Martínez se suman y corroboran las que también había hecho semanas atrás el gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez, al advertir que había descubierto casos graves de corrupción y había iniciado una dura cruzada para tratar de depurar el departamento. Esto incluso le acarreó amenazas de muerte, un plan para asesinarlo descubierto por la Fiscalía, y un proceso ante la Asamblea Departamental para obligarlo a hacerse un examen psiquiátrico.

La Fiscalía enfocó sus pesquisas en forma preponderante en la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), uno de los aspectos más aberrantes pues hasta el miércoles de la semana pasada 62 menores de edad habían muerto por causas asociadas a la desnutrición. Los investigadores encontraron, en varios contratos, facturas falsas o gastos ficticios, entre otras maniobras, para apropiarse de esos recursos

Aunque todos se preguntan cómo La Guajira llegó a semejante crisis y por qué no se había hecho nada antes, lo cierto es que no es fácil responder. Unos han dicho que el berenjenal en el que se encuentra se debe, en parte, al antiguo y complejo sistema de clanes familiares. Más del 60 por ciento de los habitantes son wayúu, y, a pesar de formar parte de un mismo pueblo, cada ranchería o cada clan es sumamente individualista.

Las regalías

Lo cierto es que esas rivalidades empezaron a hacerse más grandes y complejas con la riqueza que empezó a llegar a chorros gracias a las regalías, servidumbres y pagos que empezaron a generar el carbón, el gas y el antiguo salitre de Manaure. Esa plata, que debía llegar directamente a las comunidades, terminó en pocas manos. Hoy, en municipios como Uribia y el mismo Manaure, más del 70 por ciento de la población ni siquiera tiene las necesidades básicas resueltas.

Ese manejo de clanes para apoderarse de los beneficios de todos para unos pocos terminó replicado en el poder local y departamental a partir de la elección popular de alcaldes y gobernadores. En los últimos 25 años dos clanes políticos, encabezados por Jorge Ballesteros Bernier y su primo Jorge Pérez Bernier, han controlado el poder regional y local, y, por supuesto, el manejo de las regalías y presupuestos.

El monopolio del poder político se replicó en lo local, donde también llegan grandes presupuestos. Cielo Redondo ha mantenido, en cabeza propia o a través de su hijo y de varios subalternos, la Alcaldía de Uribia en los últimos cinco periodos. La familia Freyle ha controlado Manaure en las últimas cuatro alcaldías. La recién salida gobernadora Oneida Pinto fue alcadesa de Albania, en donde la sucedió su escolta, y ahora su exesposo ocupa ese cargo. Y el exgobernador Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, hoy procesado por tres homicidios y presuntos nexos con paramilitares, sentó su poder en Barrancas de la mano de la familia Ballesteros antes de llegar a manejar el departamento en Riohacha.

Un experto conocedor del tema que pidió reserva sostiene que estas prácticas no se deben a la tradición wayúu, sino a que se ha consolidado una elite política que concibe lo público como un botín para enriquecerse y mantener a sus clientelas, que a su vez se han acostumbrado a recibir bienes públicos como si fueran regalos o favores políticos. Explica, sin embargo, que nada de eso ha surgido a espaldas de las elites nacionales, e incluso sostiene que los gobiernos nacionales y los partidos políticos han alimentado históricamente este sistema excluyente y clientelista al transar con los caudillos de la península.

La Guajira ha recibido, según Planeación Nacional, alrededor de 6 billones de pesos en regalías y según el Sicodis, desde 2002, más de 7,2 billones de pesos por el Sistema General de Participaciones. De estos, 3,8 billones fueron destinados a educación, 1,8 billones para salud y 382.300 millones de pesos para agua potable. Pero como ha quedado en evidencia en los últimos años por el drama humanitario de la región, esos recursos se perdieron. Esa es la madeja que el gobierno nacional está tratando desenredar para cambiarle la historia a ese departamento.

Cambiar para seguir igual

Pese a este panorama, todo indica que en las elecciones atípicas del próximo 6 de noviembre para elegir al nuevo gobernador todo seguirá en manos de los dos grupos que desde hace 25 años controlan ese departamento: Nueva Guajira, de la familia Pérez, y La Gran Alianza, de los Ballesteros.

En campaña hay tres candidatos. El primero y más opcionado es Wílmer González, quien fue candidato en las elecciones atípicas de 2014. González logró unir en torno a su candidatura a la Nueva Fuerza Guajira, representada en Alfredo Deluque, del Partido de la U, los conservadores y el clan de los Ballesteros.

El segundo aspirante es Norberto ‘Tico’ Gómez, quien fue candidato a la Alcaldía de Uribia en las pasadas elecciones. Lo apoyan Kiko Gómez, la exgobernadora Oneida Pinto y el rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles, quien se ha convertido en una de las fuerzas políticas más sólidas luego de que logró elegir al actual alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira.

Y el tercer candidato es Luis Gómez Pimienta, exalcalde de Riohacha por el M-19, quien ya ha aspirado en varias elecciones sin respaldo de los clanes. Todo indica, salvo que haya una sorpresa similar a la del No, que el nuevo gobernador será uno de sus adversarios.

Sin embargo, sin importar quién gane las elecciones, el gobernador encargado Vélez está diseñando una nueva arquitectura que permita, por lo menos, cambiar el nefasto manejo de los recursos públicos. Va a dejar en funcionamiento manuales y programas de planeación, contratación y ejecución de políticas, recursos que el nuevo mandatario deberá adoptar y seguir de forma obligatoria. Este paquete estará acompañado de un programa que permita hacerle seguimiento a cualquier decisión o contrato. “Pero lo que más se requiere es un cambio cultural. Veo que hay unas nuevas generaciones, educadas en Bogotá y otras ciudades, que tienen ganas de sacar adelante a La Guajira y quieren un cambio. También se requiere otra forma para que las comunidades indígenas participen de las decisiones”, dijo Vélez.

Un reconocido investigador de la región dijo que para combatir la crisis se requiere, primero, que el gobierno nacional y los partidos rompan lazos con la elite actual, y segundo, construir un diálogo con la ciudadanía, con los movimientos sociales, los indígenas, afros y campesinos. De allí deben salir las soluciones, pues “es la única forma de romper el círculo vicioso entre políticos y clientela”.

Es claro que La Guajira está a punto de fracasar como departamento, pues no se entiende que a pesar de su riqueza, el 65 por ciento de los 957.000 habitantes no tienen las necesidades básicas resueltas y el 52 por ciento son pobres, un nivel muy elevado si se tiene en cuenta que el promedio nacional es de 28 por ciento. Si no hay un cambio profundo, la pobreza, la miseria, la sed, el hambre, la desnutrición y la corrupción seguirán dominando ese rico departamento.