Delincuencia: el efecto colateral de la migración venezolana

Otro coletazo de la diáspora venezolana tiene que ver con el impacto del fenómeno frente a la seguridad ciudadana. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ya encendió las alarmas a través de una carta dirigida a la Canciller María Ángela Holguín en la cual se expone un panorama abrumador. El tema es delicado por dónde se le mire.

Visto a la ligera se corre el riesgo de contribuir a estigmatizar a víctimas que no han tenido más opción que huir para sobrevivir. Pero tampoco es conveniente ignorar el problema, menos aun cuando registra un crecimiento vertiginoso, y a los colombianos les preocupa la delincuencia por encima de muchos otros problemas.

De acuerdo a las cifras consolidadas por la Fiscalía, entre el 1 de enero de 2017 y el 5 de febrero de 2018 las autoridades capturaron en flagrancia a 1.869 venezolanos. Si se compara enero del año pasado (78 capturas) con enero de 2018 (256), el número de venezolanos en el delito ha crecido en 228 por ciento.

Esta tendencia al alza –señala la Fiscalía– se viene presentando desde el mes de agostó así:

Los venezolanos cometen sobre todo robos, con 801 capturas, y les siguen el tráfico de estupefacientes (281), las lesiones personales (129), contrabando de hidrocarburos como la gasolina (123), fabricación y porte de armas de fuego (120) y receptación o compra de artículos robados (53). Ese paquete de conductas ilegales más cometidas son, precisamente, los delitos típicamente asociados con el deterioro de la seguridad urbana. El informe de la Fiscalía también registran 42 detenciones en flagrancia contra venezolanos por el delito de homicidio.

El impacto de esos delitos se siente sobre todo en las zonas de Colombia fronterizas con Venezuela, pero no solo allí, llama la atención que el centro del país ya registra la segunda posición en el mapa de afectación. Así, el departamento más afectado es Norte de Santander donde en el último año se han registrado 643 capturas de ciudadanos del vecino país, le siguen Bogotá (198 capturas), La Guajira (148) y Santander (140).

La Fiscalía también señaló dos problemas protuberantes que surgen al tratar de judicializar a los venezolanos que infringen la ley. Por un lado está el lío de lograr su plena identificación “pues los documentos expedidos en la frontera (Tarjeta de Movilidad Fronteriza, solicitada a través de la página web de Migración Colombia) no goza de mecanismos para lograr una individualización”. El asunto se agrava aún más porque no se cuenta con canales de comunicación con las autoridades del otro lado de la frontera.

Por otra parte, las autoridades se encuentran reiteradamente con que resulta toda una odisea tratar de deportar a aquellos venezolanos que incurren en conductas ilegales que no dan para ir a la cárcel. Migración carece de personal en las oficinas regionales “lo que impide llevar a cabo procesos de deportación expeditos frente a los extranjeros capturados en flagrancia, en el evento de que las causas que los comprometen no den lugar a medidas de aseguramiento”, argumentó el fiscal Martínez quien además señaló que también se adolece de albergues transitorios que podrían ser un lugar de permanencia mientras que se surten los lentos trámites administrativos de deportación.

Que los dos principales problemas que impiden la pronta y eficaz judicialización de los venezolanos en Colombia estén relacionados con Migración Colombia explica por qué el fiscal general le dirigió la carta a la canciller Holguín, máxima responsable de esa oficina estatal. La tendencia en alza de venezolanos que delinquen y las dificultades de las autoridades para judicializarlos ameritan que el gobierno y la Rama Judicial formulen una nueva estrategia antes que la seguridad se deteriore más.

Lo más complejo es que se requiere alcanzar rápidamente una formula que resulte eficaz pero que al mismo tiempo no agite el rechazo ni recorte la solidaridad de los nacionales frente a los venezolanos en serios apuros. En palabras del Fiscal Martínez: “Es inaplazable considerar políticas que prevengan que los migrantes apelen al delito como una alternativa de vida, de cara al drama humanitario que experimentan y en cuya atención Colombia está comprometida”.