Indígenas, bajo fuego

En los primeros días de julio circuló en la zona rural de Sampués (Sucre) un panfleto firmado por una agrupación denominada la ‘Mano Negra’, que decía: “Llegó la hora de la limpieza social (...) esta vez acabaremos con las ratas que se dicen llamar líderes de las comunidades indígenas y no son más que unas ratas de alcantarilla que se aprovechan de todos los recursos q manda el gobierno. Esperamos que ballan comprando su atahud con el dinero que se están robando” (sic).

El anuncio causó zozobra entre los indígenas de este municipio, que pertenecen al Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú. A los pocos días, estos temores aumentaron cuando apareció un segundo panfleto de un supuesto comando central de limpieza en el que amenazaban de muerte, entre otras personas, a “aquellos que aprovechan el ser llamados líderes sociales para lavar el cerebro a sus seguidores con concepciones absurdas de control territorial y ancestral”.

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Estos panfletos que amenzan de muerte a los indígenas de la zona rural de Sampués, Sucre, encendieron las alarmas de la comunidad zenú.

Nadie sabe a ciencia cierta quiénes son la Mano Negra o el comando central de limpieza. Pero líderes indígenas y pobladores de la región creen que tras esas amenazas están los Caparrapos, las disidencias de las FARC, las Autodefensas Gaitanistas o terratenientes que se escudan en pequeñas bandas delincuenciales para obligar a los indígenas a salir de las tierras que han recuperado. “Nosotros habitamos un lugar estratégico para los ilegales, y allí hay muchos intereses económicos. Por supuesto, nosotros somos un estorbo con nuestros procesos organizativos”, dice Ferney Hernández, cacique zenú en Sampués.

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Los panfletos contra los zenú no representan un caso aislado. Este fenómeno se ha convertido en el pan diario de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan el territorio nacional. Y a su vez forman parte de un fenómeno que cada vez preocupa más: el aumento de la violencia contra esta población desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016. En todo el país, la mayoría de los resguardos han sufrido amenazas, desplazamiento forzado, confinamientos o asesinatos, abusos sexuales o torturas de algunos de sus miembros.

Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Onic, considera que en la nueva lógica del conflicto, los indígenas son un estorbo para los intereses de los grupos ilegales.

Para ellos, los acuerdos con las Farc, lejos de representar la paz en sus territorios, se convirtió en el inicio de una nueva oleada de violencia. Como explica Luis Fernando Arias, indígena kankuamo y consejero mayor de la Organización Nacional Indígena (Onic), “los pueblos ancestrales siempre han sido una de las mayores víctimas del conflicto armado en el país, pero creímos que con el proceso de La Habana nuestra situación iba a mejorar, solo que ahora vemos que las violaciones a nuestros derechos aumentaron de forma exponencial”.

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Según cifras de la Onic, desde noviembre de 2016 hasta el 10 de agosto de 2019, 158 líderes y lideresas indígenas han sido asesinados, 94 durante el gobierno de Iván Duque. Sin contar que durante los dos últimos años y medio ha habido 37.533 hechos victimizantes (amenazas, desplazamiento forzado, homicidios, secuestros…) contra estas comunidades.

La magnitud de ese aumento se observa con claridad al analizar algunos indicadores entre 2014 y 2018. Las amenazas individuales o colectivas pasaron de 21 en 2014 a 133 en 2018. Los asesinatos aumentaron de 12 a 48. Y en 2018, 4.281 indígenas salieron desplazados frente a los 2.868 de 2014.

Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, ha asegurado su compromiso con los indígenas

Si con la desmovilización de las Farc iba a reducirse la violencia, ¿por qué se ha incrementado en las comunidades indígenas? Este fenómeno tiene que ver con la disputa que los grupos armados irregulares han emprendido para copar los territorios que antes dominaba la antigua guerrilla. Lugares en su mayoría estratégicos para actividades ilegales como el narcotráfico. Como han repetido analistas e investigadores, el nuevo ciclo de violencia desde la firma de los acuerdos se debe a que el Estado colombiano no hizo una presencia efectiva en los lugares donde esta guerrilla dominaba.

En ese sentido se expresó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez: “El problema de los territorios donde están las comunidades indígenas es el narcotráfico y la disputa por el control territorial entre grupos armados organizados ilegales, para garantizar el dominio de los circuitos de ilegalidad.

Sin embargo, varias particularidades explican por qué los indígenas han sido golpeados por este ciclo de violencia. Una de ellas tiene que ver con el cambio de lógica del conflicto que ha tenido lugar entre las negociaciones con los paramilitares a mediados de la década de 2000 y la desmovilización de las Farc. Ambas estructuras amenazaron, mataron y desplazaron masivamente indígenas. Pero en algunas ocasiones los líderes indígenas pudieron entablar diálogos con estos grupos para que los mantuvieran por fuera del conflicto, peticiones que en algunas ocasiones obtuvieron. Pero ahora, explica Arias, estas organizaciones criminales no cuentan con una jerarquía centralizada ni con una visión política que permita, por lo menos, hablar con sus mandos y exigirles “respetar nuestra autonomía y mantenernos por fuera del conflicto; estos grupos son básicamente delincuencia con los que es imposible hablar y a los que no les importa exterminarnos”, dice.

Por otra parte, Aída Quilcué, lideresa del pueblo nasa e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) explica que la creciente violación de los derechos a estas comunidades se debe a que muchas habitan sitios neurálgicos donde confluyen intereses económicos de todo tipo y sirven de importantes corredores estratégicos para actividades ilegales. Arias concuerda con esa opinión: “si superpusiéramos un mapa que muestre en dónde se están presentando los asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados, con otro que muestre la minería ilegal y los lugares estratégicos para los actores armados irregulares, se vería cómo coinciden perfectamente”.

Un repaso por varios puntos geográficos del país justifica las apreciaciones de estos líderes indígenas. En el Catatumbo, el ELN, el Clan del Golfo, Los Pelusos y las disidencias de las Farc libran una guerra por el dominio territorial para controlar, entre otras cosas, la ruta del comercio de coca hacia Venezuela. Allá alguien ha asesinado a varios miembros pertenecientes al pueblo barí y sus resguardos han sufrido incursiones armadas que han dejado casas y cultivos incinerados.

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Los yukpa habitan la serranía del Perijá. Les preocupa que el ELN se esté expandiendo por su territorio.

A pocos kilómetros, en la serranía del Perijá, la comunidad yukpa (que ha tenido un histórico conflicto con campesinos y terratenientes por las tierras) ven con preocupación el aumento de las amenazas y la llegada del ELN y otros grupos armados ilegales.

En el Caribe colombiano, la violencia contra los indígenas se ha concentrado en dos puntos: los Montes de María (entre Sucre y Bolívar) y la región de Tierra Alta, en el sur de Córdoba. Esos corredores históricamente han servido para conectar el nororiente del país con el nudo de Paramillo, el golfo de Urabá y el Pacífico, y los usan principalmente los narcotraficantes. Allí se asientan, sobre todo, las comunidades zenú y embera, que han sufrido en los últimos años desplazamientos forzados, amenazas y asesinatos (véase recuadro).

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Una situación similar viven el sur y el suroriente del país. En Putumayo y Nariño, los awá han experimentado las consecuencias de la expansión de las disidencias de las Farc y de otros grupos (recuadro). En lugares como Caquetá y Guaviare los asesinatos o las amenazas contra de indígenas no representan un grave problema, pero la Onic, las Naciones Unidas y otras ONG están preocupadas por los efectos de la presencia de las disidencias de las Farc y el auge de las economía ilegales. Allí los cultivos de coca, la deforestación y los enfrentamientos entre grupos irregulares han obligado, por ejemplo a los nukak, a huir a cascos urbanos para vivir en la indigencia.

Mención especial merece la situación del norte del Cauca, en donde, entre noviembre de 2016 y el 10 de agosto de 2019, se presentaron 244 amenazas y 68 homicidios, 47 de estos últimos durante el primer año de la administración Duque. Según Quincué, la dramática situación se debe en parte a que esta región ha sido un sitio estratégico para todo tipo de economías ilegales y al apetito que ciertos sectores tienen sobre la tierra. Pero también a los intentos por acabar con el Cric, la asociación indígena con mayor experiencia organizativa del país. Y de paso, con la autonomía que han construido en sus territorios. “A los violentos y otros sectores del país nuestra autonomía no les conviene; por eso han recrudecido la persecución contra nosostros”.

Pero lo que sucede en el norte del Cauca es parte del problema que padecen los más de 200 resguardos indígenas del pacífico colombiano, desde el tapón del Darién hasta la frontera colombo-ecuatoriana. Ese corredor se ha convertido en uno de los lugares más violentos del país por la minería ilegal, el narcotráfico, las disputas territoriales entre los grupos armados irregulares, la ausencia del Estado y la pobreza de sus habitantes. Muchos de sus pobladores lo han expresado: “la paz nunca ha llegado allí; al contrario, la violencia ha aumentado”.

La mayoría de las más de 100 comunidades indígenas que habitan el Chocó ha sufrido algún tipo de afectación a sus derechos en los últimos dos años y medio.

Según la Onic, desde la firma del acuerdo con las Farc en el Pacífico hay 389 indígenas, amenazados, 111 han sido asesinados y 6.526 fueron desplazados a la fuerza. Solo los combates entre los grupos armados ilegales y la siembra de minas antipersona han causado en el Chocó el desplazamiento forzado de 3.575 indígenas y el confinamiento de 27.363, según la Onic.

Frente a esta crisis, la ministra Gutiérrez ha manifestado que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ya protege a 754 líderes y comuneros indígenas con riesgo extraordinario. Y, a su vez, se trabaja en ejercicios de protección colectiva desde la cosmovisión de cada comunidad, implementándose medidas especiales para 15 comunidades indígenas: una en Antioquia, seis en Chocó, dos en Nariño, dos en Putumayo, una en Risaralda, una en Valle del Cauca y dos en La Guajira.

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Si bien los indígenas han sido una de las mayores víctimas del conflicto armado colombiano, los últimos sucesos les han recordado las épocas más duras vividas entre la década de los 80 y el año 2000. Un oscuro periodo que creían superado con la firma de los acuerdos de paz con las Farc. Pero no ha sido así.

Awá: el renacer del miedo

Entre enero y agosto de 2019 han asesinado a siete integrantes de la comunidad indígena awá. La disputa por el territorio se ha convertido en su mayor amenaza.

Luz Mery Ortiz habla en susurros. Su voz esconde el temor que la embarga. La zozobra que también sienten los miembros de su resguardo Chagüí Chimbuza, uno de los 11 que conforman la organización Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari), perteneciente a la comunidad indígena awá, en Nariño. Ellos no pueden ocultar su preocupación por las amenazas y las presiones sobre el territorio ancestral que vienen ejerciendo desde hace algunos meses varios actores armados. Lo hacen porque este corredor estratégico tiene salida al océano Pacífico y comunica con el Putumayo y Ecuador.

Las alarmas suenan desde mayo de 2019 cuando circuló un panfleto en el municipio de Ricaurte, Nariño, firmado por el bloque central las ‘Águilas Negras’. En la misiva, declaran objetivo militar a los gobernadores, líderes, coordinadores e integrantes de la organización Camawari, sin distinción. El pánico aumentó tras el asesinato de cuatro integrantes de esa comunidad: tres pertenecientes a la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, y otro al resguardo Magüí, entre junio y julio. Estos crímenes se sumaron a los tres que habían ocurrido desde enero contra miembros del resguardo Palmar. El último homicidio ocurrió el 16 de julio en el resguardo Magüí, perteneciente a Camawari.

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Ese día, hacia las 2:00 de la tarde, dos hombres irrumpieron en el lugar, se dirigieron hacia donde se encontraba Adrián Guanga Guanga y le dispararon en repetidas ocasiones. Hasta ahora, las autoridades no han dado con el autor del crimen. Sin embargo, en esa zona hacen presencia las disidencias de las Farc, con el frente Oliver Sinisterra, al igual que el ELN y bandas al servicio del narcotráfico como los Marihuanos, que se disputan el territorio. Se cree que el homicidio de este joven de 21 años pudo haber sido una retaliación contra su padre, un líder de ese resguardo que impulsó, en 2018, la declaratoria de 1.580 hectáreas como área de conservación.Los awá creen que las disidencias de las Farc perpetraron los demás crímenes para vengarse por la negativa de los nativos a sembrar coca y por haberles prohibido procesarla en sus resguardos.“Hacemos un llamado al Gobierno porque necesitamos garantías en nuestro territorio para conservar la vida, pues hasta ahora solo ha habido abandono total del Estado”, señaló Miguel Caicedo, coordinador binacional de derechos humanos de la Gran Familia Awá.

Los embera y los zenú, en la mira

En los últimos meses, en la región del Alto de San Jorge han aumentado los hostigamientos,las amenazas y los asesinatos de indígenas. La presión de grupos armados ilegales tambien ha causadoel desplazamiento forzoso de centenres de ellos.

Los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Montelíbano en el sur de Córdoba forman parte del Alto de San Jorge, una región que junto con el bajo Cauca Antioqueño conecta con el nudo de Paramillo. Este corredor comunica el Caribe con Urabá y el Pacífico, y se ha convertido en un sitio estratégico para narcotráfico y otras actividades ilegales. Además, históricamente ha presenciado violentos conflictos por la tierra. 

En medio de ese escenario, los zenú y lo embera han recuperado sus espacios ancestrales. Luego de una larga lucha, los primeros lograron que el Gobierno nacional les reconociera el resguardo zenú del Alto de San Jorge. Mientras tanto, los segundos aguardan una decisión que legalice el resguardo Dochama. Si bien estas poblaciones han sufrido la violencia desde la década de los setenta, esta ha aumentado luego del proceso de paz con las Farc.

La angustia de los embera de la región comenzó el 18 de enero de 2018. Ese día, al parecer hombres del Clan del Golfo asesinaron al líder campesino Plinio Pulgarín. El hecho causó el desplazamiento masivo de 133 familias campesinas de la zona rural de San José de Uré y de la comunidad embera del resguardo Dochamá hacia el casco urbano de este municipio. En la actualidad, parte de esas familias viven en el polideportivo con miedo a regresar a sus tierras debido a la disputa territorial entre los Caparrapos, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. El resguardo del Alto San de Jorge tampoco se ha salvado de esta oleada. Agueda Quiñones, gobernadora zenú, relata que desde el 2008 su comunidad ha sido víctima de los grupos armados ilegales, pero que la violencia contra ellos ha aumentado desde 2019. En febrero de este año circuló un panfleto firmado por un grupo denominado Bupa, en el que amenazaban a 14 líderes indígenas, incluida la lideresa Aguedo.

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En los meses siguientes asesinaron a 8 líderes indígenas, el último de ellos Juan Luna, comunero indígena de San José de Uré. El crimen ocurrió a principios de agosto cuando hombres armados le dispararon y luego incineraron su casa. Este hecho causó el desplazamiento de su familia. Quiñones ha denunciado constantemente la creciente ola de violencia y que no ha dejado de recibir amenazas. En este momento está a la espera de que el Departamento Nacional de Protección le asigne un esquema de seguridad.