Crisis humanitaria por violaciones a derechos humanos: grave denuncia de la Procuraduría

La crisis humanitaria que afecta a Colombia debido a la violación sistemática de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables ha alcanzado niveles alarmantes. La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una alerta sobre esta situación preocupante que se ha agravado entre 2022 y 2023, a pesar de los esfuerzos de las entidades gubernamentales para abordarla de manera efectiva.

Javier Sarmiento Olarte, procurador delegado para su defensa, señaló que, a pesar de las advertencias y recomendaciones realizadas por la Procuraduría durante el último año, la acción del Estado sigue siendo insuficiente. Esta falta de acción ha llevado a que se evalúen posibles acciones disciplinarias contra los funcionarios que no han cumplido con su deber de proteger a la población.

Asesinatos y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos

Una de las situaciones más críticas es la creciente ola de asesinatos y amenazas dirigidas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. A pesar de los esfuerzos del Gobierno, esta situación se ha agravado significativamente. Según la Defensoría del Pueblo, durante 2022, 215 líderes y lideresas sociales fueron asesinados en el país, y en 2023, se han registrado otros 111 crímenes.

La delegada para los Derechos Humanos realizó en 2022 una serie de encuentros en diferentes regiones del país para escuchar las preocupaciones y solicitudes de líderes sociales y defensores de derechos humanos. A pesar de estos esfuerzos, la violencia contra esta población no ha disminuido de manera significativa.

Población LGBTIQ+

La población LGBTIQ+ también enfrenta amenazas y violencia por parte de grupos armados ilegales. Según cifras registradas por la procuraduría, en 2022, se registraron 5,501 hechos violentos, incluyendo actos de discriminación, hostigamiento, feminicidios y violencia policial. Durante 2023, se han reportado 46 homicidios.

La Procuraduría ha participado en diversas mesas de trabajo y reuniones para abordar la situación de la población LGBTIQ+. Se han realizado llamados a diferentes entidades, incluyendo la UNP y la fuerza pública, para mejorar la protección y el trato hacia esta población.

Personas privadas de la libertad (PPL)

La situación en los Centros de detención transitoria sigue siendo crítica en todo el país. A pesar de algunos esfuerzos para aliviar el hacinamiento, aún persiste. En 2022, había 22,398 personas privadas de la libertad en estas instalaciones, lo que equivale a un 228 % de hacinamiento. A 2023, aunque el hacinamiento ha disminuido al 137 %, el número de policías encargados de la vigilancia ha aumentado a 2.414.

El hacinamiento ha llevado a problemas de salud, tanto física como mental, entre la población privada de la libertad. La Procuraduría insta a las entidades gubernamentales a cumplir con las disposiciones de la Corte Constitucional sobre la situación carcelaria y a trabajar en la resocialización efectiva de esta población.

Migrantes

La migración irregular de cientos de miles de personas que llegan a Colombia con la esperanza de continuar su camino hacia Estados Unidos ha aumentado de manera significativa. Entre 2022 y 2023, al menos 380.539 migrantes cruzaron la frontera hacia Panamá, y el 20 % de ellos eran menores de edad.

Estos migrantes enfrentan una serie de abusos y violaciones a sus derechos humanos, incluyendo explotación laboral ilegal, violencia sexual, trabajos forzados y prostitución, entre otros. La Procuraduría ha visitado estas regiones y ha emitido recomendaciones a las autoridades para mejorar la atención y protección de esta población.