Situación insoportable en Santa Marta por la crisis política

La tensión política domina Santa Marta. Este distrito turístico, cultural e histórico lleva dos meses con dos alcaldes: el suspendido Rafael Martínez y el encargado Andrés Rugeles. Ambos encarnan una compleja situación que amenaza con alargar, en lo que resta del año, una crisis política y administrativa que pasa por temas tan sensibles como el suministro de agua, dolor de cabeza de los samarios.

Pero, en medio de este debate, también hay nuevas fichas del rompecabezas, como el exalcalde Carlos Caicedo. Además, está pendiente lo que pueda pasar con la terna que debe designar el presidente Duque y sobre todo con el interés por controlar esta ciudad ¿Quién es quién en esta profunda controversia?

Carlos Caicedo, exalcalde de la ciudad, criticó haber puesto un manto de duda sobre su movimiento. Rafael Martínez, alcalde elegido, está suspendido y con medida de aseguramiento por presuntas irregularidades en contratación. Andrés Rugeles, el alcalde encargado, viene de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.

Martínez, de Fuerza Ciudadana, inscribió su candidatura con firmas y ganó la Alcaldía en octubre de 2015 con 91.294 votos, más de 50.000 por encima del segundo lugar. Su administración es la continuidad de las políticas de su antecesor, Carlos Caicedo, alma y nervio de ese movimiento político.

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“¿Quién se quiere quedar con el gobierno? Los Cote, los Díaz-Granados, el Centro Democrático por medio de los Dávila Abondano y los conservadores de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Esos cuatro sectores han entrado al gobierno de la ciudad y han hecho una coalición para hacerle frente a un movimiento ciudadano que ha ganado la Alcaldía dos veces”, dijo Martínez desde su casa.

Allí está recluido desde el 21 de marzo, por cuenta de una medida de aseguramiento, en medio del proceso judicial que enfrenta por presuntas irregularidades en los contratos para la construcción de cinco centros de salud, de los que cuatro –según Martínez– ya están operando.

El alcalde suspendido se queja sobre todo de que “se está coordinando la retoma del poder por parte de quienes gobernaron por muchas décadas y que están por fuera del poder”.

Para Martínez, que espera regresar para terminar su mandato, está en juego el plan de gobierno con el que ganó las elecciones, cerca de un billón de pesos de presupuesto anual con que cuenta Santa Marta, y lo clave: 890.000 millones de pesos para solucionar la crisis del agua. Con estos recursos, la ciudad debe asegurar las fuentes del líquido, y también renovar la red de acueducto, que tiene 70 por ciento de pérdidas, y de alcantarillado.

Hegemonía colonial

Caicedo, por su parte, aspira a la Gobernación de Magdalena y lo recuerdan por haber gestionado en su alcaldía el retiro de la concesión del servicio de acueducto y alcantarillado a la firma Metroaguas, perteneciente al cuestionado grupo Inassa. Pero la Procuraduría lo sancionó con 12 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos por cuenta de supuestas irregularidades en la construcción de cuatro pozos de agua. Ese proceso está en primera instancia.

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“Yo en el pasado fui objeto de montajes judiciales de esta misma clase política que estuvo ligada a los grupos paramilitares, a los actos de saqueo y corrupción escenificados en Santa Marta. Por nuestra escasa presencia en el escenario político nacional, hemos sido víctimas. Y probar nuestra inocencia no ha sido expedito. En tanto ahí están las obras, nuestra presunción de inocencia ha sido vulnerada”, dijo Caicedo.

Explicó que Fuerza Ciudadana ha implicado una ruptura de la hegemonía de las castas tradicionales del Magdalena. Caicedo, en las consultas presidenciales, sacó 500.000 votos.

Añadió que en estos siete años y seis meses, las administraciones de su movimiento han invertido 600.000 millones de pesos en obras públicas como colegios, escenarios deportivos, parques y bibliotecas. Criticó, así mismo, el hecho de que el Gobierno nacional haya puesto un manto de duda sobre ellos al enviar justamente al secretario de Transparencia, Andrés Rugeles.

Mandato transitorio

De un perfil técnico, Rugeles lleva ya dos meses al frente del distrito. Su estilo le ha generado conflictos con los funcionarios de la Alcaldía. Nada más llegó, ocurrió un polémico episodio en el que miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia se tomaron el despacho del alcalde y se llevaron información sensible. En las últimas semanas, enfrentó también un paro de funcionarios en su contra, hecho que ha acrecentado la sensación de letargo administrativo en la ciudad, lo que él niega.

De igual forma, ha tomado decisiones políticamente difíciles para un mandatario encargado, como cambiar la mayoría del gabinete. “Es muy diferente cuando uno es alcalde encargado que el elegido. Las tareas son distintas. En este caso, tengo que administrar la Alcaldía, llevar a la ciudad por buen destino y entregársela a quien venga en las mejores condiciones”, sostuvo. Dijo además que para ello es indispensable trabajar “con personas de confianza”. 

“El mío es un mensaje de tranquilidad. Estamos manejando de una manera eficiente y transparente la Alcaldía en beneficio de la ciudadanía y acá el alcalde viene a trabajar con todos sin distinción de color político ni ideología”, añadió. Y es que al encargado le han llovido señalamientos porque, supuestamente, contradictores de la administración de Martínez han llegado a cargos clave. Otra crisis podría desatarse después de mayo, pues se vencen unos 600 contratos de prestación de servicios en la Alcaldía, que no renovarán. 

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Rugeles, hombre de confianza de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a quien le reporta directamente, se precia de haber emprendido un diálogo “abierto y constructivo” con varios sectores con los que había un divorcio, como la Gobernación de Magdalena, los gremios, la bancada parlamentaria y la academia.

Adicionalmente, el alcalde informó que, dentro de su política de transparencia, ya ha presentado ante la Contraloría y la Fiscalía cinco casos de contratos que considera que deben ser investigados, a los que se suman otros seis procesos presentados la semana que terminó. Entre las grandes preocupaciones están las denominadas megabibliotecas, los Centros de Desarrollo Infantil, así como los contratos de Essmar, la empresa creada por la administración de Martínez para gestionar los servicios de agua y alcantarillado.

¿Cálculo político?

Políticamente, Fuerza Ciudadana tiene su mayor pelea por la terna que presentó al presidente Duque un día después de la detención del alcalde Martínez para escoger al encargado, como contempla la ley.

El Ministerio del Interior ya viabiliza la terna, pero ha comenzado a moverse un proceso judicial contra una de las integrantes, Ingris Padilla, que, de prosperar, tumbaría sus aspiraciones.

También existen versiones, como confirmó una fuente que prefirió el anonimato, que indican que habría cálculos políticos con el ánimo de que el alcalde elegido no regrese a su cargo. Lo cierto es que tanto las castas tradicionales como el electorado de Fuerza Ciudadana siguen conviviendo en una misma ciudad que sufre los embates de la polarización. Tal vez ya llegó la hora de abrir puentes que permitan, de una vez por todas, que la ciudad más antigua de Suramérica retome su antiguo esplendor.