Crisis por paro minero en Bajo Cauca: piden al fiscal general investigación urgente por delitos ambientales

La Procuraduría General de la Nación solicitó al fiscal general de la nación iniciar las investigaciones correspondientes por los delitos ambientales cometidos en el marco de lo que se ha conocido como paro minero, en el Bajo Cauca Antioqueño, así como la destrucción del acueducto de Tarazá por grupos armados ilegales, dejando sin agua potable a los habitantes del municipio.

En el oficio dirigido al fiscal general, Francisco Barbosa, y conocido por SEMANA, el Ministerio Público, a través de la Delegada de Asuntos Ambientales y Agrarios, sugiere también el inicio de diligencias preliminares por la tala indiscriminada de árboles centenarios en la vía que conduce de Tarazá a Caucasia, y la investigación de otros posibles delitos ambientales, afectaciones divulgadas ampliamente por los medios de comunicación y que ponen en riesgo a miles de ciudadanos

El ente de control reiteró el “seguimiento estricto” a la situación en la subregión del Bajo Cauca, en el marco del paro minero por el retorno de operativos contra minería ilegal y rechazó enérgicamente los actos violentos a la infraestructura pública y privada, en esta región del departamento de Antioquia.

Por medio de un comunicado, el Comité Pro Paro Minero del Bajo Cauca, Valdivia, Nordeste Antioqueño, Sur de Córdoba y el Sur de Bolívar convocó el regreso de las protestas para hoy miércoles, 15 de marzo.

En la comunicación afirman que la protesta será pacífica y continuará indefinidamente. En ese sentido, instaron a la participación en plantones en los municipios de esta región y en dos caravanas.

Antes de cerrar la comunicación y debido a las alteraciones de orden público que se han presentado durante el paro, afirmaron que son mineros y no vándalos o criminales.

En la tarde del domingo, tras un consejo de seguridad en Montelíbano, Córdoba, el presidente fue directo en señalar que existen indicios de que detrás de los desmanes está el Clan del Golfo.

“Si el Clan del Golfo está detrás del paro, como los indicios lo demuestran, no tienen voluntad de paz, no puede haber un desmantelamiento si en su cabeza tienen es defender las economías ilegales como el narcotráfico, la paz es para desmantelar el narcotráfico, toda agrupación que se quiera acercar al poder judicial debe tenerlo claro, ni el Gobierno ni el Estado son para engañar”, dejó claro el jefe de Estado.

También advirtió Petro: “Después de varios días de paro y que el Gobierno se levantó, lo que tenemos es una violación del derecho internacional humanitario, quema de ambulancias, confinamiento, sociedad civil e intento de atacar acueductos, indica que más que un ataque contra el Gobierno es contra la población contra Antioquia y Córdoba”.

Justamente, para atender la compleja situación que vive el Bajo Cauca antioqueño debido al paro minero que inició el pasado 2 de marzo, llegaron a esta región 420 militares de las fuerzas especiales urbanas.

Los uniformados arribaron en las últimas horas al Batallón de Infantería ubicado en el municipio de Cáceres, Antioquia, con 31 rifles.

Estarán desplegados en municipios como Tarazá, Caucasia, El Bagre y el propio Cáceres, para patrullar los cascos urbanos y la Troncal de Occidente. Sus objetivos serán evitar más daños y proteger la población civil.

A estos 420 uniformados que llegaron al Bajo Cauca se sumarán en los próximos días una cantidad, por ahora indeterminada, de miembros de las fuerzas especiales urbanas.

Afectaciones por el paro minero

A pesar del toque de queda decretado en los municipios en los que se adelanta el paro minero, seis personas fueron heridas con arma de fuego, entre ellos dos menores de edad.

Así lo informó este martes la Defensoría del Pueblo al hacer un balance de los últimos hechos que se han presentado en el Bajo Cauca de Antioquia y el Sur de Córdoba y tras advertir sobre el impacto que ha tenido el paro y las jornadas de protesta que han afectado a varios municipios.

Según el reporte de las regionales del organismo, en Cáceres, se presentaron cinco heridos y uno más en Tarazá, Antioquia, quien posteriormente falleció.

A estos hechos se sumaron los atentados contra la misión médica, la quema de una ambulancia en zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia, que transportaba a una mujer gestante y de otra que se hallaba fuera de servicio en un parqueadero.