CTI inspecciona juzgados que sacaron de la cárcel a Nule, Galofre y Tapia

Este miércoles el CTI de la Fiscalía realizó una inspección judicial al expediente en el que se explica por qué se les otorgó el beneficio de libertad condicional a Guido Nule y a su exsocio Mauricio Galofre, ambos condenados por peculado, junto con los hermanos Manuel y Miguel Nule. Todos son protagonistas de un entramado de corrupción de obras de infraestructura en Bogotá y que quedó al descubierto tras el multimillonario descalabro del grupo empresarial que regentaban, caso denominado ‘carrusel de la contratación’.

Hacia las 8:00 a.m. al menos dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron a hacer la inspección al despacho del juez Cuarto de Ejecución de penas localizado en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, siguiendo instrucciones del orden central de la Fiscalía General.

En ambos casos se analiza si las decisiones del juez Castro se corresponden con la normalidad vigente. Los penados habían cumplido alrededor de siete años de prisión, cuando sus penas eran de 13 años, en el caso de Galofre, y 19 años en el caso de Nule.

La Procuraduría General de la Nación apeló el martes la decisión del juez Cuarto bajo el argumento de que los delitos por los que hubo condena no fueron adecuadamente valorados y que hasta el momento no hay reparación alguna a las víctimas en forma directa.

Según un informe de la Contraloría General de la República citado por el Ministerio Público, los integrantes del extinto Grupo Nule no han reintegrado por recursos por 166.000 millones de pesos.

Así mismo, la Procuraduría citó un apartado de una sentencia de la Corte Constitucional, que manifiesta que “es razonable suponer que entre más grave sea la conducta punible, más exigente sea el juez de ejecución de penas para conceder el subrogado de libertad condicional”.

Lupa por beneficio a Tapia

El CTI también inspeccionó el expediente que otorgó el beneficio de casa por cárcel a Emilio Tapia, abogado que fue considerado en su momento como el ‘cerebro’ de toda la empresa criminal alrededor del ‘carrusel’.

Tapia tenía su lugar de reclusión en el Batallón de Ingenieros de Combate No. 2 con sede en Malambo (Atlántico) desde 2016 y cumple una pena de siete años de prisión. La decisión de que fuera recluido en su vivienda desde el 20 de diciembre fue del juez Primero de Ejecución de penas de Barranquilla, Jorge Enrique Gómez Urueta.

El togado ha tenido encima la lupa varias veces. El 25 de septiembre del 2018 la Fiscalía anunció que le imputaba el cargo de prevaricado por acción, porque habría “concedido irregularmente tutela en un proceso de justicia tradicional”, con lo que levantó las medidas cautelares que había sobre un inmueble.

Tres años atrás estuvo incurso en una indagación preliminar de la Fiscalía, en medio del caso que buscaba que a 75 pensionados se les cancelara unos 25.000 millones de pesos que supuestamente correspondería a una mesada adicional y que debía pagar el Distrito de Barranquilla.

Serán las autoridades la que deteminen si hay responsabilidades en estos casos por parte de los operadores judiciales. Lo que es innegable es que sus deciciones han levantado una ola de indignación que pide mano firme contra quienes hayan cometido actos de corrupción.