Fiscalía ubicó millonarios bienes del senador Mario Castaño, capturado por corrupción

Agentes del CTI de la Fiscalía ubicaron las propiedades del senador Mario Castaño, capturado en la noche del pasado martes cuando salía del Congreso, en medio de la investigación que se le adelanta por presuntamente liderar una red de corrupción que manejaba la entrega de millonarios contratos en el Eje Cafetero, y la cual fue revelada en exclusiva por SEMANA.

Entre los bienes ubicados se encuentran locales comerciales en el sector de El Cable en la capital caldense. Igualmente, hay un lujoso apartamento en el sector de El Poblado en Medellín y otras propiedades que están a nombre de sus familiares más cercanos. El ente investigador realiza esta acción como un trámite para que los bienes inmuebles no sean vendidos, traspasados o comercializados mientras se adelanta la respectiva investigación.

Como una investigación paralela se intenta verificar si esas propiedades fueron compradas con dineros relacionados con las actividades ilícitas que adelantó Castaño y la organización que controlaba, y en la cual “trabajaba” su compañera sentimental.

El diario La Patria de Manizales, que registró el operativo de embargo, citó una fuente del CTI de la Fiscalía que los bienes no serán sometidos a una ocupación inmediata, sino que se le notificara la ocupación a las personas que aparezcan como titulares de los predios con el fin que presenten evidencia sobre la forma en cómo fueron obtenidos.

Este trámite está detallado en la Ley 1849 de 2017, que le dio facultades a la Fiscalía General para que suspenda el poder dispositivo de los bienes y dicte medidas cautelares de embargo y secuestro de los mismos si no se demuestra su procedencia u obtención legal.

De demostrarse que fueron obtenidos con dineros legales el proceso se suspende y se archiva. Si la situación es contraria, se continuará todo el proceso de embargo y secuestro.

El proceso contra Mario Castaño

Para este viernes está citada la indagatoria del senador liberal Mario Castaño ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado, concusión y estafa. El congresista es señalado de liderar un “grupo criminal organizado” que cobraba millonarias comisiones a cambio de gestionar la entrega de cargos en entidades públicas y contratos en el departamento de Caldas, principalmente.

La organización, de la que formaban parte nueve personas, adelantó un plan de perfilamiento de personas que estaban en situación de desempleo con el fin de extorsionarlos para que aceptaran la entrega de comisiones a cambio de la entrega de puestos en entidades de la Contraloría General, el Instituto de Bienestar Familiar, la Procuraduría, el Sena, entre muchas otras.

Ejerciendo una serie de presiones lograron que 16 personas aceptaran el pago de estas comisiones para recibir un contrato de prestación de servicios. Las otras personas cercanas al senador habrían recibido de manera directa y sin necesidad de una licitación pública contratos de infraestructura.

En la audiencia de imputación de cargos la Fiscalía General reveló varias interceptaciones telefónicas en las que aparece el senador dando instrucciones precias sobre la forma en cómo debían coordinarse, ejercer presión a los contratistas y negociar con las personas que estaban indecisas.

En marzo pasado un juez de control de garantías ordenó cobijarlas con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se adelantaba la investigación. En la audiencia únicamente Claudia Marcela Castaño, señalada de ser la persona encargada de administrar y pagar los sobornos, aceptó su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir.