¿Cuál es el salario de Luz Adriana Camargo, nueva Fiscal General de la Nación?

Este martes, Luz Adriana Camargo Garzón se convirtió en la nueva fiscal general de la Nación. La otrora magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tomará las riendas del ente investigador para el período 2024-2028. Su trayectoria, de más de 35 años en la rama judicial, incluso vinculada a la Fiscalía, la anteceden.

¿Cuánto va a ganar Luz Adriana, nueva fiscal general de la Nación?

Desde el 1 de enero del 2024 el salario mensual del fiscal general es de $19.356.249, de acuerdo al decreto 0290 de 2024, se dictaron normas sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, lo que indica que este salario está distribuido de la siguiente manera:

Gastos de prestación: $12.387.995.

Asignación básica: $6.968.254.

Además de estos ingresos, la cabeza de la Fiscalía recibe prima de Navidad, la cual se cancela de acuerdo a lo que dicta la Ley, es decir, que recibe otros $19.356.249, adicional a este. Quien ejerza el cargo de fiscal general, en este caso Luz Adriana, recibirá una prima especial de servicios de acuerdo al artículo 15 de la Ley Cuarta de 1992, la cual establece que reciben el 30% sobre su salario, es decir, $2.090.476.

Lo anterior indica que anualmente la fiscal general de la Nación ganará en promedio un salario de $253,721.713 que equivale a $21.1431476 de ingresos mensualmente.

SEMANA presenta un perfil de Camargo Garzón, las principales propuestas y su hoja de vida, la cual tiene un capítulo extenso por el trabajo que desarrolló como magistrada auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, en la unidad que investigó la llamada ‘parapolítica’ y que logró que más de 40 congresistas fueran investigados. Lo propio ocurrió en Guatemala, desempolvando actos de corrupción que llegaron a salpicar a un presidente. En los dos escenarios trabajó con el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Desde el año de 1987, Camargo Garzón ha estado vinculada a la Rama Judicial. Comenzó como oficial mayor del Juzgado 19 Superior en Bogotá, proyectando fallos por delitos relacionados con homicidios y contra la fe pública, más conocidos como de corrupción.

Durante 27 años escaló por diferentes cargos hasta llegar, en 2005, a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en la que hizo parte de la recién creada Unidad Especial de Investigación que recibió la misión de indagar por los nexos y alianzas políticas que habían firmado varios políticos con los grupos paramilitares, para así garantizar su llegada al Congreso entre la década de los ochenta y los noventa.

Como magistrada auxiliar, cargo en el que estuvo hasta el 13 de enero de 2014, proyectó decisiones en investigaciones y juicios por los delitos de cohecho (entrega de sobornos), concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, contratación pública ilegal, tráfico de influencias, prevaricato, delitos electorales, injuria, calumnia, delitos contra la vida e integridad personal.

Sus hallazgos fueron la base para que, en 2022, el Tribunal Mayor condenara a Pérez Molina y Baldetti a ocho años de prisión por los delitos de asociación ilícita y un caso especial de defraudación tributaria, viéndose obligados a devolver un millón de dólares por los daños causados.

Camargo estuvo en esta comisión hasta el 30 de octubre de 2017. Posteriormente, enfiló su carrera a consultoría en temas relacionados con la protección de los Derechos Humanos, laborando en entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) y la Fundación Forjando Futuros. En esta última realizó labores para la identificación de los patrones de sistematicidad en los homicidios de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de la guerrilla de las Farc después de la firma del Acuerdo de Paz.

Su designación en la terna para el cargo de fiscal general tomó por sorpresa a esta abogada de 58 años. Más aún, si se tiene en cuenta que su designación fue el epicentro del terremoto político generado con la segunda terna radicada personalmente por el presidente Gustavo Petro ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 26 de septiembre, entrando a reemplazar a la exfiscal Amparo Cerón.

En su intervención ante los magistrados de la Corte Suprema, en la que dictó los lineamientos de lo que sería su gestión en caso de ser elegida fiscal, que duró 20 minutos, Camargo –con voz fuerte– aseguró que “yo no estoy acá en representación de persona alguna”. Pese a que no dio nombres, era evidente que hacía referencia a su antiguo compañero, el ministro Velásquez. “En mi experiencia en la Rama Judicial yo estuve al servicio de cuatro fiscales generales y de tres magistrados de la sala de casación penal y tuve un sinnúmero de pares que desarrollaron mis mismas labores”.

Sin tomar aire, continúo advirtiendo que de ser elegida como nueva fiscal general mantendrá la misma independencia y autonomía que ha demostrado durante sus 34 años de carrera en la Rama Judicial y como consultora en temas para la protección de los Derechos Humanos. “Ser fiscal general es un llamado que pocas colombianas tenemos el honor de recibir y un llamado que debe responderse con profundo respeto de la institucionalidad”.