¿Cuál es la relación entre grupos paramilitares y diversos gobernadores en los últimos 30 años?

De acuerdo con un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) del año 2018, el origen del paramilitarismo en Colombia se puede remontar a mediados de la década de los 70, cuando estos grupos al margen de la ley nacieron como parte de la lucha contra las diversas guerrillas insurgentes de la época, poco a poco obteniendo influencia en territorios y sus políticas locales.

El crecimiento e influencia de los paramilitares en la política e institucionalidad llegó incluso hasta el Congreso de la República, en la llamada ‘parapolítica’: un escándalo de corrupción que salió a la luz en el año 2006, luego del proceso de desmovilización de los paramilitares en ese año por parte del gobierno del presidente Álvaro Uribe, el cual mostró la existencia de una red de favores que salpicó a funcionarios públicos de las ramas ejecutivas, legislativas y judiciales y que tenían estrecha relación con el paramilitarismo y sus líderes. Lo anterior fue a través de pactos en pro de la formación de estos grupos, apoyo electoral, intimidaciones e incluso eliminar opositores políticos.

Una de las figuras políticas donde la ‘parapolítica’ o influencia del paramilitarismo tuvo una enorme participación fue con los gobernadores de varios departamentos del país, donde las gobernaciones se convirtieron en un instrumento para crecer el poder e influencia de los grupos paramilitares; en especial las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y sus temidos líderes como “Jorge 40″, Salvatore Mancuso o Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias “Cadena.

Desde que empezó la elección popular de gobernadores en 1992, once de estos funcionarios han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia por su participación con dichos grupos ilegales en diversas actividades ilícitas. Entre los departamentos involucrados se encuentran: Antioquia, Bolívar, Cesar, Casanare, Magdalena, Santander y Sucre. Conozca en SEMANA cuáles fueron los tipos de tratos entre gobernadores y paramilitares en los últimos 30 años.

Intimidaciones en Santander y Cesar

Uno de los principales motivos de relación entre gobernadores y paramilitares es la intimidación de opositores políticos. Uno de los casos más famosos fue el de Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, gobernador de Santander entre 2004 y 2007, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 108 meses de prisión en 2013 como autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley.

De acuerdo con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien se encontraba preso en 2007, escuchó que hubo pactos de los jefes del bloque central Bolívar para elegir a Aguilar como gobernador de Santander. En un encuentro cerca a Puerto Berrío se reunió Aguilar con alias Ernesto Báez y alias Julián Bolívar y con otros miembros del grupo, que estaban armados, uniformados y con brazaletes, declaró un exconcejal de Barrancabermeja. En una finca cerca a Caucasia, en 2002, alias Julián Bolívar presentó a Hugo Aguilar como el futuro gobernador de Santander y posible presidente de Colombia, según el desmovilizado alias Diego Rivera, subalterno de alias Julián Bolívar.

También en 2002, Aguilar se reunió en Santa Helena del Opón con el comandante de una célula paramilitar, al cual le pidió permiso para hacer campaña política en la zona que controlaba, según un exintegrante del frente Isidro Carreño de las autodefensas.

En 2003, cuando Aguilar llegó en campaña a Santa Helena del Opón, los miembros de las autodefensas obligaron a los habitantes a salir de sus casas y escuchar su discurso en la plaza principal, declaró un exconcejal de Contratación (Santander). Como candidato a la asamblea departamental en 2000, Aguilar obtuvo cinco votos en Santa Helena del Opón, pero en 2003, como candidato a la gobernación, consiguió el mayor guarismo, 1.263 votos. En las actas del concejo municipal de Contratación, otro concejal declaró en 2007: “Recordando hace cuatro años, cuando las autodefensas nos llevaban casi con la trompetilla a votar por el candidato Hugo Aguilar”. La misma fuente declaró que un día que fue a Santa Helena del Opón a pagar un ganado vio entrar al municipio a Hugo Aguilar “En una camioneta muy bonita, venía acompañado de más de 20 carros y motos, y en la mayoría de ellos venían los paramilitares” del frente Isidro Carreño “con uniforme camuflado y armas largas y cortas”. Una situación similar pasó en el municipio de El Carmen, Santander.

El coronel Julio César Prieto Rivera declaró ante la Corte Suprema de Justicia que cuando se posesionó como comandante del Batallón Luciano D’elhuyar en San Vicente de Chucurí, en 2003, se dio cuenta de la relación de Aguilar con Bloques paramilitares. El coronel recibió presiones por sus declaraciones.

El pasado 10 de agosto del 2022, frente a Comisión de la Verdad, Hugo Aguilar resaltó su arrepentimiento por recibir apoyo de paramilitares: “cometí uno de los peores errores de mi vida, uno que no me deja vivir en paz, permitir que la AUC, a través del constreñimiento al elector, apoyar mi candidatura como gobernador de Santander (...) me dejé llevar por las malas prácticas de los políticos tradicionales y la avaricia del poder”.

El departamento del Cesar es otra de las regiones donde los paramilitares han hecho este tipo de pactos de intimidación. Hernando Molina Araújo fue gobernador entre 2004 a 2007, condenado a 90 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia en 2010 por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley.

Según la sentencia de la Corte Suprema: “La candidatura ‘única’ del doctor MOLINA ARAÚJO y su posterior elección a la Gobernación del Cesar no fue el resultado de consensos partidistas o de una expresión democrática, sino una decisión originada en los acuerdos y compromisos con el bloque Norte de las autodefensas liderado por ‘Jorge Cuarenta’”. Las autodefensas obligaron a otros dos aspirantes a no inscribir sus candidaturas. Uno de ellos declaró: “Categóricamente me señalaron que no tenía permiso para actuar como candidato”. Una situación compleja en un departamento del Cesar dominado por las acciones subversivas de las FARC y el ELN, siendo detonante para la creación de grupos paramilitares, dice la Corte Suprema de Justicia.

Beneficiarios de homicidios en Sucre

El departamento de Sucre fue el escenario de dos homicidios —uno directamente orquestado por el gobernador— que buscaban mantener intacto el poder de dichos funcionarios y su relación con el paramilitarismo. Uno de los casos más conocidos fue el asesinato de Eudaldo Díaz Salgado, alcalde del municipio de El Roble, Sucre, en 2003. Este hecho ocurrió luego que, en un Consejo Comunal con presencia del en ese entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, Díaz Salgado denunciara que su vida estaba en peligro y que Salvador Arana Sus, gobernador de Sucre entre 2001 a 2003, tenía relación directa con líderes paramilitares del departamento.

Diecinueve años después del tal crimen, todas las investigaciones — y las palabras finales Díaz Salgado en una carta días escrita en medio de su cautiverio el 8 de abril de 2003 — apuntan a una sola persona como máximo responsable intelectual: el gobernador de Sucre Salvador Arana Sus, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 480 meses o 40 años de prisión como determinador de los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado y coautor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley en 2009.

El crimen de Eudaldo León Díaz Salgado había sido un pacto entre Salvador Arana Sus y el paramilitar Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias “Cadena”. Previo a su asesinato, el alcalde de El Roble había sido blanco de presiones por parte de políticos de Sucre y las Autodefensas Unidas de Colombia (UAC) para dejar entrar al paramilitarismo a la administración del municipio. Díaz Salgado había hecho diversas denuncias sobre estos hechos. Incluso fue sospechosamente sancionado por mal manejo de dineros públicos en 2002 por un procurador provisional de Sucre, en 2005 se descubrió que estás acusaciones no tenían fundamento.

Otro caso similar, aunque sin la directa participación de un gobernador, fue el de Eric Morris Taboada, gobernador de Sucre entre 1998 y 2000, condenado en 2007 por la Corte Suprema de Justicia a seis años de prisión y una multa de 2.000 salarios mínimos legales mensuales por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley.

Eric Morris Taboada se benefició con un homicidio, según otra sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y fue elegido gobernador gracias a ese delito. El homicidio de Georgina Narváez Wilches en San Onofre (Sucre) en 1997 fue, según la decisión judicial, un “suceso ligado estrechamente al cuestionado resultado electoral que permitió la llegada de Eric Morris Taboada a la gobernación de Sucre”. Narváez Wilches era testigo electoral y presenció fraude a favor de Morris Taboada.

Para la Fiscalía, el fraude del que fue testigo Georgina Narváez no modificaba en mucho los resultados a favor de Eric Morris Taboada. Según esta autoridad, el hecho significativo fue el fraude que presenció Georgina Narváez lo que habría podido desencadenar un escrutinio en todas las mesas de San Onofre. Los resultados de ese municipio fueron los que permitieron la ventaja de 3.000 votos a favor de Eric Morris Taboada, “quien la misma noche de las elecciones venía perdiendo frente a su contendor”, según la Fiscalía. Georgina Narváez Wilches era secretaria de planeación municipal del municipio de San Onofre.

La Corte Suprema de Justicia encontró creíble la declaración de un testigo que informó haber oído a Álvaro García Romero cuando decía que había que dar muerte a Georgina Narváez. Esta fue testigo de mesa y tomó un formulario electoral E14 con tachaduras en el total de votos de Eric Morris Taboada y en el total de sufragios nulos. Georgina Narváez envió anónimamente ese formulario a la campaña de Édgar Martínez Romero, contrincante de Morris Taboada en las elecciones celebradas el 26 de octubre de 1997.

Georgina Narváez fue asesinada el 19 de noviembre de 1997 frente a su casa por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. En ese momento hablaba con su hermano y con los educadores Mafaldo Teherán y Adelmo Blanco Espinosa. Eric Morris Taboada no fue procesado dentro del juicio en que Álvaro García Romero fue condenado como determinador de la muerte de Georgina Narváez. García Romero nunca fue gobernador de Sucre.

Enriquecimientos ilegales en Casanare

En ocasiones la promoción de grupos paramilitares se une al enriquecimiento personal, al menos así fue el caso de Miguel Ángel Pérez Suárez, gobernador de Casanare entre 2004 a 2007, condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2006 a seis años de prisión y a una multa de 200 millones de pesos por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Pérez Suárez recibió 100 millones de pesos en efectivo enviados por alias Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare. El dinero fue entregado antes de las elecciones de 2003 en la casa 39 de la urbanización Colina Campestre, en las afueras de Yopal. El dueño de la casa era el fiscal seccional Carlos Alberto Barrera Ávila. La entrega se hizo a las 5:20 de la mañana y fue filmada. “Es evidente que el doctor PÉREZ SUÁREZ acudió a la cita conociendo la identidad de sus gestores y de su vinculación con grupos armados ilegales, por lo que al aceptar y recibir el aporte económico incurrió en la conducta punible de enriquecimiento ilícito de particulares, como actuó con conocimiento y voluntad de ese hecho su comportamiento es doloso”, señaló el fallo. Los hechos se conocieron cuando fue capturado en Bogotá en 2004 un miembro de las Autodefensas Campesinas del Casanare llamado Josué Darío Orjuela Martínez, el cual presentó una denuncia escrita.

Promover el paramilitarismo en Magdalena y Bolívar

El departamento de Magdalena ostenta el récord de más gobernadores condenados por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, con cuatro condenados por su relación con líderes paramilitares: Miguel Pinedo Vidal, gobernador de Magdalena de 1992 a 1994 y condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2012 a 108 meses de prisión; Jorge Luis Caballero Caballero, gobernador de 1995 a 1997, condenado en 2012 por la Corte Suprema de Justicia a 72 meses de prisión y quien recibió apoyo alias Jorge 40 para conquistar su curul como representante a la Cámara en 2002; José Domingo Dávila Armenta, gobernador entre 2001 a 2003, condenado a 90 meses de prisión por la Corte Suprema; por último Trino Luna Correa, gobernador entre 2004 a 2007, aceptó en 2007 el delito de concierto para delinquir por nexos con paramilitares y renunció al cargo. En 2020, la Fiscalía acusó a Luna Correa por enriquecimiento ilícito y como coautor del delito de contrato sin requisitos legales, pero no ha sido condenado.

Otros casos menores fueron Libardo Simancas Torres, gobernador de Bolívar entre 2004 a 2007, y Luis Alfredo Ramos Botero, gobernador de Antioquia 2008 a 2011. Ambos con relación directa con grupos paramilitares y condenados por la Corte Suprema de Justicia. En el caso específico de Simancas Torres, envuelto en otros escándalos de corrupción en su gobernación.