Con Licencia Para Delinquir
¿Cuál es la relación entre la llamada “elenopolítica” del ELN y José Vicente Lozano Fernández, exgobernador de Arauca?
José Vicente Lozano Fernández, gobernador de Arauca entre 1995 y 1997, dejó una marca enorme con su administración: le entregó todas las finanzas del departamento al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Conozca en SEMANA la relación de algunos gobernadores de este departamento con este grupo subversivo.
Según la Comisión de la Verdad, la historia del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento fronterizo de Arauca se remonta entre los años 60 y 70. En ese periodo, diversas organizaciones campesinas se formaron en busca de reivindicación social, política y económica en el territorio de la región del Sarare, Arauca. En 1972, dichos grupos campesinos se unieron al ELN; guerrilla que se había formado 8 años antes en los Santanderes y había huido a Arauca luego de casi desaparecer en 1970 a manos de varias ofensivas de las Fuerzas Militares de Colombia.
En próximas décadas, el ELN llevaría una cruenta guerra contra las ya inexistentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano. Arauca se convirtió en uno de los principales territorios de esta guerrilla, pero las ambiciones de este grupo no solo fueron en los combates y su supervivencia, ya que progresivamente fueron infiltrando la institucionalidad —en especial en alcaldías y la gobernación del departamento— donde el grupo subversivo se dio cuenta de que la corrupción es mucho más lucrativa que el conflicto en sí mismo.
Lo anterior siendo parte del fenómeno de la llamada “elenopolítica”, la cual puede ser definida como la relación y tratos cercanos entre la clase política de Arauca y este grupo ilegal. Conozca en SEMANA la relación de diversos gobernadores de este departamento con el ELN.
Gobernadores “eleno natos”
El primer caso de este fenómeno fue José Vicente Lozano Fernández, gobernador de Arauca entre 1995 y 1997, fue condenado a 90 meses de prisión en 2010 por la Corte Suprema de Justicia por el delito de rebelión. El reo llegó a la gobernación con la ayuda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y como gobernador destinó fondos públicos a ese movimiento subversivo.
Lo más leído
La investigación la realizó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que se ocupó del frente Domingo Laín Sáenz, del ELN, que operaba en Arauca. La condena se basa en los testimonios de exguerrilleros que declararon que Lozano Fernández fue miembro activo del ELN. Los dineros de los contratos de la gobernación eran entregados al comandante alias ‘Pablo’, declaró un reinsertado. “Parte de estos dineros se emplean para compra de armamento, munición, explosivos, uniformes y demás material de guerra que es utilizado en los diferentes atentados terroristas”, agregó. El reo, durante la campaña a la gobernación, se reunía con el comandante alias ‘el Chino’ en Pueblo Nuevo y con el comandante alias ‘Alonso’, declaró otro desmovilizado. Otro testigo, que también perteneció al ELN, señaló: “Todo el mundo tiene conocimiento que los gobernadores que han sido electos popularmente son miembros activos del grupo guerrillero, ya que las FARC no han podido llegar a ocupar dicho cargo, pues son menos fuertes políticamente que el ELN. Los gobernadores a los cuales hago referencia son: Alfredo Colmenares Chía, ya fallecido; Vicente Lozano; Gustavo Castellanos Beltrán y Federico Gallardo”. Según otro exguerrillero, Lozano Fernández fue “comandante eleno nato”. Señaló la Corte Suprema de Justicia: “Lo que prueban los testimonios es entonces que LOZANO FERNÁNDEZ regentó los cargos de alcalde, diputado y gobernador, y en todos ellos aparentó obediencia a la Constitución Política y a la ley colombianas, no obstante su condición de afecto al grupo ilegal, por suerte que la conducta oficial del exfuncionario tuvo por finalidad exclusiva la de promover económica e ideológicamente al grupo guerrillero”.
Además, en 2016 la Corte Suprema de Justicia condenó a Lozano Fernández a nueve años de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El procesado firmó varios contratos de obras públicas que favorecieron al ELN. Según el fallo, se demostró la “retribución del mandatario por medio de la adjudicación de contratos en acatamiento del interés del grupo guerrillero”. José Vicente Lozano Fernández, nacido en Yumbo en 1956, hizo estudios de Derecho.
Los nexos del ELN en Arauca no terminan con José Vicente Lozano Fernández, ya que otros gobernadores de dicho departamento han sido condenados, investigados y capturados por sus nexos con el grupo insurgente y hacer parte de la “elenopolítica”. Gustavo Carmelo Castellanos fue gobernador de Arauca entre 1998 y 2000, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 32 meses de prisión por rebelión y nexos con el ELN, en el año 2007. Héctor Federico Gallardo, gobernador entre 2001 y 2003, también fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 36 meses de prisión por ser miembro activo del ELN en 2009.
Ricardo Alvarado Bestene, gobernador de Arauca de 2016 a 2019, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por sus relaciones políticas y administrativas con el grupo guerrillero, por los cargos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El médico de profesión fue capturado un 21 de octubre del año 2021. Según las autoridades, el exgobernador de Arauca le había entregado dinero e inmuebles a miembros del ELN, junto con porcentajes de la contratación pública del departamento. Su caso fue conocido ya que el exgobernador se quedó dormido varias veces durante la imputación de cargos en su contra, su esposa y abogado alejaron los problemas de concentración que sufre el exfuncionario. Medicina Legal confirmó que Alvarado Bestene sí sufre de una discapacidad mental, pero que la Corte Suprema de Justicia ordenó continuar el juicio.
A menos de 24 horas de la captura de Alvarado Bestene, había sido capturado José Facundo Castillo Cisneros, gobernador de Arauca de 2012 a 2015 y 2020 a 2021, por posibles nexos con el ELN. La Fiscalía imputó al exfuncionario por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y financiación de grupos de delincuencia organizada en la modalidad de entregar, administrar y aportar bienes y recursos.