Promesas de campaña y gobierno: del dicho al hecho

El exgobernador de Nueva York Mario Cuomo dijo alguna vez que “se hace campaña en verso, pero se gobierna en prosa”, una frase que describe el pragmatismo que debe aplicar un candidato a la hora de asumir el gobierno. Ese pragmatismo implica comprender que muchas de sus promesas de campaña se pueden quedar en el tintero o que debe moderarlas. Llevar a la práctica todo lo prometido no siempre es posible. El presidente Iván Duque tendrá que asumir ese reto, y para ello deberá ajustar el discurso de campaña, entre otros, en los siguientes temas.

El Centro Democrático publicó en la campaña para el Congreso avisos de prensa que prometían “Más salarios, menos impuestos”. Duque, como candidato, habló sobre todo de reducir la tributación de las corporaciones que en algunos casos, después de la última reforma tributaria durante el gobierno de Santos, superó el 60 por ciento. Según dijo, eso se reemplazaría por ingresos provenientes de ampliar la base tributaria y de reducir la evasión, por un monto de 12,5 por ciento anual.

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La situación fiscal no es cómoda. El nuevo gobierno encontró la olla raspada y ahora deberá tener cuidado a la hora de reducir tasas impositivas. Por una parte, la última reforma del ministro Mauricio Cárdenas ya disminuyó la tasa sobre la renta. Por otra, si se amplía la base –es decir, se pone a pagar a más gente–, en la práctica los impuestos no disminuirán sino todo lo contrario, así sea con una redistribución en favor de las empresas y con cargo a las personas naturales. Es casi seguro que el nivel general de tributación no se va a reducir. El nuevo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo corroboró cuando le dijo a El Tiempo que “no hay ni cinco centavos para los programas propuestos por el presidente Duque”, y que para obtener más dinero se necesita “gravar más a las personas de manera directa”. Por eso le suena la idea de ampliar la base tributaria a los colombianos con ingresos superiores a 1,9 millones de pesos y de ampliar el IVA a la canasta familiar, pero devolviéndoles esos puntos a los pobres.

El candidato Duque afirmó, durante la campaña, que “no haría trizas los acuerdos con las Farc”, pero que los modificaría para: 1) aplazar la participación en política de quienes han cometido delitos de lesa humanidad hasta que hayan pagado sus condenas e 2) impedir que el delito de narcotráfico tenga conexidad con los políticos. El primer paquete de proyectos, presentado por la nueva ministra de Justicia, Gloria María Borrero, establece que esa conexidad tampoco se podrá aplicar al secuestro.

Sin embargo, en el momento de depositar los proyectos en el Congreso, la ministra Borrero dejó en claro que las normas no se pueden reformar con retroactividad y que solo aplicarán hacia el futuro. Es decir que las reformas no modificarán lo pactado entre el gobierno Santos y las Farc. Poco a poco, el gobierno ha moderado sus posiciones sobre algunos de los puntos del proceso de paz que Duque criticó como candidato. Ya como mandatario electo había visitado la JEP y la Comisión de la Verdad, lo cual fue interpretado como un anuncio de mantenerlas.

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Duque cuestionó con fuerza, entre otros aspectos, el de la participación en política de quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Ese punto está pendiente. La nueva vicepresidenta Marta Lucía Ramírez –quien liderará la ejecución de los acuerdos para el posconflicto– ha marcado una diferencia entre lo pactado sobre la cúpula de la exguerrilla de las Farc y las bases. Ha dicho que afianzará lo establecido para desmovilizar a la guerrillerada y que mejorará su ejecución. En cuanto a los jefes, lo más probable es que la decisión sobre cuándo pueden participar en política quede en manos de la JEP, justo lo que había quedado planteado en el acuerdo del Teatro Colón.

Modificar otros temas cuestionados por el uribismo durante la campaña –como que los militares también vayan a la JEP– se encontrará con hechos cumplidos. Generales de la talla de Mario Montoya, Jaime Humberto Uscátegui y Rito Alejo del Río ya están en la JEP y consideran que allí correrán mejor suerte que en la justicia ordinaria.

En el discurso del presidente Iván Duque llamó la atención el anuncio de establecer un plazo de 30 días para revisar el estado de las conversaciones con el ELN y determinar su futuro. Habló de hacer “una evaluación juiciosa, prudente y analítica en detalle de lo que han sido los últimos 17 meses de conversaciones que ha adelantado el gobierno saliente con el ELN. Nos vamos a reunir con las Naciones Unidas, con la Iglesia católica y los países que han venido apoyando dicho proceso, para que en el marco de la independencia institucional nos den su opinión sobre el mismo”.

El discurso de campaña había sido más radical, pues subordinaba los diálogos a un cese de operaciones unilateral del grupo guerrillero. Más recientemente, ya como presidente electo, planteó que un cese al fuego requeriría que el grupo se concentrara previamente.

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Al final, los 30 días de plazo que fijó Duque el pasado 7 de agosto y el proyecto para prohibir el tratamiento del secuestro y el narcotráfico como delitos políticos hacia el futuro establecen un compás de espera. Un plazo fijo. El trámite legislativo para esta última reforma irá de seis meses a un año. Esto significa que habrá conversaciones entre el gobierno y el ELN con un término limitado.

En el gobierno de Juan Manuel Santos se desbordó el trueque de apoyos de los congresistas a las iniciativas del gobierno a cambio de cargos en la burocracia y contratos. Por esa razón, la mermelada se convirtió, en el debate público, en una amarga práctica clientelista de carácter insostenible. No por coincidencia a la segunda vuelta llegaron candidatos de oposición y críticos al gobierno saliente. Cualquiera que hubiera llegado a la Casa de Nariño tendría que demostrar su compromiso con acabar la mermelada.

Pero no es claro cuál va a ser la relación entre el presidente Duque y el Congreso. El Centro Democrático es la fuerza mayoritaria, pero no cuenta con mayorías absolutas para aprobar la agenda ambiciosa y sensible que ha anunciado el nuevo gobierno. Como está claro que Duque no entregará puestos a cambio de votos, en el Capitolio se preguntan si los congresistas conservarán las cuotas que traían desde la administración Santos. En todo caso, entrar a formar parte de una coalición de gobierno –lo que los liberales, conservadores, La U y Cambio Radical deben decidir antes del 7 de septiembre– normalmente tiene un componente de representación.