El cambio de estrategia del gobierno para reformar la Justicia

La legislatura que empezó el 20 de julio sorprendió con la cascada de proyectos que apuntan a reformar la justicia. Pero ya no proponen una cirugía a corazón abierto, sino microestímulos para procurar una mejor respuesta del paciente. El Gobierno de Iván Duque, el procurador Fernando Carrillo, varias fuerzas políticas y hasta magistrados están de acuerdo en que es mejor optar por un procedimiento menos severo y, por tanto, más realizable.

La reforma a la justicia es una vieja deuda en Colombia. Solo desde 2002 hubo 19 intentos por modificar la estructura judicial en aras de restaurar su eficacia y credibilidad. Ninguna de las iniciativas pasó y persisten la congestión de procesos, la falta de nuevas tecnologías y los altos niveles de impunidad, entre otros problemas. Al verificar la causa aparece un patrón: muchas de esas reformas se han inmiscuido en las competencias de las altas cortes, como, por ejemplo, su facultad de ternar candidatos a importantes cargos del Estado.

El Gobierno advirtió esta dificultad. Un día después de la instalación del Congreso, el presidente anunció que presentará un paquete de proyectos de ley enfocados en los primeros niveles de la pirámide de la Rama Judicial, con la finalidad de mejorar el acceso a la justicia.

“Si algo ha marcado el fracaso de las últimas reformas a la justicia ha sido que el debate termina concentrado en la cúspide de la administración de justicia y le ha faltado más filigrana para concentrarse en el servicio cercano al ciudadano” afirmó el mandatario. Luego dio a conocer que el Ministerio de Justicia ya emprendió esta labor y radicó tres proyectos con objetivos similares en campos distintos. Ninguno involucra a las altas cortes.

El primer proyecto del Gobierno responde a uno de los orígenes del conflicto armado, considerado en el acuerdo de paz: los líos de tierras. Casi seis décadas de guerra dejaron ocho millones de desplazados, entre los que se encuentran antiguos campesinos que no tuvieron más opción que movilizarse y asentarse en los cascos urbanos para huir del terror. Esto trajo como consecuencia un menor porcentaje de colombianos en zonas rurales y la desatención de un Estado incapaz de mirar por fuera de las ciudades. Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) aseguran que, a la fecha, solo el 22,9 por ciento de los colombianos vive en el campo. Unos 11 millones de personas con quienes el Gobierno quiere saldar una deuda histórica.

Por eso, el acuerdo de paz estableció el compromiso de poner en marcha “una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio”. Para ello, el Gobierno sostuvo mesas de trabajo con la Procuraduría, la Defensoría y la Rama Judicial, y retomó el proyecto de ley 01 de 2018 que había quedado archivado por trámite. De esta manera concibió el actual proyecto, que propone una oferta de justicia con un proceso más simple, debido a los términos y recursos con los que contará, y que incorpora un enfoque diferencial que otorga beneficios probatorios a las mujeres.

Valiéndose de la estructura ya existente, la figura del juez agrario aparecerá en las jurisdicciones de lo contencioso administrativo y ordinaria, y dependiendo de su naturaleza se determinará cuál jurisdicción finalmente conocerá del proceso. Además, habrá conciliadores en cada despacho en caso de que las partes deseen solucionar el pleito antes del comienzo formal de las audiencias.

El segundo proyecto de ley que el Gobierno presenta busca paliar la congestión actual del sistema. Con la llegada de la covid-19, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió términos de abril a junio. Durante este tiempo, ningún proceso se movió. A ello se sumó la oleada de demandas que surgieron a raíz de la difícil coyuntura. Para colmo de males, la mayoría de los funcionarios judiciales deben trabajar a media máquina debido a que los expedientes no están digitalizados. El Gobierno, previendo el embotellamiento que se avecina, plantea en este proyecto un estatuto único que fortalezca la conciliación como mecanismo alternativo para resolver los conflictos.

Al integrar conciliaciones en equidad y en derecho, y al ampliar la cantidad de asuntos conciliables, el Gobierno espera evitar el colapso de la justicia. También extenderá la conciliación como requisito de procedibilidad para todos los asuntos que no estén prohibidos por ley y sentará las bases de programas locales de justicia en equidad. Por último, el estatuto reglamentará el régimen disciplinario de los conciliadores y dotará al Ministerio de Justicia de más facultades de inspección en este asunto.

Cierra el grupo de proyectos ya radicados el que fortalece las comisarías de familia. Estas instituciones, nacidas en 1987, apoyan a familias, especialmente mujeres y menores de edad, en la protección de sus derechos mediante ayuda jurídica y psicosocial. Una labor relevante en un país en el que se han registrado 3.633 hechos de violencia intrafamiliar y 6.452 denuncias de violencia de pareja en la cuarentena, como señala Medicina Legal.

La propuesta es una bandera de la ministra de Justicia, Margarita Cabello. Plantea liberar de muchas de sus funciones a las comisarías para que se concentren en atender a las víctimas. En la actualidad, hay más de 1.200 de estas instituciones compuestas por equipos de abogados, trabajadores sociales y psicólogos. El proyecto mejora los sueldos de estos funcionarios y la información que reúnan quedará en una base de datos que permita hacer seguimiento a las medidas de protección y prevenir casos futuros.

En materia penal, y de la mano de los ministerios de Defensa, Minas y Ambiente, el Ministerio de Justicia propone también un proyecto que cree agravantes y aumente las penas para los delitos relacionados con la minería ilegal. La pena mínima pasaría de dos a cinco años e involucraría a los implicados en procesos de restauración ambiental.

También hay otro grupo de proyectos que en cuestión de días conocerá el Congreso. El más comentado reglamenta la cadena perpetua para violadores de menores de edad. El presidente Duque promulgó esta polémica reforma constitucional esta semana, la calificó de prioridad e instó a la ministra Cabello y a su bancada para darle un trámite expedito. En todo caso su reglamentación deberá superar el estudio de exequibilidad ante la Corte Constitucional. Todo indica que tendrá una muerte anunciada, ya que la reforma riñe con el historial de la Corte, que siempre ha favorecido el principio de resocialización penal.

El procurador Fernando Carrillo también considera que la justicia requiere ajustes urgentes que no pueden depender de la siempre empantanada macrorreforma. Después de seis meses de recorrer el país para reunirse con ciudadanos, académicos y funcionarios de la Rama Judicial, el funcionario recolectó una serie de conclusiones que sirvieron de punto de partida para un proyecto de ley que busca fortalecer el acceso a la justicia en el ámbito local. Pensaba presentarlo en el primer semestre del año, pero tuvo que postergarlo por la pandemia. En sintonía con lo que afirmó el presidente, Carrillo cree que una reforma que incluya a las altas cortes es poco viable. “Esos aspectos han sepultado todas las reformas de la justicia” aseguró a SEMANA.

Pese a las posturas del presidente y el procurador, el viernes se filtró un documento de trabajo del Ministerio de Justicia que esboza espinosas propuestas al alto nivel de la Rama Judicial. Plantea, por ejemplo, aumentar el periodo de los magistrados de ocho a 12 años y permitiría la suspensión de estos, hasta por seis meses, en caso de que la sala plena de la respectiva corporación así lo determine. También pretende modificar las elecciones en el Consejo de Estado y la Corte Suprema. Si 15 días después de haber empezado las votaciones no han conseguido la mayoría calificada, la mayoría simple sería suficiente. El documento también sugiere reducir el número de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y aplicar un plan de descongestión. Por el momento, el documento no es más que un borrador y ni siquiera lo comentaron en la reunión en la Casa de Nariño al presentar las iniciativas por tramitar en el Congreso.

Con un buen manejo en el Legislativo, los proyectos de ley anunciados (salvo la cadena perpetua) tienen chances de materializarse. No hay duda de sus buenas intenciones, pero no alcanzan a ser el antídoto que requiere la cúpula de la justicia. Este continúa en borrador.