Cuando el uribismo impulsó la ley que le dio 8 años de cárcel a depredadores sexuales

"A esa niña la conozco desde que era una bebé", dijo Hernán Giraldo al reconocer en una fotografía a una de las niñas vírgenes cuyo futuro negoció con su familia. El excomandante del bloque Tayrona era como un rey en la costa, y según múltiples confesiones, entregarle una niña era como ofrecerle una gallina. Así lo reconocieron exintegrantes de su ejército personal ante la Fiscalía de Justicia y Paz, que logró documentar los casos de más de 50 jóvenes con las cuales tuvo al menos 25 hijos. Una de estas niñas, alcanzó a tener tres hijos del excomandante, antes de cumplir los 18 años. 

La verdad sobre la violencia sexual en muchas zonas del país ha llegado a cuentagotas. En algunos rincones ni siquiera se asoma a pesar de los esfuerzos de la justicia. Sin embargo, en el caso de Giraldo, las tímidas declaraciones de las víctimas fueron cogiendo fuerza. Se sumaron las de los pobladores, los exparamilitares y al final el mismo Giraldo al verse acorralado no tuvo otra opción que confesar. Ahora un magistrado de Justicia y Paz se alista para dictarle una sentencia a no más de ocho años de cárcel en Colombia. Actualmente paga una pena de 16 años por narcotráfico en Estados Unidos.

El excomandante Hernán Giraldo será sentenciado a 8 años de cárcel por la violencia sexual contra las niñas de la Costa. Archivo Semana

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Por las atrocidades contra las niñas de la costa, la cara de este excomandante le dio la vuelta al mundo: era comparado con Pablo Escobar y apodado como El Taladro o El Patrón de la Sierra. Pero las aberraciones no fueron exclusivas del Tayrona y tocaron casi todos los bloques paramilitares. Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque, Diego Vecino o Julián Bolívar (Rodrigo Pérez Alzate) son algunos de los jefes paramilitares que han conseguido penas de ocho años de cárcel en Colombia por miles de crímenes, entre estos, los bejámenes que sus estructuras paramilitares cometieron en contra niños y niñas. La reducida pena la consiguieron gracias a la ley de Justicia y Paz, el marco legal con el que el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez logró desmontar el fenómeno paramilitar en Colombia.

Este modelo de justicia transicional vio la luz en el año 2005, cuando el Congreso de la República aprobó que a cambio de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, los desmovilizados de los ejércitos paras pudieran acceder a penas que se calculan entre los 5 y 8 años de cárcel. Aunque se presentaron al Congreso varias iniciativas, la que terminó reinando fue la que promovieron los uribistas pura sangre con el apoyo del Gobierno. 

El nudo gordiano en el trámite fue el narcotráfico y específicamente qué hacer con los comandantes pedidos en extradición. En aquel entonces, los episodios macabros de niños violentados sexualmente en el marco del conflicto armado pasaron de agache por el Capitolio. Ningún sector político hizo resistencia para que violadores de menores quedaran cobijados con penas alternativas. Algo muy distinto a lo que ocurre ahora cuando el Centro Democrático, el Gobierno de Iván Duque y otros sectores insisten en que esos crímenes no deben ser competencia de la justicia transicional.  

Por iniciativa de una congresista del Partido de La U, Maritza Martínez, el tema de las penas a responsables de violencia sexual de niños tuvo sus primeras repercusiones en las normas que desarrollan el acuerdo de paz con las Farc. Por mayoría, el Congreso aprobó que la ley estatutaria de la JEP quedara un artículo que obligaba a que los excombatientes responsables de estas conductas a pagar con penas ordinarias, es decir, quedaban sometidos a los máximos de 40 años que contempla el Código Penal. 

No obstante, los magistrados de la Corte Constitucional, apoyados en conceptos enviados por varias organizaciones sociales, eliminaron la posibilidad de poner a responder a jefes guerrilleros con penas ordinarias. En la sentencia de la ley estatutaria, la corte precisó que hacerlo rompería con la integralidad de un sistema que apunta a conseguir la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición para beneficio de las víctimas. Y colgarle penas que no fueron consideradas en el Acto Legislativo que creó la Jurisdicción Especial de Paz no solamente genera contradicciones de tipo constitucional sino que su efecto podría desincentivar la confesión de los delitos sexuales contra menores. En síntesis, para ellos esas penas severas no atraerían justicia sino impunidad.

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Desde que el tema comenzó a discutirse en el Congreso, el Centro Democrático se montó en este debate. Ahora, cuando se anuncia una cirugía a la Justicia Especial para la Paz el expresidente Álvaro Uribe Vélez precisó: "¿Qué tiene que ver el conflicto con la violación de un niño? Entonces ese delito se debe condenar y se debe sancionar con las sanciones ordinarias, no con las inocuas sanciones alternativas de la JEP y yo creo eso", indicó el senador, quien también anunció abiertamente que intentará derogar la JEP.

Durante la alocución del domingo, el presidente Iván Duque anunció una reforma constitucional para tumbar el polémico artículo de la ley estatutaria que permitirá que los responsables de delitos sexuales contra menores sean sancionados con penas de la justicia transicional: "Nada, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores", señaló. Sin embargo, si la norma prospera en el Congreso no podrá tener carácter retroactivo para quienes se hayan acogido a la Justicia Especial para la Paz; ellos podrán pedir la aplicación del principio de favorabilidad.

Las sanciones que establece el acuerdo de paz con las Farc van entre los 5 a 8 años para quienes tuvieron participación determinante en la comisión de delitos, y se ordenaría la restricción efectiva de su libertad bajo las condiciones que imponga la JEP. "En ningún caso podrá ser cárcel", dice la norma, esto frente a quienes cumplan cabalmente con los compromisos del acuerdo de paz. Pero en caso de que los resposables de conductas criminales no confiesen la verdad serán sometidos a penas hasta de 20 años de prisión.

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En el debate que se dio en el Congreso sobre los delitos sexuales cometidos contra menores en el marco del conflicto, los parlamentarios ventilaron una cifra abrumadora. Por lo menos 48.915 menores de edad habrían sido víctimas agredidas entre los años 2008 y 2012. Fiscales de Justicia y Paz consutados por SEMANA, señalan que sin la justicia transicional nunca se hubiera podido llegar a la verdad de los miles de violaciones cometidas contra niños. "Los paramilitares negaron hasta último momento la violencia sexual y más cuando se trataba de niños. Sin las herramientas adecuadas no hubiéramos podido llegar hasta las comunidades, que no se atrevían a denunciar. En algunos casos ni siquiera se consideraban víctimas", aseguró Zenaida López, la fiscal que estuvo detrás de revivir para justicia las atrocidades de Hernán Giraldo.

Crímenes aberrantes

En el Colegio Nuestra Señora del Rosario de la población de Riachuelo, Santander, los paramilitares del Bloque Central Bolívar seleccionaban a sus víctimas en un reinado macabro. Las niñas eran obligadas, con ayuda de sus profesores, a vertirse con zapatos de tacón y vestidos de coctel. Luego se paseaban en una tarima frente a los protagonistas de los baños de sangre más brutales.El premio era convertirse en sus esclavas sexuales. Las reglas eran promovidas desde la rectoría de la institución donde estudiaban. Allí les impartían la orden de que podían ser la pareja de los comandantes más no de los patrulleros del Frente Comuneros Cacique Guanentá. 

Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, fue comandante del Bloque Central Bolívar, grupo responsable de crímenes atroces contra niños. Archivo Semana. 

Este crudo capítulo no es diferente al que se vivió en San Onofre, Sucre. Marco Tulio Pérez Guzmán, alias ‘el Oso‘, fue reconocido por sus víctimas como el comandante paramilitar que organizó un reinado de belleza entre estudiantes menores de edad y obligó a algunas de las candidatas a tener relaciones íntimas con él. El portal Verdad Abierta logró documentar uno de los casos ocurrido con una menor de 14 años que fue abusada múltiples veces por ‘el Oso‘. En cinco ocasiones, logró retenerla bajo la amenaza de matar a su papá si no accedía a sus deseos. "La primera vez la llevaron en moto hasta donde él estaba, se subió a un vehículo y la llevó a la zona rural donde la tuvo cinco días retenida, abusando de ella en múltiples oportunidades", dice el medio de comunicación. 

También les imponía como castigo a las mujeres que le sirvieran como empleadas de servicio en su casa durante ocho días y a los esposos de sus víctimas los ponía a barrer las calles del pueblo. A pesar de que las víctimas lo señalaron directamente, ‘el Oso‘ negó todas las acusaciones y por ello fue excluído de Justicia y Paz para ser sometido a la justicia ordinaria. Sin embargo, su jefe, Diego Vecino, excomandante del bloque Héroes de Montes de María de las AUC sí fue sentenciado a ocho años por estos crímenes. Reconoció por línea de mando la forma en que los paramilitares sometieron a la población en uno de sus blancos más sensibles: la niñez.

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Aunque, la mayoría de sentencias contra los jefes paramilitares se han dado por aceptación de línea de mando, Justicia y Paz ha adelantado procesos en contra responsables directos. La primera sentencia a ocho años fue la de José Rubén Peña Tobón, alias Lucho, excomandante del bloque Vencedores de Arauca, por la violación de dos menores de edad en Tame, Arauca. 

El Tribunal Superior de Justicia y Paz lo encontró responsable por la violación de dos niñas el 7 de marzo del 2003, en el corregimiento el Caracol. Lucho, al lado de alias Tom, obligaron a las jóvenes a tener relaciones sexuales con ellos, diciéndoles que si no accedían, sus compañeros sentimentales iban a ser asesinados. Alias Lucho fue sargento del Ejército y comandó el grupo Centauros del Bloque Vencedores de Arauca. 

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En el Bloque Norte las aberraciones contra las mujeres fueron de las más atroces. En total, la Fiscalía logró documentar 175 hechos por los cuales llevó a condena a la mayoría de comandantes de este grupo paramilitar. Hasta último momento Salvatore Mancuso se negó a aceptar responsabilidad por línea de mando, ya que las instrucciones que impartió como jefe eran todo lo contrario. Aún así, hombres bajo su mando cometieron las más crueles torturas contra mujeres de Piedras Pintadas, en Zapayán (Magdalena). 

Marco Tulio Pérez, alias El Oso, fue expulsado de Justicia y Paz por negarse a confesar las violaciones cometidas contra niñas en San Onofre (Sucre). Archivo Semana.

El debate de penas es uno de los más sensibles, teniendo en cuenta que la justicia ordinaria ha llegado a imponer penas superiores a los 50 años por delitos sexuales contra niños, como es el caso de Rafael Uribe Noguera. No obstante, a diferencia de otras conductas atroces, esta es la más susceptible de quedar en la completa impunidad por la falta de denuncia y el temor a la revictimización. Por ello, organizaciones tan reconocidas como Dejusticia, Women’s Link Worldwide o la Ruta Pacífica de las Mujeres le pidieron en su momento a la Corte Constituciona que resuelva la tensión entre verdad vs. castigo, en favor del esclarecimiento de los hechos para las víctimas.