Cuando la violencia se ensaña contra niños y jóvenes

El asesinato de Samuel David González Pushaina, de apenas siete meses de nacido, en abril de 2019 fue un duro golpe para de acabar de minar la confianza a la implementación del acuerdo de paz con las Farc en zonas apartadas de Colombia. Samuel David era un fruto de la paz. Nació en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Tierra Grata, Cesar. Sus padres Carlos Enrique González y Sandra Pushaina, ambos indígenas y excombatientes de las Farc, se conocieron en ese lugar. Sin el estruendo angustiantes de las ráfagas de fusil y bombardeos, el amor se abrió paso en tiempos de relativa calma.

Los dos llegaron a Tierra Grata en agosto de 2017. Sin armas, pero con ilusión de un futuro mejor lejos de la violencia. Primero entablaron una amistad de tertulias hasta altas horas de la noche, luego apareció el amor. Samuel David nació un año después, en septiembre de 2018. Su llegada a esa zona de reincorporación coincidió con el alumbramiento de varios bebés a los que apodaron el ‘Combo de la paz’.

Hasta abril de 2019 en Tierra Grata la violencia era una anécdota de días duros, de caminatas largas en la espesa selva y de incertidumbre por lo que traería el mañana. En ese espacio territorial, en cambio, se hablaba de proyectos productivos, convocatorias para gestionar recursos ante la Unión Europea, postulación de talleres y agricultura. Los papás de Samuel David trabajan en el sector de vivienda, donde diariamente sacan bloques para construir viviendas prefabricadas. De vez en cuando se pasean por el taller de confecciones. Sus raíces indígenas wayuu los invitan a tejer bolsos y carteras.

La tragedia los alcanzó el 15 de abril. La visita a casa de la abuela paterna de Samuel David había sido aplazada en varias oportunidades por la complejidad del camino hasta el caserío Monte Lara, La Guajira, plena frontera con Venezuela. La insistencia de los familiares por conocer al bebé motivó la partida de los González Pushaina dos días antes. Tenían planeado pasar allí una semana y luego retornar a Tierra Grata.

El sábado, día en que llegaron, hubo una gran comitiva. La familia era numerosa y la casa en barro seco, pequeña. Por eso, instalaron chinchorros en la parte trasera. El domingo se acostaron temprano, después de conversar todo el día. A las dos de la madrugada del lunes llegaron motorizados armados y dispararon por al menos cinco minutos. Y aunque alcanzaron a correr, no escaparon de las balas. Carlos Enrique recibió dos balazos; su esposa, fue impactada por uno más. Ella tenía en sus brazos a Samuel David, quien fue herido en una pierna. A todos les tocó esperar hasta las seis de la mañana para ser trasladados a un centro asistencial de Maicao, porque nadie se atrevía a aventurarse a esa hora por la carretera. Cuando llegaron el bebé ya estaba muerto. Carlos González, un primo de Carlos Enrique, también falleció.

Los papás de Samuel David se recuperaron de las heridas en pocos días, pero el dolor aún los atropella. La noticia llegó a Tierra Grata horas después. El partido Farc expidió un comunicado donde señaló que el asesinato de Samuel David fue un golpe a la reconciliación. “No se puede seguir asesinando la esperanza de la paz, que es una apuesta de las y los colombianos que queremos pasar la página de la guerra”, dice el documento.

Y es que desde que el expresidente Juan Manuel Santos y el entonces líder de las Farc, Rodrigo Londoño, pusieron punto final en 2016 a un conflicto de más de cinco décadas, los ataques contra los excombatientes son sistemáticos y feroces. No vale de nada que estén rodeados de familiares o hijos, los violentos accionan sus armas sin pesar.

Desde la firma del acuerdo de paz 44 familiares de excombatientes han sido asesinados, de ese número diez son menores de edad. Su único pecado fue ser hijos, hermanos, primos o vecinos de personas que alguna vez empuñaron las armas.

Al igual que Samuel, el jovencito Camilo Sucerquia Bolaños, de 15 años, fue víctima de ese pecado. En la tarde del sábado 6 de junio fue baleado hasta la muerte en la vereda Quebrada del Medio, zona rural de Ituango, Antioquia. Minutos antes lo habían sacado de la casa donde vivía con su mamá, Nidia Sucerquia, excombatiente de las Farc, y lo llevaron hasta ese punto donde ya estaban William Pérez, conductor de un bus escalera, y el también menor de edad, Carlos Barrera, ayudante en ese automotor. Con las víctimas completas, dispararon sin ninguna contemplación.

El partido de la Farc aseguró que fueron hombres del Clan del Golfo quienes cometieron este triple homicidio. Marcos Urbano, dirigente de esa colectividad política, dijo en su momento que el asesinato del joven Sucerquia no fue un hecho aislado, sino un claro mensaje de intimidación para que los excombatientes abandonaran Ituango. Dos semanas después los exguerrilleros salieron de la ETCR de ese municipio. En una caravana de buses escaleras y motos dejaron atrás lo que contemplaban como una oportunidad para sepultar las secuelas de la guerra.

La intimidación a través de asesinatos también se vive en el bajo Cauca antioqueño. A Michel Andreína Gómez Calvete la mataron el pasado 13 de agosto, a pocos días de cumplir sus 15 años. Un puñado de hombres ingresó a una finca de Caucasia y la atacaron doce veces con un arma blanca. Y luego la degollaron.

Michel era hija de Sandra Calvete Cárcamo, quien es hermana de Carlos Mario Gómez Calvete y esposa de Raúl Méndez González, ambos excombatientes de las Farc. Su único pecado fue tratar de vivir en un mundo sin guerra, pero lleno de odios reciclados.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, ha documentado cada uno de estos asesinatos a excombatientes y sus familiares. “Lo que vemos es que la mayoría de los casos son porque los exguerrilleros regresan a los territorios a liderar proyectos o buscar trabajo y allí hay gente que ha seguido en la continuidad de la guerra. Esta gente no solo arremete contra los excombatientes, sino también contra los familiares como una forma de retaliación. La situación se ha dado muy fuerte en Meta, Antioquia, Caquetá, Putumayo y Cauca, zonas donde hay disputas por territorios”, dice Camilo González Posso, investigador y coordinador del Instituto.

Nencer Barrera, excombatiente y ahora escolta de la Unidad Nacional de Protección, sabe eso muy bien. Su cuñada, el novio de su sobrina y dos vecinos fueron asesinados en la vereda Quebradón de Algeciras, Huila, el pasado fin de semana para enviarle un mensaje: retomar las armas a favor de las disidencias o dejar todo y huir. Él eligió la segunda.

En la arremetida violenta quince hombres armados llegaron hasta la finca de sus padres, pararon en la primera casa del terreno y mataron a su cuñada Luz Stella Burgos y a Édison Sebastián Moya, de apenas 16 años. Los padres de Nencer, al escuchar los disparos, huyeron por la parte trasera y se refugiaron entre los matorrales de la orilla de un río.

Los asesinos pasaron a la finca vecina para buscar información, luego mataron a Juan David Gómez y Luis Eduardo Gómez, aunque los disparos estuvieron dirigidos contra cuatro personas. Los dos sobrevivientes son Noé Ahumada, de 56 años, y un niño de 8 años, a quien le dispararon en un pie. Lograron huir heridos.

Los niños siguen pagando con sus vidas la incapacidad de reconciliar a una sociedad golpeada por el conflicto armado, y los nuevos escenarios de amenazas y amedrentamiento contra quienes quieren cambiar la dinámica de confrontaciones en territorios apartados. Cada uno de estos asesinatos es un golpe mortal al acuerdo de paz.