¿Cuánto cobraban por diplomas falsos de reconocidas universidades?

El portafolio criminal de un grupo de personas que, sin querer, terminaron conformando una organización delincuencial, incluía la falsificación de diplomas, libretas militares y hasta gestiones irregulares para quedar con contratos públicos. La investigación de la Fiscalía logró establecer que hasta un funcionario del Ministerio de Trabajo terminó metido en el entramado de corrupción.

Los delincuentes ofrecían la posibilidad de obtener diplomas de reconocidas universidades o la libreta militar, sin siquiera pisar un aula de clase o un batallón. Bastaba con acordar un millonario pago y esperar unas semanas por el deseado documento. Entre ocho y 26 millones de pesos, estaban las tarifas por los diplomas falsos, dependía de qué universidad querían su reconocimiento.

“Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción Nación logró la judicialización de cuatro presuntos integrantes de un grupo delincuencial dedicado a la obtención ilícita de diplomas de bachiller y universitarios, libretas militares y otros documentos; además de intervenir ilegalmente en procesos de contratación pública”, señaló la Fiscalía.

La evidencia que tiene la Fiscalía indica que los integrantes de esta red criminal, incluso tenía contactos en entidades educativas públicas y privadas, lograron incluir en las bases de datos a los clientes, las personas que buscaban acreditarse como estudiantes o egresados, para obtener los certificados académicos a cambio de los pagos.

“Los procesados son: Héctor Martínez Palomino; Juan Guillermo Benavides Castañeda, funcionario de carrera del Ministerio de Trabajo; Luz Marina Amaya Cruz y Norberto Herrera Parra, excontratista de la Gobernación de Risaralda”, señaló el Director Especializado contra la Corrupción, Eduar Alirio Calderón.

De acuerdo con los investigadores, la organización criminal tenía roles definidos y cada quien sabía cuál era su participación y porcentaje dentro del negocio ilícito, incluso los alcances de las ofertas que tenían entre su portafolio ilegal. Por las sumas de dinero no solo entregaban los títulos, los diplomas o los documentos requeridos, sino que garantizaban certificados académicos con promedios superiores.

“En la investigación se estableció que, al parecer, cumplían diferentes roles ilícitos como ubicar posibles ´clientes´, contactar trabajadores de centros educativos privados o públicos, y gestionar la modificación de bases de datos y registros para que fueran incluidos como egresados, personas que nunca estuvieron inscritas ni asistieron a clases en los colegios o universidades que expedían los títulos”, dijo la Fiscalía.

El problema, más allá de la elaboración de los diplomas falsos o la inclusión de supuestos estudiantes y egresados en las bases de datos de las universidades, es que, quienes solicitaron el trámite ilegal, se convirtieron de la noche a la mañana, en profesionales y en diferentes áreas del conocimiento, como la salud.

“Asimismo, tramitó el título universitario de enfermería a una joven; y los de ingeniería industrial y trabajo social a un hombre. También se conoció que obtuvo una certificación para que una mujer ejerciera la homeopatía y superara los controles de las autoridades de salud”, explicaron los investigadores.

Entre otras actividades criminales que desplegaba esta organización se incluyó el trámite ilegal para la obtención de contratos en entidades públicas y por los que cobraban un 10 por ciento de comisión, de obtenerlos. Todas estas maniobras ilegales fueron puestas en conocimiento de un juez de control de garantías para imputar cargos y solicitar una medida de aseguramiento.

“Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cuatro señalados integrantes de la red los delitos de concierto para delinquir y obtención de documento público falso. Adicionalmente, a Luz Marina Amaya Cruz se le imputó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Los cargos no fueron aceptados”, señaló el director contra la corrupción.

Como los delitos imputados no fueron aceptados por las personas que resultaron implicadas en este escándalo de corrupción, la Fiscalía insistió en la necesidad de mantenerlos privados de la libertad y el juez ordenó que todos debían permanecer en la detención domiciliaria.