¿Cuánto vale el paro indígena del Cauca?

Desde que comenzó el paro indígena en Cauca a los colombianos siempre le viene a la mente la misma imagen: bloqueos de la carretera Panamericana, la principal arteria vial que une a los tres departamentos del suroeste del país.

La realidad es que los taponamientos de esa importante autopista que une a Cali, Popayán y Pasto ha sido el histórico caballito de batalla que usan los manifestantes para presionar a los gobiernos y obligarlos a sentarse a negociar.

Incluso, el senador Feliciano Valencia, reconocido líder de la guardia indígena de la comunidad Nasa, lo dijo claramente en un video que circuló en redes sociales, “la metodología que hemos acordado es presionar en la vía Panamericana y dialogar con el gobierno aquí en Monterilla (Caldono, Cauca)”.

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La estrategia no es nueva y en el pasado les funcionó incluso durante el gobierno Uribe, cuando esos bloqueos eran tan extensos que impactaban socialmente a las comunidades, sus economías y hasta se declaraba el desabastecimiento de alimentos y combustibles. Al final todos los mandatarios terminan sentados en la misma mesa con los indígenas firmando sus demandas, pero incumpliéndolas repetidamente por la misma razón: falta de presupuesto.

Ese círculo vicioso es tan evidente que, desde la firma de los primeros compromisos en 1999 cuando se declaró la emergencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas del Cauca y sus autoridades, a la fecha se han renegociado 1.500 nuevos compromisos.

El problema se volvió tan complejo, que durante el gobierno de Juan Manuel Santos se tuvo que expedir el famoso decreto 1811 de 2017, en el que se fijan mecanismos para ejecutar todos esos acuerdos. Es decir, crearon un decreto para cumplir lo incumplido y establecieron una comisión mixta entre gobierno y el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, para definir las inversiones.

Hasta ahí todo iba viento en popa y el proceso marchaba exitosamente incluso con la llegada del presidente Iván Duque.  Según explicó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, lograron llevar a cabo ocho compromisos que estaban pendientes de la anterior administración.

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Pero la armonía se acabó este año cuando desde el Cric hicieron cuentas y le informaron al gobierno Duque que las inversiones de todos los compromisos adquiridos necesitan una partida de 3,6 billones de pesos para ser ejecutados en su cuatrenio.

_{Imágenes de la Minga Indígena que se desarrolla con bloqueos de la vía Panamericana, en el Cauca. Foto: Cortesía Acin}

Al respecto, la ministra Gutiérrez aclaró a esta revista que en su momento les respondieron a los indígenas con el siguiente argumento, “ya ustedes quedaron incluidos en el capítulo especial del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene presupuestado 10 billones de pesos para los próximos cuatro años, sentémonos a mirar qué le corresponde al Cauca; y ellos ya no quisieron y se pararon de la mesa”, explicó la funcionaria.

Pero la ministra fue más allá y argumentó motivaciones políticas en el problema con los indígenas, “aquí el tema no son las inversiones; el fondo es que ellos son sectores de oposición al Gobierno y lo que ellos quieren es un debate político de oposición”, aseguró tras explicar que a la reunión indígena propuesta con el presidente Duque lo iban a poner a hablar de temas como “el fracking, el control a grupos paramilitares, las objeciones a la JEP y la mortandad de peces en Hidroituango”.

Pero Neis Lame, el consejero mayor del Cric y vocero oficial de las comunidades indígenas, tiene otra lectura de la situación, “lo que en realidad nos hizo parar de la mesa mixta, es que con este Gobierno los diálogos se volvieron regresivos; ya habíamos progresado con inversiones en algunos sectores, pero empezaron a desmontarlas”, aseguró.

Así las cosas, insistió el consejero, la mejor garantía es que se cumplan las inversiones establecidas en la Comisión Mixta que se creó para hacerle seguimiento a los compromisos “y allí se habla que las inversiones para este cuatrenio cuestan 3,6 billones de pesos”, argumentó.

La inversión de esos recursos está priorizada en proyectos para sectores como territorio, salud, educación, Derechos Humanos, jurisdicción especial indígena y comunicaciones.

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_{Desde el 12 de marzo cuando arrancó el paro indígena, la vía Panamericana ha sido bloqueada en varios puntos. Foto: Cortesía.}

Lo único positivo de esas dos posturas radicalizadas es que pese a las diferencias tanto el gobierno como el Cric mantienen una mesa de diálogo que cuenta con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos.

De hecho, gracias a esas gestiones es que la minga indígena no alcanzó a fusionarse con otras marchas, ya que el pasado viernes 8 de marzo desactivaron el paro cívico que lideraban desde el 25 de febrero organizaciones campesinas y trabajadores del sector educativo de Cauca.

“Durante el diálogo que se realizó en Bogotá este viernes 8 de marzo entre 12 representantes de la Mesa y funcionarios del gobierno, se hicieron acuerdos para el cumplimiento de los compromisos previamente adquiridos en los sectores de agricultura, vivienda urbana y rural, tierras, garantías de seguridad, comunicación y tecnologías”, dice un comunicado conjunto del Ministerio del Interior y la Oficina del Comisionado de Paz.

Pero en el caso de los indígenas la protesta parece empeorar, ya que los bloqueos se extendieron a vías del Huila; al cierre de esta edición se definía la activación de protestas en Nariño, exactamente en el puente internacional de Rumichaca.

El mejor resumen de la problemática actual que padece el Cauca lo hicieron voceros de 16 agremiaciones del departamento, quienes a través de una carta pública al presiente Duque, le manifestaron su apoyo, pero le solicitaron no mantener diálogos mientras sigan los bloqueos de la vía Panamericana.

Para los dirigentes gremiales está claro que esos diálogos no pueden tener como resultado “(…) la firma de nuevos acuerdos, que nos sigan arrastrando históricamente, a incumplimientos y demandas hacia el estado colombiano”.