¿Hay 7 millones de líderes sociales en Colombia?

A tres semanas de cumplir su primer año de gobierno, el presidente Iván Duque emprendió una correría en los medios para hacer un balance de su gestión. Aunque la seguridad, los cultivos ilícitos y el éxodo venezolano han sido los temas más recurrentes, los asesinatos de líderes sociales tampoco se quedan atrás. 

Este miércoles, en una entrevista con la Agencia EFE, el mandatario se refirió "a lo difícil" que resulta proteger a los más de siete millones de líderes sociales que hay en el país. Dijo que "pretender dar una protección individual, con un esquema de seguridad para cada uno no es posible y por eso nos toca, donde tengamos amenazas, actuar rápidamente". 

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De acuerdo con el presidente, ha habido una reducción de los homicidios que supera el 30 por ciento, según informes del Consejero para los Derechos Humanos, amparado en la información de la ONU. "Nuestro compromiso es para que estos asesinatos no se sigan presentando: que seamos implacables para llevar a la justicia a los criminales", señaló. 

El problema, sin embargo, es que las cifras de usó para contextualizar el fenómeno y retratar los avances que hay para contener los asesinatos son imprecisas, al punto que no ayuda a comprender lo que viene pasando con los homicidios sino que enreda aún más el panorama. 

Para empezar, basta aclarar que es imposible conocer el número de líderes sociales hay en el país. Internacionalmente no hay una definición que los encasille en un mismo concepto y tampoco un censo que permita saber cuántos son. "Podemos identificar ONG, abogados, profesores, periodistas, campesinos y líderes comunales, etc. Es decir, cualquier persona que defienda un derecho", le dijo hace unos meses a SEMANA Petter Fredrik Wille, redactor de la declaración de los defensores de los derechos humanos. 

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Con una definición tan amplia, la cifra de la que habló el presidente Duque se queda corta. Solo como miembros de Junta de Acción Comunal (JAC) hay más de siete millones de personas inscritas en el país. Esto quiere decir que el cálculo que hizo el mandatario para la agencia de noticias está muy por debajo de la cifra oficial que maneja el Ministerio del Interior. 

Ahora bien, de las 62.000 juntas legalmente constituidas que hay en Colombia, un poco más del 60 por ciento son rurales. No es lo mismo tener una en Bogotá que otra en una zona de conflicto. Allí, la falta de presencia institucional los convierte en la única instancia a la que la comunidad puede acudir para reclamar el acceso a bienes y servicios del Estado. Ellos son la institucionalidad. 

Esto explica por qué las juntas, órganos concebidos dentro del ordenamiento jurídico, son particularmente fuertes en las regiones donde la exguerrilla ejerció por años su influencia y se convirtieron en el primer blanco con la salida de las Farc en medio del reacomodo territorial. 

A pesar que en febrero la Fiscalía reconoció que el 50 por ciento de los homicidios cometidos han sido contra miembros de Juntas de Acción Comunal, no son las únicas víctimas. Las comunidades indígenas y afrodescendientes son las otras dos poblaciones que vienen padeciendo la ola de asesinatos. Incluirlos entre los cálculos que hizo el presidente elevaría la cifra considerablemente. 

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Su vida, sin embargo, no solo está en riesgo por participar de las JAC o pertenecer a grupos étnicos o minoritarios. En muchos casos las víctimas además estaban vinculados a un proceso de reclamación de tierras, porque estaban sacando adelante el proceso de sustitución de cultivos ilícitos o se opusieron a la incursión de nuevos grupos armados a sus territorios. En ese universo tampoco tuvo en cuenta cuenta las organizaciones o los funcionarios públicos que trabajan por la defensa de los derechos humanos

Los pasos andados

El presidente Duque, en el mismo tono del gobierno Santos, echó mano de los datos que lleva la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU y no de los que viene consolidando la Defensoría del Pueblo. A pesar de ser la entidad Estatal encargada de velar por los derechos humanos, sus informes no parecen ser tenidos en cuenta. 

En esta ocasión, por ejemplo, el mandatario se refirió a la cifra de asesinatos que manejaba las Naciones Unidas en su Gobierno y las 23 categorías de víctimas que tiene el organismo internacional. En parte esta postura se debe al costo político que acarrearía reconocer una cifra tan alta de muertes, como la que viene consolidando la entidad de Carlos Negret Mosquera, el Defensor del Pueblo 

Desde la firma del acuerdo de paz, alrededor de 486 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados. Solo en 2019 la cifra alcanza los 49. Comunales, activistas, étnicos, víctimas, sindicalistas, líderes académicos y juveniles, son algunas de las categorías que maneja la entidad. Entre ellas también se incluyen los comunitarios que aunque no pertenecen a una asociación como tal, ni tienen certificado, son reconocidos entre las comunidades por el liderazgo. 

"La lectura que hizo Duque es una muestra de la improvisación que hay en el gobierno a la hora de abordar el tema. Hay falta de conocimiento de país y una minimalización estadística. Lo grave aquí es que la improvisación pone en riesgo vidas humanas", aseguró una fuente institucional consultada por SEMANA. 

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En contraste, este marte el consejero presidencial Emilio Archila sorprendió con una noticia: “No teníamos caracterización de esos líderes del programa (de sustitución de cultivos) como líderes sociales, vamos a incluirlos dentro de las rutas de las alertas tempranas, eso implica también que el Ministerio del Interior tenga un sistema de reacción rápida, lo mismo que lo tenemos para los demás líderes”, precisó a Caracol Radio.

Tanto el pronunciamiento del presidente Duque como el de Archila, para analistas consultados por SEMANA, retratan la necesidad que hay de centralizar la información. El gobierno le sigue delegando a un tercero la recolección de datos que sirvan de base para diseñar una política que le ponga punto final a los asesinatos. El problema es que las cifras no concuerdan, tampoco hay claridad en los conceptos y menos un interés por asumir con rigurosidad el control de lo que está pasando. 

Cifras engañosas 

El número de líderes sociales que hay en el país no es la única cifra que se aventuró a dar el presidente y que generó molestia, el número en la reducción de los homicidios es el otro dato con el que sorprendió. Mientras la percepción social apunta a un aumento en el número de casos, el mandatario aseguró que los números han caído un 30 por ciento. 

Entre otros, al paso le salió el director de Human Right Watch, en una reciente columna publicada en SEMANA. En ella José Miguel Vivanco explica porque la cifra que viene citando el gobierno no es más que un espejismo que manipulan a su antojo. 

"Hasta el mes pasado (junio), la ONU había confirmado 60 asesinatos de defensores de derechos humanos cometidos entre agosto de 2018 y mayo de 2019. También había documentado 88 casos durante el mismo periodo de la presidencia de Santos. Sobre esta base el gobierno argumenta que habría un descenso del 32 por ciento al comparar ambos gobiernos", advierte en una columna.

Lo que no se dice que es la ONU está verificando 43 casos más en ese periodo, así como cuatro en el de Santos. "El 6 de junio, el consejero presidencial Francisco Barbosa trinó que los casos que aún no han sido verificados son solamente “hipótesis” y por lo tanto “no pueden incluirse” en el conteo. Si bien estos casos aún no han sido confirmados, al ignorarlos completamente, el gobierno llega a una conclusión prematura y errada", agregó. 

Bajo esa lógica, como no se cuentan los asesinatos que están por confirmar, el gobierno obtiene una reducción en la cifra. "Se trata de una imagen circunstancial, que no da cuenta del fenómeno completo, sobre todo cuando hay tantos casos aún por verificar. De hecho, en las últimas tres semanas, la cantidad de casos confirmados por la ONU durante los primeros nueve meses del gobierno Duque ya ha aumentado de 60 a al menos 65. Por lo tanto, la supuesta reducción que reclama el gobierno ya ha pasado del 32 al 26 por ciento", concluye Vivanco.