La inocencia de los niños embera que pasan sus días en el parque Tercer Milenio

Conseguir agua para 300 indígenas emberas, de las etnias katío y chamí, es toda una proeza. Los botellones se deben llenar en el barrio San Bernardo para luego cargarlos por varias cuadras antes de llegar al Parque Tercer Milenio, en pleno centro de Bogotá. Pero de eso no alcanzan a ser conscientes los niños de dos y tres años que se reúnen alrededor de un hueco donde han creado un improvisado lavadero para enjuagar sus tapabocas. Dos pequeñas untan de jabón sus elementos de protección y los restriegan contra los ladrillos antes de sumergirlos en parte del líquido que tiene su familia para comer y asearse durante lo que resta de la tarde. En su lenguaje, otros menores las alientan a seguir, hasta que una joven, que se muestra molesta, las regaña y se lleva el botellón a la carpa.

Foto: Esteban Vega La Rotta / SEMANA.

El hambre no da espera y cada una de las familias alista leña y olla para cocinar plátanos verdes y los bananos que les donó una iglesia cristiana hace pocos minutos. No hay con qué sazonar, "más que algo de sal y un poco de ají", dice una de las mujeres indígenas que habita el lugar. Muchos no tienen cucharas, así que comen directamente de los platos con sus manos. Mientras tanto, los niños deambulan por los andenes, juegan con palos, carros y usan las tapas de las ollas como escudos de guerra como si estuvieran en una película.

Las niñas, amas de casa en miniatura, están pendientes de que no se apague la llama de la fogata, así como algunas otras simulan un desfile de modas al usar los zapatos de sus madres con los que se escapan de caer. Hay llanto, quejidos, pero también risas de los casi cien menores de edad que llevan más de un mes viviendo en cambuches plásticos a las afueras del parque.

Foto: La comunidad dice que sobrevive de la caridad de fundaciones y personas naturales que se conmueven con su situación. Esteban Vega La Rotta / SEMANA.

La llegada del coronavirus a Bogotá hizo aún más evidente las precarias condiciones de vida de esta comunidad que llegó a la capital en busca de un mejor futuro y que vio truncadas sus expectativas al quedarse sin techo. Fueron desalojados de algunos predios y apartamentos en Ciudad Bolívar al comienzo de la cuarentena porque no tuvieron con qué pagar un arriendo mensual o diario, y según dicen, ante la falta de ayuda del Gobierno se ubicaron en el parque Tercer Milenio para exigir sus derechos, al igual que las ayudas prometidas para soportar la pandemia.

"Chocó es una zona roja y venimos acá desplazados, luchando por nuestras necesidades", menciona Rosa, quien llegó a la ciudad en enero junto a su hijo y sobrino, ambos menores de diez años. Para ella, lo más grave de todo es que la zozobra se ha vuelto eterna y no tienen cómo dar vivienda digna a sus hijos, pero tampoco pueden devolverse a sus territorios por la falta de garantías de seguridad. Tanto en Chocó como en Risaralda, de donde provienen la mayoría, hay presencia de grupos armados que los amenazaron antes de salir y no se atreven a probar suerte.

"Tenía dos mulas, tres vacas y marranos. Era agricultor", agrega Ebelio. Él sueña con volver a su parcela en Pueblo Rico, Risaralda, pero es poco optimista y considera que la situación es insostenible para los diez integrantes de su carpa que comparten tres cobijas entre todos. La venta de artesanías, collares típicos y el trabajo informal no es suficiente para sostenerlos. "Me gustaría que los niños estudiaran", asegura, pero en cambio aprenden de la vida por sus propios medios, mientras los adultos discuten la distribución de alimentos, tapabocas y los horarios de guardia.

"Tenía dos mulas, tres vacas y marranos. Era agricultor", agrega Ebelio

Al verlos, la precariedad es evidente y el panorama es crítico, pero las inconformidades que relatan estas personas difieren de los planteamientos de la Alcaldía de Bogotá, que desde abril insiste en que ha designado funcionarios de la Personería, la Secretaría de Integración Social y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para ayudar a esta población.

Foto: Los embera chamí son inferior en número, comparados con los emberas katío que están en los cambuches. Esteban Vega La Rotta / SEMANA.

Camilo Acero, subsecretario para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos de la Secretaría de Gobierno, habló con SEMANA sobre la problemática de los emberas y retrató un panorama muy distinto. "En los últimos cuatro meses hemos invertido más de 700 millones de pesos en atención a esta población (...) todas las familias emberas están afiliadas al programa Bogotá Solidaria y eso quiere decir que reciben un giro mensual de 483.000 pesos, de los cuales 250.000 son para arriendo solidario y 233.000 para otras necesidades", dice.

A la par, expresa que la Unidad de Atención y Reparación Integral a las víctimas les ha hecho dos giros a las familias, cada uno por 420.000 pesos. Sin embargo, los indígenas niegan rotundamente haber recibido estas ayudas y, como refuta Luis Eduardo Campo, líder de los embera katío, "del gobierno no hay garantía hasta el sol de hoy". La comunidad dice que vive de la caridad de las fundaciones y de lo que ellos mismos se rebuscan, pero no, de los programas distritales.

Además, otro de los puntos a discusión es si hay o no contagio de coronavirus en el grupo de 300 personas. Acero afirma que el asunto es delicado porque "ellos han rechazado las ofertas de albergues y la atención en salud. Hay que decir que siete personas que han dado positivo en la prueba de covid-19 han estado en el campamento sin uso de tapabocas o un elemento de bioseguridad".

Siete personas que han dado positivo en la prueba de covid-19

En respuesta, Campo dice que la noticia difundida sobre el estado de salud de las siete personas es inventada. "Nosotros somos indígenas, resistentes. No hay covid-19. Durante treinta días no ha pasado nada", añade. Otras personas entrevistadas por este medio coinciden en decir que ni los niños, mujeres embarazadas o los ancianos están enfermos, pese a que la lluvia y los ventarrones son frecuentes. Para ellos, la pandemia es una excusa para llevarlos a albergues temporales donde solo les ofrecen días de refugio y no los cuatro años de vivienda que supuestamente les prometió el Distrito.

Foto: Esteban Vega La Rotta / SEMANA.

El subsecretario Acero resalta que desconoce de dónde sacaron tal argumento. "Ellos tienen una petición inusual de que nosotros podemos darles los edificios que tiene las SAE (Sociedad de activos especiales) o que les garanticemos vivienda por cuatro años, lo cual para el Distrito es imposible hacer", concluye.

En todo caso, mientras las autoridades de Bogotá y los voceros del pueblo embera discuten una solución, lo único visible es que los niños y niñas no pierden la ingenuidad e inocencia al encontrarle el lado bueno de divertirse al borde de la Avenida Caracas, en uno de los sectores más emblemáticos y complejos de la capital.