Cuatro años de la firma del acuerdo con las Farc: ¿Cómo va la paz?

Si un ciudadano enciende un noticiero o abre las páginas de un periódico, tal vez no crea que hace apenas cuatro años el país hablaba del fin del conflicto. Entre una oleada de noticias de masacres, asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de las Farc, es fácil pensar que en Colombia con la firma del acuerdo de paz no cambiaron muchas cosas. El país atraviesa un momento muy turbulento, de gran escepticismo colectivo, y en el ambiente reinan el temor y la incertidumbre como pocas veces en la historia reciente.

La mitad de ese sentimiento obedece a la pandemia y la otra mitad, a la situación de orden público. Esto último le ha hecho caer bastante agua sucia al acuerdo de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos. Con el tiempo, solo una minoría lo defiende a capa y espada y otra lo rechaza con vehemencia. Pero, para el grueso de los colombianos, el tema del acuerdo de paz quedó atrás y hoy lo perciben con indiferencia.

La anterior es la versión del vaso medio vacío. Pero también está la del vaso medio lleno. De no haber terminado la guerra con las Farc, la situación ahora sería mucho peor. Si algo de lo que se concibió en La Habana salió bien fue el desarme de más de 10.000 hombres y mujeres de esa organización guerrillera. El país no sería el mismo si entre las montañas y las selvas de Colombia esos miles de guerrilleros –fuertemente armados, con unidad de mando y conocimiento de la guerra y el territorio– continuaran disparando contra los soldados y la población civil, tratando de derrocar el régimen establecido.

El texto acordado en La Habana, según las propias Naciones Unidas, es el más integral y el más progresista firmado hasta ahora. No solo porque incluyó reformas estructurales necesarias para el país, sino porque, por primera vez, puso a las víctimas en el centro de la discusión y planteó crear un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Como desde el tratado de Roma la Corte Penal Internacional no permite la impunidad para los delitos de lesa humanidad, en los acuerdos de La Habana, por primera vez, los culpables de esos delitos aceptaron someterse a una justicia transicional. El papel aguanta todo, pero algo va de Dinamarca a Cundinamarca.

Los cambios estructurales resultantes del acuerdo no se han ejecutado. Como pasa siempre, el salto de las buenas intenciones a la realidad está plagado de obstáculos, contratiempos y desafíos. A la oposición política, montada por el Centro Democrático y otros sectores, se sumaron los problemas logísticos, burocráticos y presupuestales, que redujeron la capacidad del Estado para llevar a cabo lo acordado. Esto queda en evidencia claramente en el nuevo informe del Instituto Kroc según el cual, al terminar el tercer año, “El 25 por ciento de las disposiciones se ha implementado completamente, un 15 por ciento tiene un nivel de avance intermedio, un 36 por ciento de los compromisos está en estado mínimo y el 24 por ciento no se ha iniciado”.

Escuche el pódcast sobre las víctimas de las FARC

Santos le echa la culpa al presidente Iván Duque de este muy regular resultado y viceversa. Los dos tienen algo de razón. El anterior Gobierno negoció un acuerdo teóricamente muy bueno, pero con dos grandes lunares. Por un lado, el Estado no copó –ni con Ejército ni con bienes públicos– rápidamente las zonas controladas por las Farc, lo que les permitió a otros grupos armados hacerlo. Y, por otro lado, el “incentivo perverso” de garantizarles el pago a los cultivadores de coca ayudó a incrementar el área sembrada, que hoy bordea las 200.000 hectáreas.

El mandatario, por su parte, ha tenido que caminar en un difícil equilibrio entre las presiones de la comunidad internacional y de varios sectores del país, que exigen cumplir los acuerdos, y las de su partido, que los rechaza y siente que le pusieron conejo en el plebiscito. Esto lo llevó a una doble estrategia: apoyar lo relacionado con la reintegración de los guerrilleros desmovilizados, pero meterles operación tortuga a las reformas estructurales pactadas. En lo de la reintegración, el Gobierno cumplió y a la cabeza de esto se encuentra Emilio Archila, un funcionario muy competente y comprometido de verdad con la paz. Pero, en materia de reformas constitucionales, de curules para las víctimas, de desarrollo rural integrado y de reforma política, se impuso más el freno del uribismo y de los opositores al proceso.

Aun así, pese a que a algunos colombianos no les gusta ver a los exguerrilleros de la Farc en el Congreso, esa es una de las buenas noticias de la implementación. La bancada pudo integrarse satisfactoriamente a la vida política y hoy forma parte importante de la coalición parlamentaria opositora al Gobierno del presidente Duque. A personajes como Carlos Antonio Lozada o Pablo Catatumbo se les ve cómodos en los debates del Congreso.

La integración en ese punto tuvo tanto éxito que, en ocasiones, hasta el propio Álvaro Uribe se sentó con ellos a discutir detalles de la agenda legislativa nacional. A estas buenas noticias se añade la puesta en marcha del Estatuto de la Oposición, un clamor que venía desde la carta magna de 1991. Por el lado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no todo ha funcionado.

El presidente Duque ha tenido una posición ambivalente. Para complacer a su partido, se embarcó en una lucha política en el Congreso con unas objeciones a la JEP en las que lo derrotaron y perdió tiempo valioso. Pero los problemas que enfrenta la JEP ante la opinión pública no obedecen solo a la postura del Centro Democrático, sino a inconvenientes internos de funcionamiento y a la actitud de las Farc.

Tampoco ayudaron las demoras en los fallos judiciales, además de las declaraciones desafortunadas y las salidas en falso de los miembros del hoy partido político. Prácticamente, todos los colombianos, incluso aquellos que apoyaron los acuerdos, se indignaron cuando algunos de los líderes desmovilizados negaron crímenes tan evidentes como el secuestro o el reclutamiento infantil. Lo mismo sucede con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que ha tenido progresos desiguales.

La JEP avanza en varios de los macrocasos, y, más temprano que tarde, determinará las responsabilidades colectivas e individuales y dictará sentencias, y la Comisión de la Verdad comenzó a andar. Pero la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas no despegó. Por otro lado, las disidencias, que hoy están en el monte, le hicieron mucho daño al proceso de paz. Se volvieron protuberantes cuando llegaron los miembros de la cúpula de las Farc Iván Márquez, Jesús Santrich, alias el Paisa y alias Romaña, que luego de entregar las armas decidieron volver a empuñarlas.

A esto le quieren dar un trasfondo político de refundar las Farc cuando en realidad solo tratan de escapar de la justicia que los busca por narcotráfico. Pero con esos disidentes más el ELN y las bacrim, Colombia tiene hoy 7.000 hombres ilegalmente armados y en pie de guerra. Esto se refleja en la cruda situación de orden público que vive el país y que deja como resultado el aumento exponencial de asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc, sin contar la reaparición de las masacres. Los índices van de mal en peor: a los más de 500 líderes sociales asesinados entre la firma de los acuerdos y finales de 2019, según las cifras de la Defensoría del Pueblo, se añade que “2019 fue el más mortal para los excombatientes de la extinta guerrilla, con 77 asesinatos, lo que en términos de tasa de homicidios es casi 23 veces más”, según el Instituto Kroc.

En suma, una evaluación de los cuatro años de la primera firma de los acuerdos de paz con las Farc lleva a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Pero, sin duda, el país estaría peor con las Farc en el monte y no en el Congreso.