Cuatro años ocupó al Congreso una ley para las víctimas

Hasta el año 2007, Juan Fernando Cristo (Partido Liberal) había renunciado a su condición de víctima del conflicto. Desde que el ELN asesinó a su padre, el senador Jorge Cristo, en 1997, su fórmula para cerrar las heridas había sido el silencio, la negación y el olvido.
 
Pero dos hechos lo llevaron a cambiar de parecer. A comienzos de ese 2007 Cristo aceptó la invitación de la organización Víctimas Visibles (Universidad Sergio Arboleda), dirigida por su amiga Diana Sofía Giraldo, quien lo trató de convencer para que el Congreso estudiara una legislación que se ocupara de las víctimas.
 
Poco tiempo después salió publicado el libro ‘El olvido que seremos’ (Héctor Abad Faciolince) y su lectura lo llevó a convencerse de que la mejor forma de hacer el duelo era aceptar su condición de víctima.
 
Estos fueron los hechos que motivaron al senador de Norte de Santander a asumir unas banderas que hoy el país no ha dejado de reconocerle. Decidió estudiar las legislaciones que en España se aplicaron para las víctimas de la guerra civil y la dictadura del franquismo.
 
En Colombia, el Congreso se encontraba en la peor crisis institucional de su historia. Después de haber aprobado la controvertida ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de las Autodefensas a cambio de penas de cárcel que no excedían los ocho años, el legislativo afrontaba las consecuencias del escándalo de la ‘parapolítica’.
 
Senadores y representantes de los partidos cercanos al entonces presidente Álvaro Uribe habían sido detenidos por orden de la Corte Suprema de Justicia en un proceso judicial que terminó con casi un centenar de dirigentes políticos condenados e investigados por sus nexos con el paramilitarismo, e incluso, en algunos casos muy puntuales, como financiadores y determinadores de algunas masacres.
 
Con ese panorama, Cristo, que hacía parte de las filas de la oposición, lideró una audiencia en la plenaria del Senado en la que por primera vez el parlamento cedería la palabra a las víctimas de los grupos armados de extrema derecha e izquierda.
 
Aquella audiencia, celebrada el 24 de julio de 2007, lesionó aún más la imagen del Senado. Tan solo cerca de treinta parlamentarios escucharon hasta el final los testimonios de víctimas que habían viajado desde distintos rincones del país a exponer su tragedia.
 
La precaria asistencia contrastaba con aquella sesión del 2003 en la que se reunieron en pleno los 268 congresistas en el salón elíptico del Capitolio. No hubo una sola curul vacía ante la invitación que hizo el Congreso a los jefes paramilitares Ramón Isaza, Ernesto Báez y Salvatore Mancuso, en la que incluso, fueron aplaudidos los discursos de los líderes de las autodefensas.
 
La frustración de ver que el Congreso se vació para escuchar a las víctimas -reconoció Cristo- fue una herida más que lo llevó a meterse de lleno con una legislación que fuera generosa con ellas, antes que generosa con los victimarios.
 
Así nació un proyecto que por cuatro años polarizó a los partidos políticos. Pasó por las manos de dos presidentes de la República, tuvo el papel determinante -para su éxito o su fracaso- de tres ministros del Interior, y la dirección de tres presidentes del Congreso.
 
Pero que finalmente se aprobó en la noche del 24 de mayo de 2011, cuarenta y seis meses después de que las víctimas quisieron hacerse oír en el Capitolio.
 
El camino
 
El 2 de octubre de 2007, el senador Juan Fernando Cristo radicó en la Comisión Primera del Senado un ambicioso proyecto que buscaba reparar a las víctimas de la violencia en Colombia. Ambicioso porque no excluía a ninguna persona a la que se le hubiese vulnerado sus derechos por causa de la violencia y se concentraba en 123 artículos.
 
Tres meses después, el 11 de diciembre de 2007, el proyecto empezaba su carrera. Fue aprobado en menos de diez minutos, sin mayor discusión y con poca atención de la opinión pública y los medios de comunicación. Todo gracias a esa máxima parlamentaria que indica que “un primer debate no se le niega a ningún proyecto”.
 
El proyecto fue votado, además del Partido Liberal y el Polo (que oficiaban como oposición) por la entonces coalición de gobierno integrada por La U, el Partido Conservador, Cambio Radical y Alas Equipo Colombia.
 
Al año siguiente, el gobierno de Álvaro Uribe se percató de la iniciativa. En buena parte porque las Naciones Unidas, varias ONG defensoras de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Reparación y la Procuraduría (entonces en la jefatura del liberal Edgardo Maya Villazón) veían con beneplácito el proyecto.
 
El segundo debate tuvo como protagonista al entonces ministro del Interior Carlos Holguín Sardi, quien trató de modificar el 20 por ciento de la iniciativa con el argumento de que “crearía falsas expectativas”.
 
El Partido Liberal, que había asumido la defensa de la ley, incluso en cabeza de su entonces jefe único, el expresidente César Gaviria, logró imponerse al gobierno. Cambio Radical, un partido que contaba con la fuerza de 18 senadores, se rebeló al gobierno y fue clave.
 
El ministro Holguín tuvo que enviar el mensaje de que el gobierno no estaba en contra del proyecto y permitió que superara su segundo debate. Eso sucedió el 19 de junio de 2008, pero desde allí, todo cambiaría.
 
La polarización
 
El gobierno asumió el liderazgo de la Ley de Víctimas. Expresó su vocación por ajustar el proyecto y meses antes, el 22 de abril de 2008, había firmado el decreto para reparar administrativamente a víctimas de los grupos ilegales.
 
Para el tercer debate, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el gobierno sorprendió al radicar una ponencia alternativa. El representante conservador Jorge Humberto Mantilla fue el contradictor de la ponencia inicial que en ese entonces defendía el liberal Guillermo Rivera.
 
Mientras la ponencia de Rivera incluía a las víctimas de agentes del Estado, y la indemnización contemplada establecía el llamado lucro cesante (calculaba el monto por el dinero que la víctima había dejado de percibir desde que se vulneraron sus derechos), la de Mantilla sólo reconocía a víctimas de agentes del Estado con previa sentencia judicial y acogía el máximo de 40 salarios mínimos como indemnización, contemplado en el decreto firmado por el presidente Uribe.
 
En la Comisión Primera, el gobierno sí consiguió imponer sus mayorías y se aprobó la ponencia alternativa del Partido Conservador.
 
Para ese entonces, Uribe tenía una nueva ficha, el ministro del Interior era Fabio Valencia Cossio, quien consiguió imponer las condiciones del gobierno en los temas más controvertidos. Guillermo Rivera dijo, en la noche del 13 de noviembre, cuando se aprobó el tercer debate, que la Ley de Víctimas “había sido descuartizada”.
 
Antes del que sería el último debate, Valencia Cossio marcó las prioridades del Congreso. Consiguió que la plenaria de la Cámara, aquel mes de diciembre de 2008, le diera prioridad al estudio del referendo de la segunda reelección.
 
Por eso, el último debate solo apareció siete meses después, el 17 de junio de 2009. Ese día se aprobó el último debate pero, como le gustaba al gobierno, es decir, el mismo texto que se había aprobado en tercer debate.
 
El entierro
 
Al proyecto sólo le faltaba la conciliación entre Senado y Cámara para convertirse en ley y ser sancionado por el presidente Álvaro Uribe. También fue un pulso polarizado en el que el Partido Liberal se jugó sus últimas cartas.
 
Por esos días, Cambio Radical estaba apartado de la coalición uribista y el representante Germán Varón, quien oficiaba como presidente de la Cámara de Representantes, conformó una comisión de conciliadores (12 senadores y 12 representantes) que le dieron un giro a la ley.
 
Los conciliadores decidieron acoger el texto que había sido aprobado por el Senado y que no gustaba al Gobierno.
 
Por eso, de forma urgente, el presidente Uribe envió a su ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, para impedir que el proyecto fuera aprobado por el Congreso. Zuluaga le envió una carta al Congreso en la que afirmaba que la Ley de Víctimas no era viable fiscalmente. Con ese concepto, y con el argumento del presidente que la ley “trataba por igual a terroristas que a soldados y policías”, la coalición uribista decidió sepultar la ley de víctimas.
 
La resurrección
 
En junio de 2010, y a tres semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el excandidato presidencial y jefe único del Liberalismo, Rafael Pardo, se reunió con Juan Manuel Santos, candidato de La U, y adhirió a su campaña.
 
Como compromiso, le pidió acoger dos de sus propuestas de campaña, la ley de primer empleo y la Ley de Víctimas. El 20 de junio de de 2010 Santos gana la presidencia con más de nueve millones de votos.
 
Y casi tres meses después, el 27 de septiembre, y en un hecho sin antecedentes, un presidente de la República se dirige al Congreso para radicar personalmente el proyecto de Ley de Víctimas. “Si se aprueba esta ley habrá valido la pena ser Presidente”, dijo Santos en aquella ocasión.
 
Los ministros de Interior, Germán Vargas Lleras, y el de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, toda vez que el proyecto incluía un ambicioso capitulo de restitución de tierras, fueron encomendados para impulsar la ley.
 
Los obstáculos
 
Pese al mensaje político del Gobierno, el Partido Conservador decidió radicar su propio proyecto de ley de víctimas, y posteriormente, el representante Miguel Gómez (La U), radicó una ponencia que no acumulaba el capítulo de restitución de tierras.
 
La situación motivó el primer conato de oposición al Gobierno que tuvo que ser subsanado por el propio presidente Juan Manuel Santos en una mesa de la ‘Unidad Nacional’.
 
Conservadores y La U revivían las preocupaciones sobre el impacto fiscal e incluso el reconocimiento de víctimas de agentes del Estado.
 
A pesar de eso, los ministros Vargas Lleras y Restrepo consiguieron que entre octubre y diciembre de 2010 la Cámara de Representantes aprobara los dos primeros debates del proyecto.
 
En ellos quedó consagrado el principio de buena fe de las víctimas, sin necesidad de sentencia judicial, para reclamar indemnización y que esta sería desde el 1 de enero de 1991, al igual que la restitución de la tierra.
 
El regreso de Uribe
 
El pasado 12 de marzo, la comisión primera del Senado aprobó en tercer debate la ley de víctimas. Amplió la fecha de reparación hasta el 1 de enero de 1985, por proposición del senador Roy Barreras, de La U.
 
Sin embargo, otro sector de ese partido había intentado radicar una ponencia que revivía el debate sobre los agentes del Estado.
 
La propuesta surgió a través de un correo electrónico que un estudiante de Derecho, cercano al expresidente Álvaro Uribe, había enviado a los senadores de La U que fracasaron en su intento de revivir el debate.
 
Pero la intervención directa del expresidente Álvaro Uribe se produjo el 9 de mayo. Uribe rechazó que la ley reconociera la existencia del conflicto armado porque eso podría legitimar a los terroristas.
 
Por eso convocó a cinco senadores de su entraña, todos de La U, (Armando Benedetti, Juan Lozano, Roy Barreras, Juan Carlos Vélez Uribe y Eduardo Enríquez Rosero) para evitar que la ponencia reconociera el conflicto.
 
El presidente Juan Manuel Santos había pedido ese reconocimiento con la intención de que en la ley no se colaran víctimas de delitos comunes e incluso de bandas criminales.
 
Santos tuvo que reunir a la cúpula militar con la bancada de La U para convencerlos de que el reconocimiento del conflicto no allanaba el camino para concederle estatus de beligerancia a las FARC y que sería la única fórmula para legitimar las acciones ofensivas contra la subversión.
 
El final
 
La controversia se saldó con una modificación del texto en el que se reconocía el conflicto, pero a la vez se calificaba a las FARC como terroristas. El Gobierno no se opuso a ese ajuste.
 
Y tras un debate frustrado, y gracias a una dirección ágil del presidente del Senado, Armando Benedetti, en solo una plenaria, la de este 24 de mayo, fue aprobado en último debate los 210 artículos de la Ley de Víctimas y con un consenso general, pues a pesar de que el Polo calificó la Ley como “buena pero insuficiente”, liberales, conservadores, La U, Cambio Radical, el Partido Verde, el Mira, el PIN y los movimientos indígenas, estrecharon su mano y sacaron adelante una ley que el presidente Santos calificó de histórica.
 
Así, vendrán diez años de vigencia de una ley que pretende devolver dos millones de hectáreas a sus verdaderos dueños y reparar a un universo de víctimas estimado en no menos de cuatro millones de personas.