Cúcuta: problemas en la frontera

Siguiendo las señas que le daban por su celular, Luis Vega, un curtido abogado de 73 años, llegó a Carmen de Tonchalá, un sector a las afueras de Cúcuta, para atender una invitación a almorzar de un nuevo cliente que quería que asumiera un complejo caso judicial.

De un momento a otro el carro, en el que también viajaban su esposa y su hija, terminó en una angosta trocha de la que salieron tres hombres armados que los pararon y se llevaron a Vega. A las dos mujeres las amordazaron y las dejaron tiradas en una cañada. Les dijeron que “estuvieran boca abajo por dos horas y que no llamaran a la Policía, si no lo iban a lamentar”, relató Marby Suárez, otra de sus hijas. Cuatro horas después, las dos lograron llegar a la casa y contaron lo ocurrido. Luis Vega ya completó casi dos semanas desaparecido. Ni el párkinson, la tensión alta o los problemas de circulación que sufre han hecho que sus captores lo liberen o que por lo menos se contacten con su familia para conocer sus peticiones.

Este secuestro ocurrió días después del famoso caso de la niña Daniela Mora, hija de Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, que sacudió al país y que terminó con su pronta liberación. Estos hechos, unidos a la creciente sensación de inseguridad que viven los habitantes de Cúcuta, donde el hurto callejero y de motos, entre otros, están disparados, han puesto al descubierto que en esa ciudad algo está pasando en materia de seguridad.

Es claro que por estar en una zona de frontera, la capital de Norte de Santander tiene una situación diferente a las demás capitales del país. Por allí se mueve una gigantesca economía ilegal que, alimentada por el contrabando y el narcotráfico, ha hecho que las FARC, el ELN, el EPL, así como los Rastrojos, los Urabeños, el Clan Úsuga y otras bacrim se enfrenten por controlar esas importantes fuentes de financiación. Ese choque de fuerzas es culpable, en buena medida, de los asesinatos y las desapariciones que se están dando en esa zona.

Según el informe del Consejo de Seguridad Pública y Justicia Penal, realizado en México, Cúcuta ocupa el puesto 47 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Además del secuestro, a los cucuteños los alteran los 55 homicidios que se han registrado este año, lo que los haría pensar que esa cifra puede superar los 195 ocurridos el año pasado.

En Cúcuta se ve no solo el ‘raponazo’ de cadenas o celulares, sino también mucho robo a mano armada, que según algunos expertos se ha disparado por la presencia de delincuentes y prostitutas venezolanas que prefieren ganar en pesos.

Si bien los operativos y controles de la Policía se han ampliado, a los cucuteños les da miedo salir en ciertas horas y zonas. Sin embargo, el general Jaime Vega Álvarez, comandante de la Región 5 de Policía, que cubre a Norte de Santander, asegura que Cúcuta no es tan insegura si se la compara con otras capitales. “‘Cúcuta cómo vamos’ dice que 23 personas de cada 100 se sienten inseguras. Es decir que el 77 % se sienten seguras. Comparado con otras ciudades en cuanto a percepción es menor, eso es una muestra que la ciudad no está tan mal”.

El coronel Jaime Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, tiene certeza de que el problema en la ciudad no es la inseguridad sino el desempleo. En Cúcuta no hay hurto a bancos, en lo que va corrido del año se han presentado siete casos de fleteo, no existe el paseo millonario, no hay problemas de pandillas o líneas imaginarias, lo que sí existe en otras ciudades. Por tanto desempleo hay quienes optan por robar, y uno de los elementos más hurtados son las motos que cuestan 500.000 pesos en Venezuela, pues el desabastecimiento de repuestos en ese país ha disparado el negocio de desguace.

Lo que a algunos les preocupa es que detrás de los buenos indicadores del delito se oculta un refinamiento del mismo. Por ejemplo, la Policía destaca que ni en la central de abastos de Cúcuta ni en Alejandría –los San Andresitos de la ciudad– haya denuncias de extorsiones. Sin embargo, desde hace tres años ha surgido una modalidad que consiste en lanzar granadas como método de presión para cobrar vacunas en locales comerciales, algo que aún persiste. Hace tres años hubo 24 de estos explosivos en la ciudad, el doble de la cifra registrada el año pasado.

La Policía, sin embargo, no desconoce que la frontera tiene ingredientes para ser una zona convulsionada, pues el narcotráfico y el contrabando de gasolina son una mezcla peligrosa. Esta última es uno de los insumos básicos para procesar la hoja de coca. Además, la más reciente cifra oficial de cultivos ilícitos en Norte de Santander indica que en el Catatumbo hay 6.345 hectáreas de ese cultivo, es decir, el 13,16 % de las sembradas en Colombia. Por trochas o lugares concurridos, se mueven 11 toneladas de droga al año. “Se han descubierto 51 trochas y se adelanta un trabajo con la Guardia venezolana. Con los operativos se han hallado y destruido 124 laboratorios de hoja de coca, lo que ha dejado la captura de 218 personas”, recalcó el coronel Jhon Aroca, comandante de la Policía departamental.

Fuera de la lucha con las FARC y el ELN, uno de los objetivos de la Policía de Norte de Santander es Megateo, considerado el capo del tráfico de armas y drogas en el Catatumbo. Se llama Víctor Ramón Navarro Serrano y permanece custodiado por un número indeterminado de habitantes de municipios como Convención y San Calixto.

Organizaciones de derechos humanos de Norte de Santander, como la Fundación Progresar, han denunciado que otra  de las problemáticas de la región es la desaparición forzada, que mientras en 2014 llegó a 318 denuncias, a finales de abril de este año ya bordea las 110. Esto ha ido de la mano de los homicidios al señalar que, según cifras de la fundación, del total de los crímenes en Cúcuta, 175 fueron perpetrados por sicarios.

En concepto de su director, Wilfredo Cañizares, las percepciones de inseguridad de la gente existen porque ha perdido la confianza pues “hay sectores de la fuerza pública proclives a la convivencia con sectores criminales”. Progresar le ha pedido al gobierno que le dé un tratamiento diferencial a la criminalidad, con respecto a lo que se aplica en el resto del país, de acuerdo con todos los grupos que convulsionan la región; pero, además, le exige que ‘le pague’ la deuda social y económica a Cúcuta, al haberla olvidado en cuestiones de desarrollo y emprendimiento.

Mientras eso pasa la deuda seguirá creciendo, y el temor a un secuestro, una extorsión, un robo o un asesinato seguirá siendo parte de una cifra estatal.