Cuenta regresiva para la prescripción de InterBolsa

Por tercera vez desde que se posesionó como fiscal general, Néstor Humberto Martínez le pide al Consejo Superior de la Judicatura que designe jueces y magistrados que puedan tener dedicación exclusiva al caso de InterBolsa. Al igual que en anteriores oportunidades, Martínez llama la atención porque lo que está corriendo es el cronómetro de la prescripción para los casos de nueve de los cerebros de uno de los mayores descalabros financieros.  

En una carta enviada a Martha Lucía Olano, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, el fiscal general manifesta su preocupación y le pide se considere la posibilidad de cambiar la metodología para atender el proceso, ya sea poniento funcionarios judiciales que se dediquen únicamente al caso o que se adopte cualquier medidas que considere la corporación para dar celeridad. Solo así se evitaría que los esfuerzos de la administración de jusicia terminen en fallos absolutorios o en inminente prescripción penal. 

En el marco de las insistentes solicitudes de libertad de los implicados, ya Martínez Neira había denunciado y compulsado copias para que se investigaran las dilaciones de los abogados. "Las únicas audiencias que se cumplen en caso Interbolsa son las de libertades", dijo en una de sus intervenciones.

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En este nuevo llamado de atención, el fiscal recapitula que el conocimiento de los hechos delictivos se tuvo en noviembre del 2012, las judicializaciones mediante imputación de cargos se hicieron en el 2013 y el escrito de acusación se radicó en marzo del 2014. Es decir, han pasado 3 años sin que hasta la fecha sea posible hacer un "pronóstico" de cuándo terminará el juicio. 

"Ya cuatro años después de la imputación continuamos en audiencia preparatoria sin que se avisore la iniciación del jucio oral", indica el ente investigador. 

Para la Fiscalía, las dilaciones obedecen a actuaciones de los sujetos procesales, a la evidente complejidad del caso y a la excesiva carga del despacho judicial, que debe atender también otros procesos. Esta condición -dice el fiscal- favorece la estrategia de la defensa, pues ante la continua reprogramación de audiencias por aplazamientos, inasistencias, etc, las mismas solo pueden reprogramarse para semanas o meses después.

Entre los alargues que se cuentan en este caso están los tres meses que se tardó el reconocimiento de víctimas por cuenta del paro judicial del 2014; los seis meses que demoró llegar a las audiencias de acusación y preparatorias, mientras se definía la solicitud de la defensa de hacer la conexidad procesal; o el año que ha tardado la defensa para recaudar elementos probatorios, mientras que la Fiscalía hizo su descubrimiento probatorio hace un año. 

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Al listado también se suma un error judicial atribuible al juzgado que llevó a que el proceso se suspendiera 10 meses mientras se subsanaba el vicio que produjo el que uno de los procesados no tuviera derecho a la defensa. 

En la audiencia preparatoria que cursa actualmente, la defensa solicitó incorporar 1.347 elementos probatorios y 625 testigos al juicio. Para este último caso, la diligencia tuvo que ser reprogramada para el 29 de enero y aún le falta el trámite de recursos de ley. 

En síntesis, los tiempos están corriendo en contra de la administración de justicia. Y el cambio de metodología sigue siendo la única salida para dar una respuesta a este el tercer campanazo, que alerta por inminente impunidad.