Cuestionan decisiones de la JEP y advierten posibles beneficios para estructuras criminales

El jueves 5 de agosto, la Jurisdicción Especial para la Paz anunció el rechazo al sometimiento solicitado por Enilce López alias ‘La Gata’ por considerar que el ofrecimiento de verdad no era suficiente para tener los beneficios del Tribunal y que en la justicia ordinaria ya se había contado la información que tenía.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz consideró que la solicitud no cumplió con los requisitos establecidos para quienes piden acogerse de manera voluntaria y por esa razón se le cerró la puerta.

Por esa razón, Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, aseguró que esa decisión de la JEP podría beneficiar a estructuras que han estado relacionadas con el conflicto, ya que no se conocería la verdad de lo que ocurrió y las víctimas quedarían sin ese derecho.

“El espíritu de la JEP es permitirle a las víctimas saber la verdad y ser resarcidas. En el Caribe colombiano hay empresarios y políticos, que al parecer pactaron con organizaciones que operaban fuera de la ley, y es por esta razón que las declaraciones de Enilce López resultarían una caja de Pandora, que podrían revivir sonados procesos y al tiempo tocar las estructuras políticas y empresariales que se han tomado el poder por medio de casas electorales, financiadas por debajo de la mesa”, dijo Bustos.

El abogado agregó que esa era una razón “suficiente para que el exalcalde Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, debe ingresar a la JEP para que su progenitora cuente la verdad de lo ocurrido en la costa Caribe por más de tres décadas, que de otra forma seria imposible establecer, probar y conocer”.

Por ello, anunció que de ser necesario acudirá a instancias internacionales para que en Colombia se sepa la verdad de lo ocurrido en el conflicto, ya que justamente la JEP se creó con tal finalidad. “La Organización Red de Veedurías de Colombia, tramita acciones legales dentro y fuera del país para que las personas que se vieron involucradas en el conflicto armado que por décadas golpeó distintas zonas de Colombia sepan la verdad de lo que pasó, cuyos nombres propios y testimonios deben ser revelados”.

A juicio de Bustos, todos los insumos que estén orientados a conocer la verdad del conflicto deberían ser aceptados por la JEP para que las víctimas puedan ser reparadas de esa manera. “La verdad que demandan las víctimas, y que reclamamos millones de colombianos, solo puede ser reconstruida a partir de la narrativa capaz de dar cuenta de sus máximos coprotagonistas y dirigentes, sin los cuales la verdad sería una verdad a medias; esto es una mentira y la justicia fragmentada, es decir, insuficiente e inequitativa, por lo cual se debe saber a fondo toda la verdad”.

No obstante, la JEP aclaró que no tiene competencia sobre los grupos armados ilegales distintos a las FARC-EP, como los grupos paramilitares. “Y, por la vía de tercero civil como se postuló López Romero a la JEP, ella no cumple las condiciones exigidas, por haber sido parte de las AUC, como estableció la justicia ordinaria”.