Cultura ciudadana por decreto

Desde hace algún tiempo Diana Sofía asegura sus ingresos en una de las avenidas del centro de Medellín. Al final de cada tarde sale de su casa muy arreglada y en vez de llegar al restaurante donde cree su mamá que trabaja hasta más allá de la media noche , se desvía hacia una conocida zona de bodegas y almacenes que tiene la particularidad de cambiar totalmente su actividad comercial después del cierre. Allí Diana se une a cualquiera de los tantos grupos de jóvenes que se paran en las esquinas a la espera de algún vehículo que las recoja y su dueño pague por sus servicios.

Pero con la llegada del nuevo alcalde de esa ciudad, Luis Pérez Gutiérrez, las cosas se han complicado para Diana y la apabullante cantidad de niñas que viven del comercio sexual en las calles por causa de la pobreza creciente , el alto índice de desempleo de la ciudad y la falta de educación. "Las patrullas de la policía se pasean recogiendo muchachas todas las noches y nos amenazan con detenernos si nos vuelven a ver por allí", dice entristecida esta joven de 17 años que se lamenta de no encontrar otra cosa que hacer y además teme que su familia se entere de su verdadero trabajo si el alcalde decide hacer públicas las grabaciones que sus funcionarios han hecho en sus operativos nocturnos.

"No podemos seguir soportando que nuestras calles estén llenas de niñas que ejercen la prostitución o de niños que no han podido ir a la escuela" recalca el alcalde Luis Pérez. Apoyado en datos de Bienestar Social de Medellín, Pérez asegura que en cada operativo que realizan en sectores como la Avenida 33 en el centro de la ciudad, encuentran cada noche un promedio de diez menores ejerciendo la prostitución. "Por eso no ahorraremos esfuerzos y obligaremos a los padres a que recojan estos menores porque sabemos que la mayoría trabajan al escondido de sus familias."

La lucha contra la prostitución es apenas una de las medidas que ha anunciado el nuevo alcalde de la capital paisa y que contemplan además el toque de queda para los menores de quince años a partir de las diez de la noche y la prohibición estricta de la venta de licor a ellos, un toque de queda a partir de las ocho de la noche para toda la familia un día al mes y la educación obligatoria para los menores de quince años. A esta lista se suma la prohibición de los after party o lugares informales de rumba después del toque de queda y sanciones drásticas para los conductores alicorados .

Si bien varias medidas ya están siendo aplicadas (lucha contra la prostitución en las calles y el cierre de establecimientos que vendan licores a menores) otras como los toques de queda empezarán a hacerse efectivas a partir de marzo. El solo anuncio de estas medidas ha abierto un intenso debate entre columnistas, padres de familia, constitucionalistas y comerciantes, quienes se han referido especialmente aquellas medidas que cobijan a los menores. Las opiniones resultan divergentes, van desde los que piensan que estas son unas medidas de primera necesidad hasta los que respaldan la tesis de que acabarán siendo solo mecanismos de represión.



Hay razones

Pero la cultura ciudadana al estilo de los alcaldes está de moda en el país. Ya no es solo Bogotá quien impone las horas zanahorias, los días sin carro o los toques de queda. En Cali por ejemplo, su alcalde John Mario Rodríguez acaba de dictar el toque de queda para menores porque, según él, "sus padres no los estaban controlando debidamente y parte de los desórdenes que suceden en la ciudad a altas horas de la noche los estaban produciendo los adolescentes".

Y es que a juzgar por las cifras, a los alcaldes no les faltan razones. Algunos índices de delincuencia y accidentalidad en esta población son preocupantes. Según datos oficiales el 14 por ciento de las muertes violentas ocurridas en Medellín en el año anterior correspondieron a menores de 18 años y más de la tercera parte de los delitos los cometen muchachos entre 15 y 20 años. Los mismos estudios revelan que los delitos contra la vida ocurren sobre todo en las noches y los fines de semana.

Sin embargo algunos analistas aclaran que la violencia que se vive en Medellín no es exactamente la misma que se desencadena en las otras capitales del país. Allí, la disputa por la territorialidad de los grupos de milicias, combos y bandas y el sicariato derivado del narcotráfico hace que muchas de estas muertes sean producto de ajustes de cuentas o intentos por imponerse ante uno u otro grupo como en el caso de la guerra que se libra contra La Terraza. Por eso consideran que el problema no es "vender el sofá para evitar la infidelidad", es decir, controlar el licor, cuando el problema más álgido y el que arroja los mayores índices de homicidios se refiere a una cultura de la violencia derivada de una compleja articulación social.

La educación es un punto crítico en la ciudad ya que existe un déficit conocido de 50 mil cupos escolares. Para sortear esta problemática el alcalde está empeñado en cubrir el ciento por ciento de la demanda educativa de su ciudad aprovechando al máximo los recursos actuales y ampliando el aparato educativo. Por eso ha pensado en hacer obligatoria la asistencia al colegio a los menores de 15 años. "La violencia, la mendicidad y los vicios tiene mucho que ver con la falta de oportunidades y la educación, es el primer paso para sembrar esperanza y mejorar la convivencia" sostiene el burgomaestre.

Pero si bien el Alcalde asegura que estas disposiciones apenas son el primer paso para hacer de Medellín una ciudad educada, donde la gente disfrute su ciudad y su vida nocturna, el camino que ha escogido ha recibido una fuerte lluvia de críticas no sólo desde sectores académicos sino de conocidas personas e instituciones que trabajan el tema de ciudad y ciudadanía.

Lo primero que señalan es que algunas de las disposiciones no resisten el tamiz de la Carta Política. Bernardita Pérez, profesora de Constitución en un postrado en la Universidad de Antioquia, considera que si algo caracteriza el grueso de estas decisiones, es su talante paternalista y autoritario contrario al espíritu de la norma, el cual busca darle al individuo responsabilidad ante sus actos y autonomía para elegir entre lo que le conviene y lo que no. "Estas decisiones no respetan ni la dignidad, ni la autonomía personal ni mucho menos el libre desarrollo de la personalidad", asegura la experta. Tomar fotografías sin consentimiento atenta contra el buen nombre de las personas y recoger prostitutas va en contra el derecho al trabajo, "lo que puede hacer el Alcalde es destinarles un espacio en la ciudad distinto al que ocupan hoy porque su oficio no es ni prohibido ni constituye delito".

Pérez, por su parte pretende que todas sus disposiciones tengan el respaldo de la ley y por eso tiene a su equipo trabajando en lo jurídico. "Sé que las medidas levantarán ampolla en algunos sectores pero la gente debe entender que la seguridad y la convivencia ciudadana son del consorte del Alcalde de la ciudad. Aquí además de voluntad ha faltado autoridad para aplicar la ley", aclara el alcalde Luis Pérez.

Un aspirante a la alcaldía de esa ciudad el independiente Sergio Fajardo, (quien se caracterizó por sus propuestas en torno a la civilidad), sostiene que si bien la alcaldía debe proponer soluciones a la aguda problemática que está viviendo la ciudad, asegura que la represión es lo más lejano a la generación de políticas de cultura ciudadana . "Puede ser una herramienta atractiva para mostrar autoridad pero nociva en la búsqueda de nuevas soluciones. Sin educación ciudadana no pasarán de ser medidas superficiales", concluye el ex candidato .

Si bien la experiencia de otras ciudades que han servido de modelo como Nueva York y Bogotá, indican que este tipo de medidas son efectivas para reducir los hechos criminales, lo cierto es que la misma experiencia ha demostrado que si se relajan los controles las cifras vuelven a dispararse.

En el mismo sentido se pronuncia Pedro Santana director de Viva la Ciudadanía, una ONG que ha trabajado el tema de la ciudadanía y los alcances de la constitución en materia social. Según su opinión, "los alcaldes se están volviendo efectistas porque saben que los ciudadanos claman por más seguridad sin detenerse ni en la forma como se hace, ni en los efectos que producen a largo plazo las decisiones tomadas. "Medidas como la ley zanahoria en Bogotá no han hecho sino clandestinizar la rumba y corromper la policía" señala. Santana cree que oponerse a los cambios culturales es tapar el sol con las manos, "la sociedad actual tiende al individualismo y a la satisfacción personal y es a través de la responsabilidad como se logran atacar estos problemas. Al ciudadano simplemente no puede obligarse a ser bueno".

Los Investigadores del programa de Juventud y Ciudadanía de la Corporación Región son más enfáticos. "En una ciudad donde los grupos armados tienen sitiada la mitad de su territorio no es posible hablar de toques de queda para controlar el libre tránsito de personas", señalan insistiendo que muchos ciudadanos a duras penas salen de su barrio ,"no pueden prohibir la ciudad a una población que ni siquiera la conoce" agrega. El grupo de investigadores insiste en que en vez de reprimir a los jóvenes hay es que educarlos, "Los lugares donde los jóvenes van a beber se podrían aprovechar para hacer campañas sobre el buen uso del alcohol y en los sitios donde abundan las trabajadoras sexuales, campañas sobre sexo seguro como sucede en Brasil o en Chile".

A pesar de las críticas, Pérez se siente seguro porque según dice son los padres de familia quienes más lo apoyan. "Los papás me llaman y me dan la razón y en la calle me felicitan por las medidas que he estoy tomando".

Y esto es cierto. Los padres sienten que las medidas de la alcaldía son una verdadera panacea. Por un lado están inquietos por la inseguridad que reina en la ciudad y cada salida de un hijo en la noche se vuelve un verdadero tormento para ellos. Y por otro, la autoridad de los padres no es la de otras épocas, los jóvenes viven con demasiadas libertades y a menudo se sienten incapaces de persuadirlos por lo que se evitan el desgaste de tener que negociar con ellos.

A mediados de la semana anterior los diez alcaldes del Area Metropolitana del Valle de Aburrá apoyaron la idea del alcalde de Medellín y decidieron adoptar las mismas medidas, especialmente el toque de queda para menores de edad después de las 11 de la noche y la ley seca después de las dos de la mañana. Los comerciantes se quejan de que los pondrán a las puertas del cierre de sus negocios: "Nos sentimos como perseguidos a pesar de que generamos impuestos y empleo" dijeron a Semana empresarios de la rumba del sector de Las Palmas en Medellín uno de los lugares que más convocan a la juventud paisa. Lo cierto es que aunque hasta el momento no se han hecho efectivas las medidas, el solo hecho de hablar de ellas ha mostrado una rebaja en los índices de delincuencia.

Así muchos no estén de acuerdo por el momento el alcalde de Medellín se ha salido con la suya y con el espaldarazo de los mandatarios locales se ha anotado su primer triunfo político. Aunque su visión de cultura ciudadana resulte estrecha para muchos, Pérez dice estar dispuesto a seguir adelante así deba hacer algunos ajustes en el camino. La onda colombiana de hacer ciudadanos por decreto está pasando por su cuarto de hora. El tiempo será quien diga cual sea su eficiencia.