Curules de paz: ¿no hay cama para tanta gente?

Las 16 curules destinadas para las víctimas en la Cámara de Representantes, que se estrenarán desde el 20 de julio de este año, significan un avance importante para el país en materia de implementación del Acuerdo de Paz.

Sin embargo, en materia normativa y logística están representando un reto. Apenas faltando tres meses para que se dé este histórico hecho, aún faltan varios aspectos para que las víctimas puedan llegar efectivamente al Congreso.

El primero tiene que ver con un asunto normativo. Si bien ya fueron electas las personas que van a ocupar estos 16 escaños adicionales en la Cámara, aún no existe el piso normativo para que estas curules se distribuyan también en las comisiones constitucionales.

Tanto el Senado como la Cámara se componen de una plenaria, a la que asisten todos los congresistas que pertenecen a la corporación, y siete comisiones constitucionales especializadas en diferentes temas y en las que se debaten los proyecto en primera instancia. Los congresistas que componen la respectiva Cámara se dividen en estas comisiones

Justamente, para darle piso jurídico a la llegada de las víctimas a las comisiones del Congreso, se radicó este lunes un proyecto de ley orgánica, de autoría del senador Roy Barreras, que modifica la Ley 5ª - que contiene el reglamento del Legislativo - para que las Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara pasen de ser accidentales a permanentes, teniendo en cuenta que es una de las acciones que el Estado debe implementar para mantener la construcción y consolidación de paz en Colombia.

También se modificará la Ley 3ª para ampliar la composición de todas las comisiones constitucionales.

Este proyecto debe tramitarse con urgencia, si se tiene en cuenta que estas 16 nuevas curules tendrán que estar listas para el 20 de julio. Si la norma se dilata, no habrá piso jurídico para que quienes ocupan estos escaños vayan a las comisiones.

Pero además está el reto logístico. El Gobierno tuvo que habilitar 50.000 millones de pesos que fueron destinados a la adecuación del salón Elíptico, las comisiones constitucionales y legales, la construcción de las 16 nuevas oficinas, la adaptación del sistema, y una adecuación tecnológica.

Sin embargo, si bien se ha venido avanzando en la adecuación del Salón Elíptico, recinto de la Plenaria de la Cámara, esta ha resultado compleja, si se tiene en cuenta que inicialmente este espacio fue pensado para 167 representantes, pero tras el acuerdo de paz no solo se tuvieron que sumar las 16 curules de paz sino las de los cinco representantes de las antiguas FARC y la curul de la fórmula vicepresidencial que quede de segunda en las elecciones presidenciales. Es decir, 22 nuevas curules.

Adicionalmente, en cuanto a las oficinas, aún hay dudas sobre hacia dónde se podrá terminar de hacer la adecuación, pues hoy ya muchos de los congresistas tienen espacios realmente mínimos para las labores de sus asesores. Y como el edificio el Congreso es patrimonio de la nación, los cambios no pueden alterar drásticamente la estructura de la construcción.

A esto debe sumarse que, en caso de requerirse trabajos adicionales, que es lo más probable, estos no se podrán hacer hasta que finalice la vigencia de la ley de garantías, una norma que, si hay segunda vuelta presidencial, podría extenderse hasta junio de este año.

A esos costos fijos que ya se están invirtiendo hay que agregarles otros que se presentarán cuando ya las 16 curules se asignen, porque se les debe entregar: camionetas, esquemas de seguridad, tiquetes aéreos, asesores y su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Esos gastos adicionales no han sido calculados, pero también será otra millonaria suma.

Las llamadas 16 curules de paz fueron producto del acuerdo de La Habana y solo estarán vigentes durante dos periodos. Es decir, hasta 2030, por lo que estas adecuaciones que se están haciendo solo tendrán utilidad durante ocho años, pues luego de ello, según las normas actuales, la Cámara de Representantes no tendrá ya ni los 16 escaños de las víctimas ni los cinco que les corresponden a los excombatientes de las Farc.