Daniel Quintero asegura que la “revocatoria está muerta”

“La revocatoria está muerta”. De esta forma el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, celebró la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no certificar las cuentas de los movimientos que promueven la revocatoria de su mandato.

En su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que mediante el oficio I-2022-001385-FNFPCE-900 el CNE no avaló las cuentas que presentaron los movimientos que buscan su revocatoria.

Esto, según señaló el Alcalde, al indicar que el organismo electoral encontró “irregularidades en la financiación y audios que revelaron prácticas corruptas de promotores”.

Por el momento, el CNE no ha emitido ningún pronunciamiento de fondo frente a la revocatoria del mandato en el caso del Alcalde de Medellín. Los que sí se han pronunciado en redes han sido los promotores de la revocatoria al señalar que no han sido notificados de esta decisión.

El mandatario antioqueño ya había asegurado que las cuentas de los promotores presentaban graves irregularidades, sosteniendo que las firmas presentadas ante la Registraduría Nacional y una supuesta triangulación de las donaciones, lo cual está prohibido.

“La contabilidad en general financió la revocatoria con recursos públicos y tengo documentos que así lo prueban”, dijo Quintero Calle en referencia al concejal del Centro Democrático Julio González.

“Pero hoy quiero presentar una prueba más y muy grave, que muestra cómo se utilizaron recursos públicos para pagar, en este caso particular, el pago de la contadora de la revocatoria: la señora se llama Sofía León Rojas, aquí tengo el contrato presentado por el mismo comité de la revocatoria”, señaló.

El mandatario de la capital de Antioquia afirmó que a esta persona “se le hace un contrato por cerca de 25 millones de pesos (...), 15 millones de pesos para el proceso de revocatoria”.

Asimismo, Quintero Calle dijo que se detectó que “se le pagó en principio $7,5 millones y que solo aparece esto reportado (...), nos pusimos a buscar dónde estaba el resto de la plata (...), encontramos el pago realizado por el Concejo de Medellín a través de la Unidad de Apoyo del Vocero de la revocatoria, Julio González”.

“En dos contratos le paga en total 15 millones de pesos, el mismo monto curiosamente, pero no es curioso que se financió con recursos públicos la revocatoria”, denunció el alcalde de Medellín.

Amenazas de muerte

El pasado 24 de febrero, Daniel Quintero presentó personalmente en Washington (Estados Unidos) una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la existencia de amenazas en contra de su vida y su familia. Debido a esto pidió medidas cautelares.

Quintero se reunió con Joel Hernández García, comisionado de la CIDH y relator para Colombia; María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, y Fernanda dos Anjos, coordinadora de la Sección de Medidas Cautelares.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, Quintero relató ante la CIDH “las amenazas que ha recibido desde antes de iniciar su mandato y desde que se posesionó como alcalde de Medellín”. “Especialmente se refirió al aumento de estos hechos en los últimos meses a través de correos, mensajes en redes sociales y la construcción de planes para atentar contra su vida que fueron revelados por fuentes humanas”.

El alcalde manifestó que las demandas y denuncias que ha hecho sobre Hidroituango han puesto en “grave riesgo” su vida y la de su familia. “Por eso el día de hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos puesto en evidencia estas amenazas. Lamentablemente, el Estado colombiano sigue incumpliendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Procuraduría viene violando la Convención Americana de Derechos Humanos”, sostuvo.

Quintero también solicitó que se protejan sus “derechos políticos y libertad de expresión” en el proceso de revocatoria que afronta actualmente, que –señaló– “coincide de manera temporal con las elecciones legislativas en el país, por lo cual el Estado colombiano debe garantizar el equilibrio en sus decisiones en procesos administrativos o judiciales”.