Daniel Quintero se defiende por denuncia de Federico Gutiérrez por terreno de Aguas Vivas: “Le deseo suerte en los tribunales”

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero salió en su defensa ante la denuncia que se dio a conocer este domingo por el actual mandatario de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, en la que lo señala de haber firmado un decreto para beneficiar a un privado.

Según Gutiérrez, se trata de un decreto que expidió Daniel Quintero en el que, supuestamente, les abrió la puerta a empresarios para que construyeran edificaciones en un parque ambiental de Medellín. Precisamente, por estos hechos, la Fiscalía ya empezó a investigar por el presunto delito de prevaricato.

Todo empezó en el año 2019, cuando los propietarios de Aguas Vivas, un terreno de 147.000 metros cuadrados que está ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, le ofertaron a la Alcaldía su predio de manera gratuita para que fuera tenido en cuenta como una compensación de obligación urbanística.

La transacción se oficializó en diciembre de 2019 entre los privados y la Alcaldía, donde se registró que el sitio estaba avaluado en 2.711 millones de pesos. El plan era construir el Parque Ambiental Valle del Software y su ejecución quedó en manos de Daniel Quintero, quien se posesionó en enero de 2020.

Frente a esto, Daniel Quintero se defendió y señaló que, efectivamente, el contrato de cesión anticipada de obligaciones urbanísticas sobre el predio denominado Aguas Vivas “se celebró el 27 de diciembre de 2019, a solo cuatro días de la finalización del periodo de la Alcaldía de Federico Gutiérrez”.

“Con esa operación se cumplió la entrega jurídica del bien inmueble al patrimonio del municipio, quedando pendiente la entrega material, la cual solo podría operar si se realizaban unas obras que el cedente nunca realizó”, señaló Quintero, haciendo mención al Decreto 2502 de 2019, que además resaltó “solo se publicó hasta el 31 de diciembre”.

Por eso, el exalcalde insistió en que aunque el predio Aguas Vivas ingresó jurídicamente al patrimonio del municipio de Medellín, no se realizó compensación o pago alguno por él, ya que “la cesión aprobada por la alcaldía de Federico Gutiérrez no cumplió los requisitos legales”.

En ese orden de ideas, resaltó: “No hubo planeación y con ello se menoscabó el principio de economía establecido en el artículo 25 numeral 12 de la Ley 80 de 1993″, y además que “la cesión solo podía recaer sobre zonas urbanas y no rurales, como ocurrió con el predio Aguas Vivas”.

También explicó que para tal efecto “los cedentes debían ser titulares de una licencia urbanística o beneficiarios de derechos de construcción”; así como que se “establecieron obligaciones de intermediación inmobiliaria a cargo del municipio de Medellín, que no son compatibles con la Ley 136 de 1994″.

Quintero explicó que ante la complejidad jurídica y técnica presentada frente al predio, se propuso una fórmula de conciliación, que saneara las “graves irregularidades” que tenía, a través de la cual se garantizaba el pago de un menor valor, mediante la modalidad de enajenación voluntaria, con una metodología de precios menor a la que había proyectado.

Según explicó Quintero, la suma ascendía a $ 48.234.427.227, “que el Distrito de Medellín dejaría de recaudar por concepto de obligaciones urbanísticas y en la fórmula de conciliación se redujo al valor comercial base de 2019 que equivale a $ 40.509.311.965, con un ahorro de $ 7.725.115.262″.

“Con dicho arreglo se habría consolidado a favor del erario público un ahorro mayor a los diez mil millones de pesos con relación al sobrecosto con que la administración de Federico Gutiérrez adquirió el bien mediante una ruta ilegal”, señaló Quintero Calle.

Además, el exmandatario resaltó que esa fórmula no buscaba absolver las irregularidades de la anterior administración, sino sanear el proceso de adquisición del inmueble, lo cual se hizo, según él, bajo la vigilancia de los órganos de control, que se vincularon al proceso el 15 de septiembre de 2021.

También destacó que la Sección Tercera del Consejo de Estado “no encontró lesión alguna al patrimonio público ni un acto contrario a los intereses generales del Distrito de Medellín, pues su análisis condujo simplemente a resaltar que a través de la conciliación no es dable corregir los graves yerros cometidos en la Escritura Pública 5762 del 27 de diciembre de 2019 y que, si se requiere el inmueble, se debe negociar nuevamente”.

Por eso, le envió un contundente mensaje al actual mandatario, en el que le cuestiona la denuncia: “¿Se refiere usted al contrato de Aguas Vivas que firmó usted el 27 de diciembre, cuatro días antes de dejar el cargo? ¿El mismo que pretendía que 48 mil millones de obligaciones urbanísticas pasaran a los dueños del predio? ¿El mismo por el que demandaron a la Alcaldía por 50 mil millones? ¿El mismo por el que compulsaron copias a la Fiscalía contra su administración después de que el Consejo de Estado estableciera de que era una estafa? Le deseo suerte en los tribunales”.

¿Qué dice Federico Gutiérrez?

En la denuncia hecha por el actual mandatario distrital, aseguró que la administración de Daniel Quintero tomó la decisión de hacer un avalúo comercial adicional sobre esta tierra: pasó de 2.711 millones de pesos a 42.000 millones de pesos. En efecto, volvieron a aparecer los dueños de Aguas Vivas y pidieron ser indemnizados, alegando que la Alcaldía se había enriquecido sin justa causa.

En contravía del concepto dado por los profesionales de la Alcaldía de Medellín, la administración de Quintero se aventuró a conciliar con los dueños de Aguas Vivas y ofertó 40 mil millones de pesos por un predio que ya le pertenecía al distrito. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado se opusieron.

En contravía del concepto dado por los profesionales de la Alcaldía de Medellín, la administración de Quintero se aventuró a conciliar con los dueños de Aguas Vivas y ofertó 40 mil millones de pesos por un predio que ya le pertenecía al distrito. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado se opusieron.

Después de este tropiezo y sin dar ningún tipo de dinero, la Alcaldía se desprendió del terreno y lo devolvió a sus dueños en octubre de 2022, respaldando indirectamente el argumento de los privados, de que se había dado un enriquecimiento sin justa causa, elemento que fue cuestionado por los jurídicos del distrito, pero no se tuvo en cuenta.

La noticia que hoy causa revuelo es que, ocho meses después de haber entregado a Aguas Vivas a los dueños iniciales, Daniel Quintero firmó un decreto en el que habría modificado el uso del suelo del sector y cambiado las reglas del juego del terreno, con base en la denuncia que llegó esta semana a la Fiscalía.

El documento se expidió el 12 de mayo de 2023 y, además de Quintero, lo acompañó la firma de los titulares del Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación, Secretaría de Innovación Digital y Secretaría General, a cargo de Fabio Andrés García Trujillo.

Se aprobaron en la zona construcciones de una altura máxima de dos pisos, siempre y cuando estuvieran destinadas a la educación, investigación y formación; también “hoteles de negociación de tecnología, centros de educación digital y para el trabajo innovador y las actividades comerciales necesarias para el buen funcionamiento”.

A juicio de la administración de Federico Gutiérrez, estas personas habrían cometido el delito de prevaricato, porque habrían asumido funciones que no les correspondían, pues la única entidad autorizada para modificar el Plan de Ordenamiento Territorial es el Concejo, por donde no se discutió el asunto.