David Murcia, el cerebro de DMG, le hace esta petición desde la cárcel al presidente Gustavo Petro. Se juega la última carta ante la justicia

El país no olvida la imagen del hombre que desde un rincón en Putumayo prometía sacar de pobres a miles de colombianos, el mismo que se atrevió a retar al Estado. Se trata de David Murcia Guzmán, el creador de la captadora ilegal de dinero DMG, quien ahora, lejos de la figura de ese millonario carismático, se juega una de sus últimas cartas para evitar seguir pagando una larga pena en la cárcel de Valledupar, conocida como la Tramacua, en donde están delincuentes de gran peligrosidad como el monstruo violador de menores Luis Alfredo Garavito.

¿Cómo busca quedar en libertad? SEMANA revela los argumentos llevados ante un juez, que tendrá que tomar la decisión de si el otrora poderoso David Murcia, quien llegó a captar miles de millones pesos y tenía un poderoso imperio comercial en el norte de Bogotá en donde los cientos de vinculados a su pirámide, con una tarjeta con las iniciales DMG, compraban cosas y recogían el dinero con exagerados rendimientos, debe mantenerse en prisión o firmar el pasaporte a la libertad.

Son dos estrategias las que está utilizando esta suerte de Robin Hood. La primera, el argumento jurídico presentado ante el Juzgado 4 de Ejecución de Penas, en el que asegura que deben darle su libertad porque una persona no puede ser juzgada, condenada y privada de la libertad dos veces y en dos países diferentes, por los mismos hechos. El clamor no es solo en tribunales, se ha extendido hasta el presidente Gustavo Petro.

El equipo de abogados de Murcia, encabezado por la abogada y defensora de derechos humanos Nury Elpidia López, le dijo a SEMANA que “Murcia cumplió condena en los Estados Unidos, en radicado No S1 09 CR. 110 del 5 de febrero de 2009, acusación y sentencia por los mismos hechos por los que fue condenado en Colombia. En razón a eso, desde el día 25 de junio de 2019, fecha de su llegada al país, las autoridades de migración lo detuvieron y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes”.

Para la abogada López, ahí empezaron las irregularidades en el caso. Afirma que “en el marco de la justicia y la ley debió proporcionársele su libertad en razón a la garantía universal y principio de Non Bis In Ídem o cosa juzgada. El juez 4 penal especializado de Bogotá, quien conoció del caso, debió aplicar la garantía de prohibición de doble juzgamiento, pero no lo hizo”.

El otro frente de batalla es una arena conocida para él: apelar a sus bases populares, que ya se están moviendo por el país, en especial en departamentos y ciudades del sur, como Pasto, Putumayo, Huila, Valle, Cali y ahora hasta en Bogotá, en donde con camisetas, pancartas, arengas y planillas en mano, como si se tratara de una campaña política, están recaudando apoyos para pedir la libertad inmediata de Murcia a quien, aseguran, se le estaría violando los derechos humanos.

La campaña, conocida como “Prolibertad de David Murcia Guzmán”, es apoyada por la Fundación Mentes Brillantes para el Mundo, con sede en Valledupar, que nombró un comité provisional del que hace parte el hijo de David Murcia, otros familiares y amigos que hacen la campaña basada en que él ya pagó su condena y, estando tras las rejas, ha tenido comportamiento ejemplar, desarrollando labores de trabajo y estudio, que le implicarían reducciones de la pena.

En los nueve años que estuvo en Estados Unidos, casi la totalidad de su tiempo la dedicó a estudiar, entre otras cosas, teología. Desde que llegó a Colombia, en 2019, también estudia temas relacionados con la defensa de los derechos humanos.

Sus seguidores han usado todo tipo de estrategias para hacerse sentir y lograr la libertad de Murcia. El mismo 7 de agosto, en la posesión presidencial, entraron al evento, que tuvo la característica de ser abierto a los ciudadanos, para ingresar pancartas y arengar por la libertad de Murcia. Argumentan, retomando las promesas presidenciales, que llegó el momento de cumplirles a los “nadies” y que Murcia es uno más de ellos.

Además, como está ocurriendo desde diferentes sectores, incluso armados, esperan la venia y el respaldo del presidente Petro como defensor de derechos humanos, para que le den la libertad.

La abogada López afirma que “estamos poniendo en conocimiento un caso de una privación injusta de la libertad, a fin de que no se sigan vulnerando esos derechos fundamentales porque ya purgó y pagó en territorio norteamericano”.

Lo cierto es que la Corte Suprema le rebajó a Murcia la pena de 30 a 22 años, por los delitos de captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos. Y aunque se han golpeado las puertas de tribunales internacionales, la última palabra, por ahora, la tiene el juez de ejecución de penas de Valledupar. n