David Murcia Guzmán, cerebro de DMG, fue trasladado a la cárcel La Picota, de Bogotá. ¿Cuál fue la razón?

En la mañana de este martes, en un complejo operativo, fue trasladado desde la cárcel de máxima seguridad de La Tramacúa, en Valledupar, a La Picota, en Bogotá, David Murcia Guzmán, el cerebro de la captadora ilegal de dinero DMG. La decisión se tomó alegando motivos de seguridad.

Murcia Guzmán, quien cumple una condena de 22 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos, será recluido en el pabellón de máxima seguridad de La Picota. El Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) analiza su situación.

En julio pasado, de manera sorpresiva, Murcia Guzmán le envió una carta al presidente Gustavo Petro para manifestarle su intención para ser designado como “gestor de paz” en medio del proyecto de la ‘paz total’. Igualmente, se comprometió a reparar a las víctimas.

Así se lo dijo su abogado, Santiago Morales, a SEMANA, quien advirtió que “la intervención de David Murcia Guzmán en la liquidación de DMG, en la cual nunca se le ha permitido participar de manera activa y presencial, permitirá tener mayor claridad sobre el inventario aprobado de activos registrado por la actual liquidadora y aprobado por varios jueces de la Superintendencia de Sociedades, el cual, desde la perspectiva de Murcia, debe ser revisado y validado, aprovechando que la liquidación aún no ha terminado”.

Para Murcia no ha habido transparencia en esa liquidación, han hecho lo que han querido con los bienes y los grandes afectados han sido quienes pusieron su dinero en DMG, mientras que los liquidadores ganan multimillonarios salarios, sin que haya transparencia frente a lo que sucede con el dinero de las personas y los bienes.

David Murcia Guzmán ya había solicitado, en marzo de este año, ser nombrado gestor de paz, y su abogado recuerda que el presidente Gustavo Petro, cuando era senador “en el año 2008, se refirió a que las personas debían pelear por una indemnización del Estado por omisión y por haber causado una catástrofe, así como la idea de crear un banco público con los dineros incautados en el que pudieran participar los acreedores de DMG. Entonces, ¿por qué no aprovechar tal idea 15 años después cuando, como gestor de paz, puede contribuir a ello?”.

Señala el apoderado de Murcia Guzmán que “la solución del conflicto en Colombia no se debe limitar a la participación de las personas pertenecientes a grupos armados al margen de la ley, sino que también debe involucrar la problemática económica y a sus actores”.

La solicitud que realizó David Murcia Guzmán

La cabeza de DMG, David Murcia Guzmán, le pidió directamente el presidente Gustavo Petro Urrego, en abril de este año, que lo designe gestor de paz y así poner en marcha programas sociales para proteger a la denominada familia DMG; de pasada, eso le garantizaría recuperar su libertad. Desde la cárcel de La Tramacúa, en Valledupar, el creador de la captadora de dinero se puso a disposición del Gobierno “en las mismas condiciones de los gestores y voceros de paz”.

Para justificar su petición, Murcia Guzmán alegó que en este programa no solamente se les debe dar cabida a aquellos integrantes de grupos armados ilegales, sino que se debe involucrar “la problemática económica a sus actores”. Con el programa que le propone al Gobierno se puede ayudar a más de 200 mil familias vinculadas a DMG.

“Si bien mi contribución al resarcimiento de los afectados por parte del Gobierno es un hecho, esta será mucho más fácil y efectiva una vez recupere mi libertad en uso de varios mecanismos judiciales recientemente activados por apoderados judiciales en la jurisdicción penal”, aclaró.

El creador de la denominada pirámide cuestionó la reparación económica que les hizo el Estado a los miles de damnificados después de su intervención y liquidación. “Además de ser ínfimos, han estado representados en pequeñas cuotas de partes de activos que, en lugar de restituir o reparar, les ha generado problemas de toda índole, incluso tributarios”.

Por eso se comprometió a colaborar con una justa reparación para los afectados por la intervención del Gobierno, en el año 2007 de DMG. La defensa de Murcia anunció que de ser designado como gestor no solamente se “limitará” al “esclarecimiento de los números en el marco de la liquidación”.

En la carta, firmada por el mismo creador de la pirámide y en la cual anexó una cuenta de correo para que sea contactado, se advierte que se deben tomar todas las medidas para proteger a aquellas personas que una vez tomaron la decisión de invertir en DMG.

“Con la plena convicción que tiene de que quienes algún día se presentaron a la liquidación en calidad de acreedores, son ahora, como ellos mismos se autodenominan ‘víctimas de la liquidación de DMG’, Murcia se siente en la necesidad de generar alternativas que generen riqueza enfocadas en aquellas que algún día depositaron su confianza en DMG, para que puedan recuperar lo que por vía judicial ha sido imposible”, concluye la carta.

En reiteradas oportunidades, David Murcia Guzmán se ha quejado del proceso de liquidación, cuestionando la labor que han adelantado las dos personas designadas por los gobiernos de turno para esta labor.

Igualmente, le reiteró al presidente Petro que sus derechos humanos en el sitio de reclusión han sido vulnerados constantemente y que él ya cumplió en Estados Unidos la sentencia por delitos relacionados por lavado de activos.

“Señor presidente, teniendo claro mi panorama en materia penitenciaria y carcelaria, y habiendo expresado mi intención de contribuir a la reparación de los afectados por parte del Gobierno, tanto en el marco del proceso de la nefasta liquidación de DMG, como a través de nuevas iniciativas, le solicito de manera respetuosa ordenar a quien corresponda garantizar mis derechos procesales en pro de los afectados al interior del proceso de liquidación de DMG y de otras sociedades vinculadas”, añade la misiva de cuatro páginas.

Recientemente, David Murcia Guzmán anunció que utilizará todos los recursos jurídicos que tenga a la mano para que se revise la sentencia de 22 años de prisión por los delitos de lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero.