De las Farc a Uribe: la hora de los juicios públicos

En las últimas horas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó que los casos que están siendo investigados con relación a violación y reclutamiento de menores por parte de las Farc (la investigación 07) serán de conocimiento público con el fin de brindar transparencia.

Desde hace tiempo algunos sectores han criticado que las investigaciones en estos casos no han avanzado y se ha generado una sensación de impunidad.

Este malestar se ha hecho más fuerte con las declaraciones de algunos de los miembros del partido Farc, quienes han negado o desviado el tema cuando se le pregunta por delitos cometidos con menores de edad.

“Después de varios días de análisis, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP determinó que las versiones voluntarias solo serán reservadas cuando se presenten las situaciones precisamente señaladas en la ley. El magistrado relator del Caso No. 07, Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, consideró que no hay motivos para declarar la reserva de las versiones. En consecuencia, las versiones del Caso No. 07 serán públicas”, estableció la jurisdicción.

El hecho fue celebrado por la colectividad y por el mismo Rodrigo Londoño, Timochenko, quien fue objeto de críticas la semana pasada por negar hechos relacionados a estos delitos ante el tribunal. Timochenko pidió que la JEP hiciera públicas las audiencias para estos casos.

Sin embargo, estas investigaciones no son las únicas en las que se ha levantado la reserva. Con el expediente del expresidente Álvaro Uribe, por el cual está siendo investigado por presunto soborno y fraude procesal, pasó algo similar y es que con el fin de evitar especulaciones, el mismo Uribe y sus abogados pidieron que se levantara la reserva para que todos conocieran el expediente.

La Corte negó la solicitud y para muchos era una estrategia política del expresidente para mostrar transparencia. El hecho es que se terminó haciendo público todo el caso y hoy el país puede conocer con detalle lo sucedido.

En ambos casos el argumento ha sido el mismo: hacer los hechos de conocimiento público para que no se generen especulaciones y todos puedan conocer la verdad de lo que se está investigando.

Las especulaciones muchas veces son interpretadas y utilizadas por los contradictores políticos para atacar y busca razones para favorecer a la contraparte. No deja de ser curioso y anecdótico que los dos enemigos del pasado coincidan hoy en que sus procesos sean completamente abiertos al escrutinio de los ciudadanos.

En el caso de Uribe, el senador Iván Cepeda ha sido uno de los que más ha contrastado la versión del expresidente por ser el directo implicado en el caso y la contraparte. Esta semana, el senador del Polo Democrático publicó 30 mensajes en Twitter en los que daba su versión sobre el caso del que poco ha hablado y sentó su posición sobre varios hechos que se han revelado.

En cuanto al reclutamiento de menores por parte de las Farc, la misma sociedad y la opinión pública se han encargado de recordar casos que fueron evidentes para el país a través de los medios de comunicación. Hechos que son innegables y que causaron mucho dolor.

Sin embargo, el uribismo ha sido uno de los fuertes críticos del Acuerdo de Paz, las Farc y la JEP hasta el punto de pedir su disolución, argumentando precisamente que estos procesos no avanzan o que ningún exguerrillero ha sido juzgado y que se han evadido las responsabilidades.

Con la apertura de ambos casos se reduce la especulación de parte y parte. Con los detalles salen a la luz hechos concretos, documentos y testimonios clave para ir determinando quiénes pudieron haber sido los responsables de los delitos que se indagan.

En el caso de las Farc, en la JEP hay una gran diferencia y es que ellos deberán reconocer, como ya lo han empezado a hacer, que los delitos que cometieron, como el reclutamiento forzado de menores, violaciones, abortos forzados, entre otros, sí sucedieron.

En el de Uribe, a pesar de que el expresidente es quien va perdiendo el pulso con la detención domiciliaria impuesta por la Corte, él y su defensa buscan demostrar, como han argumentado, que es inocente.