De no creer: tremendo “agarrón de togas” en el proceso por el atentado a la Escuela General Santander

Hace dos meses estalló una polémica tras la decisión de dejar en libertad, por vencimiento de términos, a cinco procesados en el atentado a la Escuela General Santander. En ese momento, el juzgado 61 penal del circuito de Bogotá, advirtió que la Fiscalía no logró presentar el material probatorio, de eso, al parecer no hay duda, lo que resultó insólito, ocurrió después.

La juez que tomó la decisión y según una queja que llegó a la Comisión de Disciplina Judicial, se arrepintió de dejar a los procesados en libertad. De acuerdo con el documento en poder de SEMANA, la juez le dijo a su oficial mayor, en el juzgado, que de haber sabido que era un caso de “connotación nacional” la decisión hubiese sido diferente.

La queja en contra de la juez enumera 22 eventos que arrancaron tras la decisión de dejar en libertad a los implicados en el atentado. La juez, según el documento, se molestó con la oficial mayor, pues fue ella la encargada de revisar las pruebas, redactar y proyectar la providencia, en otras palabras, dejar todo listo para la aprobación.

“No obstante, al ver que su decisión fue cuestionada por la Fiscalía y los medios de comunicación, la titular del Despacho me indicó que la providencia había sido mal proyectada y que no tenía por qué salir de esa manera al ser un caso de connotación pública”, señala el documento.

Lo que resulta irónico, vergonzoso para las partes del proceso, es tratar de entender de qué forma la juez, después de leer el texto que redactó su oficial mayor y darlo a conocer en audiencia pública, se atrevió a señalar que la decisión estuvo “mal proyectada” por la funcionaria que después del escándalo y la molestia de la juez, fue declarada insubsistente.

SEMANA consultó a algunas partes en este proceso y todas advirtieron dos hipotéticos escenarios a partir de la queja por acoso laboral: o no leyeron previamente la providencia o, peor aún, en el despacho basan sus decisiones en el impacto mediático de los casos. “En cualquier extremo, resulta sumamente perjudicial para el sistema de justicia”, señalaron las fuentes consultadas.

La queja, que hará parte de una eventual investigación en la Comisión de Disciplina Judicial, detalla una secuencia de hechos, a consideración de la afectada, de acoso laboral, todo como consecuencia de la decisión que la juez leyó, firmó y publicó, pero que después reprochó por estar “mal proyectada”, según el documento.

Como consecuencia de la decisión, de dejar en libertad a los cinco implicados en el atentado, la Fiscalía radicó una acción de tutela para meterle reversa al escándalo. El Tribunal de Bogotá negó la petición del ente acusador y la juez, que le dijo a su oficial mayor, de acuerdo con la queja, como “sentía estar repitiendo primaria con ella”, tuvo que ratificarse en la libertad.

Las partes en el proceso, en particular la representación de víctimas, familiares de los cadetes asesinados en el atentado a la Escuela General Santander, quedaron “sin palabras” tras conocer el detalle de la queja contra la juez y donde se advierte cómo las motivaciones del juzgado estaría en una realidad mediática y no jurídica.

“Estupefacta, uno espera que decisiones de la justicia estén ajustadas a derecho, me deja sin palabras, esto demuestra que no hay garantías procesales o que los jueces le presten atención o cuidado a los casos, sin importar la relevancia mediática del asunto. Es muy importante que se analicen las evidencias y la juez aborde los temas que son”, dijo Sandra Milena Arango, abogada y representante de víctimas en este proceso.

Si para las víctimas resultan graves los detalles de la queja contra la juez, lo es más para las personas que estaban privadas de la libertad. “Resulta absurdo, que la juez no se hubiese enterado de qué caso se estaba hablando, cuando el solo título de la apelación dice “Caso General Santander” y cualquier persona en Colombia conoce lo que ocurrió en la Escuela de Policía. De hecho ella, leyó la decisión en audiencia pública”, señaló la defensa de los procesados.

SEMANA busco a la juez para preguntarle sobre la queja y su contenido. La funcionaria se remitió a señalar que no conocía, ni ha sido notificada por parte de la Comisión de Disciplina Judicial de queja alguna. Advirtió que su decisión, la de dejar en libertad a los implicados en el atentado a la Escuela General Santander, fue ajustada a derecho, luego de una revisión detallada de los elementos de prueba y los tiempos procesales.

Insistió que no puede referirse a los asuntos que desconoce, como la queja en su contra, pero anticipó que ella misma revisó la decisión, la firmó y la notificó a las partes. Luego se ratificó ante el Tribunal de Bogotá y ahora esperan una providencia en la Corte, hasta donde llegó la tutela presentada por la Fiscalía.

El caso General Santander

Después de cuatro años de proceso por el atentado a la Escuela General Santander, se conocen cinco líneas de investigación. Por una, la Fiscalía logró la condena del hombre que se escuchó en un audio mientras daba detalles del ataque terrorista, los otros cuatro escenarios están en diligencias.

En el capítulo de las cinco personas que fueron judicializadas, el asunto está bastante enredado de acuerdo con las protagonistas en la investigación: defensa y víctimas. Aseguraron que la presentación de las pruebas se convirtió en un calvario al punto de que se radicó una solicitud de nulidad al descubrimiento probatorio.

“El fiscal que arrancó la investigación, Carlos Roberto Izquierdo, actual director de crimen organizado en la Fiscalía, presentó el escrito de acusación sin el material de prueba y por más que se le advirtió que eso complicaría el proceso, lo hizo, ahora tenemos este problema”, señaló una fuente en el proceso.

Fue más de un año, de un trabajo enorme para la Fiscalía en el propósito de presentar el material de prueba para iniciar el juicio y por más que pisaron el acelerador, los tiempos no alcanzaron y se configuró el vencimiento de términos, que ahora desató el “agarrón” entre la juez y la funcionaria que le redactó la decisión.

Actualmente el proceso está listo para avanzar en las audiencias preparatorias, las que se suspendieron mientras se resolvía la nulidad en el Tribunal de Bogotá. Las partes, incluso la Fiscalía esperan que la juez sexta especializada de Bogotá, fije las fechas para continuar con las diligencias.