De un billón de pesos sería el hueco en las finanzas del Estado por la decisión de no aumentar el costo de los peajes

La semana pasada el gobierno nacional anunció a los cuatro vientos que no iba a haber incremento en los peajes del país en lo que resta del año, una noticia que cayó muy bien en medio de la puja con el sector de transporte de carga que se niega a que les sean aumentando el costo del combustible. Pues bien, el gran anuncio ya representa, nuevamente, cifras en rojo para el Gobierno y podrían generar un hueco de más de un billón de pesos.

“Ante el congelamiento de las tarifas de peajes ordenado por el Gobierno mediante el Decreto 050 de 2023, la Contraloría General de la República advierte al Ministerio de Transporte, a la ANI y a los concesionarios viales, para que consideren la pronta implementación de las acciones necesarias para cumplir cabalmente con lo pactado en los contratos de concesión”, advierten desde la Contraloría.

Como consecuencia de la expedición de este decreto, se activó el riesgo de menor recaudo de peajes a cargo de la ANI y, por tanto, esta entidad quedó obligada a realizar la debida y oportuna compensación a los 38 concesionarios viales afectados por no recibir los ingresos correspondientes al incremento anual de los peajes.

Se corre el riesgo de que para los once (11) Contratos concesionados viales de Iniciativa Privada (IP) vigentes, la afectación pueda ser aún mayor, dado que no tienen desembolso de recursos públicos y la recuperación de la inversión, depende exclusivamente del recaudo de las tarifas de peaje que pagan quienes usan la infraestructura vial.

“En cuanto a los efectos económicos de esta decisión del Gobierno Nacional, la Contraloría General de la República señala que la afectación en 2023 alcanzó un valor cercano a los $ 610.000 millones y que, de no autorizarse prontamente el ajuste hoy restante del +4,64%, la afectación en 2024 podría alcanzar los 410.000 millones pesos, para un total de $ 1,02 billones, los cuales deberán ser pagados por la ANI con cargo al Presupuesto General de la Nación”, aseguran desde la Contraloría.

Congelamiento de la tarifa

El argumento de ese momento del Gobierno para no subir los peajes era el de proteger el bolsillo de los colombianos, pues justo al final de 2022 la inflación (que era la base para el alza de 2023) estaba en uno de sus puntos más altos del presente siglo. Eso generó un hueco adicional a las finanzas públicas, pues los recursos de los peajes también se usan para el mantenimiento de las vías.

En 2024 finalmente se anunció el alza en las tarifas de peajes en varias etapas. La primera, del 13,12 %, que correspondía a la inflación de 2022 y se hizo efectiva en enero de 2024, y luego era necesario subir la inflación de 2023, que fue del 9,28 %, en agosto subió la mitad de ese valor 4,64 % y estaba pendiente la otra mitad, pero el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al participar en el Congreso de Analdex, aseguró que para lo que resta de este año, los peajes no subirán más. “Los precios de los peajes se están ajustando, este año ya no hay más ajustes. Lo que queda es para el año entrante”, reiteró.

Esta declaración generó reacciones inmediatas y la primera fue la de Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), quien en su cuenta de X aseguró que al no seguir ajustando los peajes, “el déficit de los proyectos de concesión vial continuará creciendo, a pesar de que las obras han sido construidas y entregadas por los concesionarios al Estado, gracias a la financiación aportada por recursos de los ahorradores, que deben ser pagados, entre otros, con los ingresos por el recaudo de las tarifas de peaje”.

El ministro Bonilla argumentó su decisión de no subir más los peajes para contribuir a la reducción de la inflación, que en julio se situó en el 6,86 % anual. No obstante, Caicedo Ferrer indicó que el impacto de los peajes en la inflación es prácticamente nulo: tan solo 0,01 puntos porcentuales, de acuerdo con el propio Dane.