Esmad: en el ojo del huracán

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se convirtió en uno de los temas clave del paro. La polémica sobre el futuro de esta unidad policial volvió a la agenda cuando el joven Dilan Cruz murió el fin de semana pasado, tras ser impactado por un arma utilizada por uno de estos uniformados.

Casi todos los países del mundo necesitan los cuerpos especializados en manejar la protesta. De hecho, más de 100 naciones tienen unidades similares al Esmad. Hoy el planeta enfrenta una nueva realidad que no se veía en términos de protesta social desde hace muchos años. Y a pesar de que en principio las jornadas son pacíficas, los violentos suelen aprovechar estos espacios para provocar terror y miedo.

El escuadrón colombiano tiene una larga lista de denuncias, pero en otros países la situación es mucho más crítica. Solo las protestas de Chile ya han causado más de 20 muertos, las de Bolivia más de 30 y las de Ecuador al menos 10.

Antes de que empezara a funcionar en Colombia, en 1999, los militares y otras divisiones de la Policía se encargaban de controlar las manifestaciones desbordadas. Sin duda resulta mucho más garantista para el derecho a la protesta que, en caso de desmanes, intervenga un grupo entrenado para controlar los hechos sin ejercer una fuerza letal.

El debate no pasa por acabar el Esmad, sino por activar los protocolos. En el triste caso de Dilan, los jueces determinarán si se trató de un accidente, un homicidio culposo o un homicidio premeditado. Pero más allá de ese drama, también caben otras preguntas sobre qué habría ocurrido si esta unidad no hubiera ejercido su autoridad frente a quienes han protagonizado los actos violentos.

En los 20 años que han pasado desde que la Policía creó el Esmad, varias investigaciones calculan que han muerto alrededor de 20 manifestantes, y que 4.000 más han sufrido heridas por las acciones de sus agentes. Del otro lado, al menos cinco miembros del escuadrón antidisturbios fallecieron y unos 850 han sido heridos en el servicio.

La controversia está en su punto más alto: las propuestas van desde eliminar el escuadrón, ajustar su funcionamiento, hasta fortalecerlo. Eso revela que el Gobierno y los sectores que promueven la manifestación se mantienen en orillas muy distantes. Mientras que el Comité Nacional del Paro pide eliminar al Esmad como requisito de los diálogos convocados por el presidente Iván Duque, el Gobierno dice que lo van a fortalecer. Mientras que las voces de la protesta hablan de excesos sistemáticos en el uso de la fuerza, la institucionalidad califica esos casos como hechos aislados por los que debe responder cada agente. Pero entre estas dos orillas hay muchos matices.

En algunos casos, el escuadrón sí ha cruzado la línea de la letalidad. Y en este punto es clave el tipo de armamento que usa. Medicina Legal informó que el agente del Esmad le disparó a Dilan Cruz una “carga múltiple tipo ‘bean bag’”, desde una escopeta calibre 12. Este tipo de munición, en esencia una bolsa llena de perdigones, está incluida en la lista de 24 instrumentos que puede usar, derivada, a su vez, de protocolos internacionales. El problema es que estas armas de ‘baja letalidad’ han sido letales muchas veces, y esto pasa por no cumplir los protocolos que, entre otras cosas, indican las distancias y las partes del cuerpo a las que se permite apuntar.

El British Medical Journal analizó 1.984 casos de personas lesionadas con estas armas en varios lugares del mundo y encontró consecuencias preocupantes: el 71 por ciento sufrió heridas graves, 300 personas quedaron con alguna discapacidad vitalicia (generalmente ocular) y 53 murieron. Y esto sin hablar del uso de munición ‘recalzada’, es decir, cartuchos de gases lacrimógenos rellenos con pólvora y metralla, como canicas. Su uso ha sido verificado en muchos casos en Colombia y, naturalmente, está prohibido.

Otro punto de discusión radica en el momento en el que puede intervenir el Esmad y con qué mecanismos. Se supone que el escuadrón está para frenar alteraciones del orden público, no para disolver protestas pacíficas. Y que debe usar una fuerza proporcional a la situación que atiende. No es lo mismo enfrentar a encapuchados que lanzan papas bomba, como sucede en tantos tropeles universitarios, que desalojar a un grupo de personas que bloquean una calle. En ese sentido, por ejemplo, la Personería de Bogotá concluyó que “el Esmad solo puede intervenir en los eventos de disturbios. Y en el caso de Dilan Cruz nosotros pudimos verificar de primera mano que se trataba de una marcha pacífica”.

Es claro que el escuadrón debe respetar sus propios protocolos. Y para eso es clave ejercer un control efectivo sobre sus acciones. La Procuraduría, la Personería y la Defensoría del Pueblo están obligadas a vigilarlo. Según el general Óscar Atehortúa, director de la Policía, hay 69 fallos condenatorios y 89 policías han sido retirados del servicio por usar fuerza excesiva. A este control se suma que, como lo demuestra el caso de Dilan, hoy en día estas situaciones quedan fácilmente registradas en los múltiples videos que los manifestantes graban durante la protesta.

En el debate entre extremos, que oscila entre eliminar el escuadrón y ni siquiera cuestionar su funcionamiento, es claro que hay puntos mínimos. Los protocolos que lo rigen deben ser monitoreados y de obligatorio cumplimiento. Pero también hay espacio para observar alternativas que han barajado incluso en la Policía. La propia institución trabaja en un proyecto financiado por el Gobierno británico, en el que participaron organizaciones como el Cinep e Interpeace. Todos ellos hicieron un diagnóstico publicado en abril pasado.

Encontraron diversos problemas: los miembros de la Policía no conocen a fondo las normas que regulan la protesta social; la mayoría entiende las manifestaciones como desorden; a veces no conocen el contexto del lugar donde intervienen; o muchos agentes no tienen las habilidades emocionales suficientes para evitar conflictos, especialmente, en situaciones estresantes como la protesta. Pero lo más revelador es que, mediante diálogos previos con la comunidad y con cierto nivel de capacitación, disminuyó la conflictividad.

Los excesos del Esmad no solo plantean un grave problema que afecta el derecho a la protesta, sino que también golpean la imagen de la institución. Las manifestaciones seguirán tomando fuerza como un mecanismo de expresión legítimo de la ciudadanía. Se trata de un fenómeno común en la región. Y en el caso particular de Colombia, se fortaleció con el desarme de las Farc, que disminuyó la estigmatización y puso en la agenda reclamos sociales más allá de la violencia.

Por eso resulta clave capacitar mejor a los agentes, vigilar con rigor que cumplan los protocolos, incluso revisarlos en puntos como el uso de algunas de las llamadas armas de baja letalidad. Pero tampoco descartar la búsqueda de acompañamientos distintos de la fuerza pública a los manifestantes. Eso sí, desmontar el Esmad no es una opción sensata.