¿Por qué la oposición dice que podría tumbar el metro elevado?

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Andrés Escobar, tendrán que afrontar un debate de control político convocado por todas las bancadas para hablar sobre el megaproyecto. Este debate seguramente estará liderado por pesos pesados de la oposición como Hollman Morris, Juan Carlos Flórez y Manuel Sarmiento. Ellos aseguran que la obra se caerá.

La primera carta que tienen para reversarla es que la obra no tendría estudios de factibilidad. Estos, según la Ley 1682 de 2013, son indispensables para adjudicar un contrato público, puesto que son los que determinan si una obra es viable o no. La prueba reina sería una prórroga solicitada por la Financiera de Desarrollo Nacional por 12 meses para terminar dichos estudios y entregarlos en mayo de 2019.

Ante esta acusación, el gerente del metro ha sido enfático en afirmar que los estudios de factibilidad se entregarán antes de que la obra sea adjudicada para que los interesados puedan conocer a detalle cómo se debe ejecutar la obra. Como evidencia del avance en los estudios la Empresa Metro compartió con SEMANA algunos de los enlaces donde se pueden consultar varios.

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Fuente: Empresa Metro de Bogotá. 

Pero ahí no parará el rifirrafe. La oposición también va a exigir explicaciones con respecto al decreto 280 expedido por Peñalosa en mayo de este año, el cual reglamenta el proceso presupuestal de Entidades Descentralizadas y Empresas Sociales del Estado (Empresa Metro de Bogotá, TransMilenio, Acueducto de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá, entre otras).

Con este decreto ahora se permite que El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), integrado por el alcalde y sus secretarios, autorice a las empresas descentralizadas a celebrar contratos, compromisos y obligaciones. El problema para Morris es que el decreto  omiten requisitos para aprobar vigencias futuras (dinero que compromete a otras administraciones) como la autorización del Concejo de Bogotá y en la declaratoria de importancia de la obra no se menciona la necesidad de presentar estudios. “Es la misma administración la que pide y aprueba”, dijo Morris.

El concejal agregó que este decreto iría en contra del artículo 151 de la Constitución (sobre la aprobación y ejecución de presupuesto) y también sería contrario a leyes orgnánicas (de alta jerarquía, que no se pueden violar) de presupuesto como la 819 del 2003, el cual establece que para aprobar vigencias futuras ordinarias y excepcionales es necesaria la aprobación del Concejo o la Ley 1483 del 2011 en el que se dice que la aprobación del endeudamiento se debe hacer con base en estudios que contemplen la definición de ingeniería de detalle (la más avanzada).

las vigencias futuras ordinarias y las excepcionales tienen la diferencia de que en la primera se requiere que la entidad cuente con la apropiación de al menos el 15 por ciento del dinero que se va a pedir, mientras que en la excepcional no es necesario debido a la dimensión de la obra. En el caso del metro elevado las vigencias futuras serían excepcionales puesto que el 15 por ciento del valor es tanto que aún no se tiene.  

Para Morris lo más grave es que además de lo que ya ha aprobado el Concejo, con este decreto ya se habrían avalado nuevos dineros para el metro elevado (134.000 millones de pesos), la troncal de TransMilenio por la Séptima (1,5 billones de pesos) y la renovación de la flota de TransMilenio (3,2 billones), entre otras.

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La secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, le explicó a SEMANA que se trataba de una confusión. Aclaró que las vigencias que se aprobaron dentro de este decreto no son dineros adicionales. Es decir que no se pidió dinero fuera del que ya se había aprobado en el Concejo: “No es dinero nuevo, hacer eso iría en contra de la ley”, señaló la funcionaria.  

Arbeláez agregó que las leyes mencionados por los denunciantes se refieren a entidades territoriales (alcaldías y secretarías). Sin embargo, para las Empresas Descentralizadas como la Empresa Metro opera el decreto 714 de 1996, en el cual se establece que estas empresas, por su naturaleza (generan su propio dinero), se regirán por regulaciones que expida el gobierno distrital. La funcionaria agregó que no se les puede exigir los mismos requisitos, pues de lo contrario no tendría sentido que se hubiera hecho una clasificación para entidades territoriales y otra para empresas descentralizadas. Tampoco tendría lógica establecer los mismos requisitos para ambas. En otras palabras, estas empresas tienen autonomía para manejar su presupuesto y solicitar vigencias futuras que solo tendrían que ser aprobadas por el Confis ya que el cupo de endeudamiento ya habría sido aprobado por el Concejo.

Lo que hicieron con este decreto, según el distrito, fue adicionar reglamentación para que las empresas descentralizadas puedan aprobar vigencias futuras. Estas se permitirán siempre que cuenten con cupo de endeudamiento autorizado por el Concejo de Bogotá, que se encuentren en el Plan de Desarrollo Distrital y que tengan declaratoria de importancia estratégica por el Confis. Es decir, que presenten, entre otras, cosas valoración técnica, económica, financiera, jurídica, ambiental y social del proyecto.  

Por último la Secretaría de Hacienda defendió que la autonomía de las empresas descentralizadas ya operaba según el acuerdo 195 de 2007, el cual ya funcionaba en el gobierno de Gustavo Petro.

Pero por tratarse de obras de tal envergadura como el metro de Bogotá, los concejales opositores consideran necesario que opere el régimen de entidades territoriales. Por eso, a las denuncias que ya se habían hecho, van a sumar una más. Serán las autoridades quienes decidan quién tiene la razón. El Distrito asegura que todo se ha hecho bien bajo el marco de la Ley, mientras que la oposición cree que con el debate del próximo miércoles el metro y otras obras podrían tambalear. Más aún si se inician acciones en instancias judiciales que podrían terminar en un vericueto de años y años.