"No hubo respuesta contunde por parte del gobierno": Pizarro sobre asesinato de líderes

SEMANA: ¿Cómo les pareció la respuesta del Gobierno sobre el asesinato de líderes sociales?

María José Pizarro: La verdad es que quienes dieron ciertas luces fueron la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación. Fueron los que realmente nos dieron las respuestas que esperábamos. Por el lado del Ministerio del Interior, y el Ministerio de Defensa la verdad es que no nos dieron ninguna respuesta, nos hablaron de unos planes que obviamente no están funcionando. Las cifras que daban los dos ministerios no coincidían entre sí, pero lo más grave es que ni siquiera coinciden con las cifras que está dando la Fiscalía y la Defensoría, lo que denota una muy mala articulación tanto en la definición de conceptos como la cifra, y eso obviamente habla muy mal del trabajo y de la voluntad política que tiene el gobierno.

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SEMANA: Pero la Ministra dijo que la defensa de los líderes sociales era una prioridad en el gobierno ¿entonces no le creen?

J.M.P.: Nosotros esperamos que sea una prioridad. En la reunión que tuvimos en el Palacio de Nariño le pedimos al gobierno de Iván Duque que la próxima reunión que congregara a todas las fuerzas políticas fuera para tratar precisamente este tema. Aún estamos esperando la respuesta pero mientras estábamos en el debate del asesinato de líderes sociales estaban asesinando en Putumayo a un líder social indígena, entonces si seguimos a este ritmo, va a ser muy difícil que Iván Duque pueda sustentar su tesis, si realmente es de su interés tiene que poner todo su empeño en frenar el asesinato y eso implica políticas articuladas, un compromiso total por parte de los ministerios del Interior y de Defensa, así como de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las entidades locales, de la policía, y claramente de los líderes de los partidos y movimientos políticos para que no estigmaticen de manera negativa a quienes están ejerciendo esta labor social.

SEMANA: ¿Qué se debería hacer?

J.M.P.: Nosotros solicitamos que se creara un registro único de victimas que inclusive era entre otras el rango etario, porque no hay cifras consolidadas y ellos se excusan en que hay tantas tipologías en la definición y al mismo tiempo los patrones responden a otras dinámicas que por eso los números no coinciden. Nosotros tenemos las cifras que manejan las organizaciones defensoras de derechos humanos, la Defensoría y la ONU y nos parece muy grave que no se haya creado un registro único siendo una de las directrices de la Procuraduría. Tampoco se reconoce un patrón de sistematicidad –solo lo hace la Fiscalía y la Defensoría- eso también lo consideramos importante porque de ahí sale la voluntad para crear no solamente una política sino las directrices al gobierno para que frene el asesinato de líderes sociales. Además, el Ministerio del Interior nos envió solamente una hoja como respuesta a todo el cuestionario que le enviamos y nos adjunta el informe de la ONU, eso quiere decir que el Ministerio del Interior no ha realizado ningún trabajo al respecto de la consolidación de cifras y de datos. Nosotros hablamos de planes colectivos de protección y quien realmente lo recomendó fue la Unidad Nacional de Protección, pero más allá de eso no hubo respuesta contundente.

SEMANA: La ministra del Interior dijo que tenían un plan de acción que coordina su cartera y que consiste en revisar toda la información existente para unificar las normas, hacer una hoja de ruta para expedir la política pública y diseñar una plataforma tecnológica donde van a estar las alertas tempranas, ¿cómo les parece ese plan?

J.M.P.: Lo que pasa es que pueden haber muchísimas herramientas tecnológicas, pero si no se da respuesta a las alertas tempranas -que es lo que nos está pasando- no sirve. Existe un sistema de alertas tempranas pero no se da respuesta con medidas de protección, y si lo hacen no responden a unos criterios territoriales ni técnicos. No hay conocimiento de las dinámicas sociales de los territorios, sencillamente esas no son medidas de protección, obviamente que se necesita mejor articulación. Además, la focalización territorial que nos presentan es gravísima por que no responden ni siquiera la focalización territorial que presentan la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Nos priorizan una zona militarmente y el Ministerio del Interior que no tienen nada que ver con los lugares donde más se presentan asesinatos, por ejemplo Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Putumayo, Chocó, y si no hay de alguna manera una información realmente articulada. Lo que se puede hacer es realmente es muy poco. Es maravilloso que diseñen programas pero es que esto debe ser una política de estado, nosotros lo que le hemos pedido al presidente Iván Duque es una reunión con su gabinete, por lo menos las instituciones que tienen competencia en la protección y defensa de derechos humanos, una reunión con todos los sectores y partidos políticos para que haya por parte de todos un compromiso real en combatir estos grupos y eliminar la estigmatización y violencia política que son detonante para la situación que estamos viviendo, dramática por cierto.

SEMANA: Fue muy llamativo que la ministra Nancy Patricia Gutiérrez dijera que uno de los principales problemas que había era que las personas amenazadas no denunciaban, ¿ustedes que piensan de esta afirmación?

J.M.P.: Nosotros tenemos doble problema, por un lado sí hay denuncias y el problema es que cuando es la Fuerza Pública y hay sospechas sobre su relación con miembros de bandas criminales o de actores ilegales, pues la gente no va a sentir mucha confianza en presentar esas denuncias. Yo creo que para que denuncien las personas deben tener confianza en la policía y en los entes de control, pero lo que nosotros sabemos es que muchísimas personas no quieren denunciar en la policía porque piensan que la policía tiene ese tipo de vínculo, era un poco lo que intentábamos explicarle al Ministerio de Defensa frente a las cifras que presuntamente involucran miembros de la Fuerza Pública en el asesinato de líderes sociales. Siempre hablamos de presunta responsabilidad porque no estamos señalando a nadie.

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SEMANA: Cuando el ministro Guillermo Botero habló la representante Ángela María Robledo le pidió mayor precisión sobre las acciones para proteger a líderes y no solo sus planes para enfrentar la delincuencia, él respondió que los autores de los crímenes son delincuentes, ¿esto es negar la parte política en el asunto?

J.M.P.: Pues un poco, o niega cualquier tipo de responsabilidad o vínculo que pueda haber entre algunos miembros de la Fuerza Pública y obviamente grupos al margen de la ley o puede estar afirmando que se comprueba que hay tales relaciones o responsabilidades. Estamos hablando de delincuentes también y esto me parece aún más grave. Nosotros estamos pidiendo un plan específico de protección para líderes sociales que están desarmados, civiles que están prestando labores importantísimas en la defensa de los derechos humanos de su territorio y frente a los cuales no hay plan articulado de respuesta inmediata. Porque no se trata solamente de sacarlos del territorio, sino de que los procesos que estos líderes vienen desarrollando no se pierdan, este es el sentido de la democracia. Además, nosotros exigimos es que haya una articulación real entre las diferentes instituciones, tú puedes poner todos los esquemas de seguridad del mundo pero si siguen habiendo índices altos de impunidad y no hay un compromiso efectivo en la lucha contra los grupos paramilitares, neo-paramilitares, bandas criminales etc., no vas a frenar la dinámica. No hay un reconocimiento a la persecución contra los líderes y políticos, no se reconoce que estas personas son asesinadas por una retaliación por las labores que desarrollan, eso denota el compromiso mayor o menor por el Estado colombiano.

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SEMANA: Precisamente usted hablaba que Colombia está perdiendo toda una generación con la muerte de los líderes, y pues varios congresistas advirtieron que podía ser un exterminio como el que fue el de la Unión Patriótica…

J.M.P.: Nosotros quisimos hacer toda una recaudación y análisis de los datos que existen frente al rango etario, una categoría que no ha sido analizada ni por las organizaciones defensoras de derechos humanos, ni por la Defensoría del Pueblo, ni por ONU. Con los pocos datos que tenemos sabemos que la mayoría son hombres entre 18 y 50 años. Quiere decir que las personas que hace 20 o 16 años tenían más o menos entre los 20 y 30 años -que es cuando realmente empiezan su labor de conducción para liderar desde lo comunal- están siendo asesinadas. Se pierde la continuidad de ese proceso, nosotros ya vivimos esto en años 90 cuando esos mismos líderes sociales, comunales, políticos, barriales, afro, indígenas eran asesinados y tuvimos que esperar 2 o 3 generaciones más para que estas personas se formaran políticamente. Si seguimos a este mismo ritmo estaremos superando con creces lo que sucedió. Tenemos que garantizar el relevo generacional, esa es la tesis que nosotros estamos presentando.

SEMANA: Durante el debate de control político había muchas personas siguiendo la discusión, inclusive en las barras del Capitolio y un momento en que el Presidente de la Cámara pidió incluso desalojar las barras, ¿qué era lo que estaba pasando?

J.M.P.: Una de las personas que asistió al debate le grito de manera ofensiva a la ministra del Interior y por lo tanto se pidió que fueran desalojadas. Nosotros pedimos a la persona que estaba en la barra que por favor nos permitiera continuar con el debate en el marco del respeto.

SEMANA: ¿Los congresistas que asistieron al debate, mostraron interés?

J.M.P.: Al principio estuvo muy lleno, realmente fue un debate muy largo -8 horas-, pero a lo largo de la noche cuando ya llevábamos unas 4 o 5 horas el recinto se fue quedando más solo. Pero podemos decir que hubo participación de todas las vertientes políticas, el rechazo al interior del Congreso fue generalizado. Hubo algunos argumentos que consideramos salidos de tono por parte del Centro Democrático cuando dijeron que cómo se podía condoler el Congreso por el asesinato de los líderes sociales y no de los miembros de la Fuerza Pública, nosotros decíamos que nos conmovíamos igualmente por cualquier vida humana que se perdía en el país y que estábamos dispuestos a adelantar conjuntamente un debate de control político sobre eso. Pero claramente ese día era para hablar de estos civiles, líderes y lideresas sociales que han sido asesinados. Esto debería producir reacciones muchísimo más contundentes no solamente por parte del gobierno, también de la sociedad.