REGIONES
Contra las cuerdas: así está debate por el proyecto de la mina de Quebradona
El proyecto minero que se realizaría en Jericó tiene dividida a su población y al empresariado colombiano. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) tiene en sus manos la decisión final en la que está en juego el futuro económico, ambiental y social de la región.
En 2004, las empresas AngloGold Ashanti y B2Gold, que se retirarían del proyecto en 2009, comenzaron a buscar oro y otros metales en la parte alta de Jericó (vereda Quebradona). Los estudios arrojaron que en la zona había una alta concentración de cobre y en 2015 el proyecto fue declarado de interés nacional estratégico, entre otras razones, porque este metal ha tomado mayor importancia y se considera un producto que puede incrementar los ingresos al país.
La alta demanda en el mundo por este mineral esencial en el desarrollo tecnológico y de las energías renovables no convencionales ha vuelto muy atractiva a esta industria. En el caso colombiano, el proyecto, por su dimensión, tendría un gran impacto en las finanzas públicas del país. Se estima que generará entre 300 y 400 millones de dólares en exportaciones anuales y más de seis billones de pesos en impuestos durante 21 años. Y en este momento de vacas flacas, el Gobierno busca ingresos que le muevan la aguja de sus ingresos. Por eso le apuesta a la minería de cobre.
AngloGold culminó el plan de obra y los estudios de impacto ambiental en 2019. El primero está pendiente de la aprobación de la Secretaría de Minas de Antioquia, así como del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Según ambos documentos, el proyecto, de 7.593 hectáreas, comprende dos grandes zonas. La ubicada en la parte alta del municipio, donde bajo la montaña se encuentra el depósito de cobre. Y la segunda, en el valle de Jericó, en cercanías al río Cauca. Allí estarán ubicados el campamento minero y las áreas de transformación del mineral y de la disposición final de los relaves secos. Para unir ambas zonas, AngloGold construirá un túnel principal de casi seis kilómetros de largo.
El proyecto durará en total 38 años: cuatro de construcción, 21 de explotación, tres de cierre y diez de poscierre. AngloGold estima que durante 21 años la mina dejará 4,9 millones de toneladas de concentrado polimetálico compuesto en su mayoría por cobre, oro y plata.
En sus estudios de impacto ambiental, la minera explica que el proyecto causará dos impactos ambientales. Uno es la subsidencia, es decir, el hundimiento del techo de la montaña donde se encuentra el yacimiento. El fenómeno afectará aproximadamente 36 hectáreas (más o menos 50 campos de fútbol) a una profundidad de 365 metros. El otro impacto consiste en alrededor de 120 millones de toneladas de relaves de los que dispondrán en la parte baja.
Un sector de los habitantes creó el grupo Jericoanos con Visión para defender el proyecto minero de Quebradona.
Según los análisis, mitigarán esas afectaciones al canalizar los cuerpos de agua de la montaña, al regenerar 2.500 hectáreas de bosque y al construir un parque biodinámico de bosque seco. Asimismo, explican que filtrarán y compactarán los relaves o desechos por capas hasta formar un montículo de 100 metros de altura que con el tiempo se integrará al paisaje de la región.
Estos dos impactos se suman al uso del agua, al posible cambio de la vocación económica y cultural de la región y a los presuntos daños ambientales, que tienen preocupados a los habitantes de Jericó y de otros municipios del suroeste antioqueño, a reconocidos ambientalistas y académicos y a un sector del empresariado del departamento. Ellos también temen que con la mina lleguen la prostitución y el alcoholismo y aumente la violencia.
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Por otro lado, una parte de la población de Jericó considera que el proyecto traerá prosperidad al municipio, cuyos nuevos ingresos ayudarán a la inversión social y cultural, y que la minería puede convivir con otras actividades económicas y ambientales de ese territorio.
En cuanto a los cuestionamientos, Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, afirma que, durante la etapa de prospección, AngloGold “ha roto algunas fuentes de agua subterránea” que han dejado sin el líquido a algunas zonas rurales del municipio. Según él, Corantioquia investiga esos hechos. También acusa a la minera de hacer publicidad engañosa. Al respecto, AngloGold le dijo a SEMANA que desde 2016 se encuentra abierta una evaluación de un pozo exploratorio y que las visitas técnicas han “demostrado que no hay ninguna afectación ni en cantidad, ni en la calidad del agua, así como tampoco hay afectación en acueductos veredales”.
Los opositores piensan que la subsidencia y el depósito de relaves van a causar un impacto ambiental más grande de lo que dice la empresa. El geólogo Julio Fierro señala que las aguas subterráneas de la parte alta no se van a profundizar unos cuantos metros sino un kilómetro, lo que afectará las quebradas La Fea y Quebradona. Asegura que, en un futuro, los relaves podrían generar derrumbes, avalanchas por causa de la lluvia y eventos sísmicos, sin contar la posible contaminación por elementos como el arsénico.
Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, dice que AngloGold ya ha causado daños ambientales.
AngloGold replica que, luego de 14 años de investigación, puede concluir que la dureza de la roca de la montaña impide que esta absorba o reconduzca agua y por lo tanto no habrá ningún cambio importante en las corrientes subterráneas. Frente a las afectaciones de los cuerpos de agua por la subsidencia, explica que ha estructurado un proyecto de canalización para desviar las aguas hacia otros cauces por fuera del hundimiento de la montaña. Finalmente, afirma que el montículo de relaves no representa mayor peligro porque su plan contempla un manejo integrado de aguas, análisis de sismos y el aislamiento en una celda de los relaves con un potencial de contaminar los suelos y el agua.
Los opositores también señalan que la compañía ha convencido a los habitantes al prometerles que generará una prosperidad sin precedentes en la zona. A su parecer, eso ha dividido la comunidad de Jericó. Por su parte, AngloGold reconoce que cuando llegó sí había una amplia oposición al proyecto, pero dice que ha disminuido porque le ha demostrado a la población que su proyecto genera progreso social y ambiental y que puede reactivar la economía local. Eso lo sustenta con las encuestas que AngloGold contrató al Centro Nacional de Consultoría, que muestran que entre diciembre de 2018 y abril de 2020 la favorabilidad hacia la minería pasó del 36 al 65 por ciento. Al respecto, Jericoanos con Visión, una asociación civil que reúne a habitantes del municipio a favor de la mina, afirma que acusar a AngloGold de comprar conciencias es un despropósito. También dice que el cambio de favorabilidad de la población se debe a las socializaciones del proyecto y al trabajo en pro de la comunidad que ha hecho la multinacional.
El último episodio de esta disputa se presentó hace unas cuantas semanas, cuando Comfama anunció que desistirá de hacer un proyecto ecoturístico en un predio comprado en 2018 en la parte baja de Jericó, a raíz de las afectaciones ambientales de la mina. Basado en seis estudios, Comfama afirmó que los relaves afectarán profundamente el paisaje y las actividades económicas de la parte baja de Jericó. Además, que en la parte alta algunos cuerpos de agua se reducirían entre 54 y 98 por ciento y que, en términos generales, la biodiversidad perdería entre 36 y 88 por ciento.
AngloGold le dijo a SEMANA que ha determinado sistemáticamente los impactos y construido los planes de mitigación por encima de los requerimientos de la ley. Pone de ejemplo el Plan de Compensación, en el que reforestará más de 2.500 hectáreas de bosque seco tropical y bosque de alta montaña, más de 1.400 hectáreas por encima de lo que exige la norma. Finalmente, dice que la mayor garantía de que el proyecto será responsable social y ambientalmente es que la mina acaba de convertirse en una sociedad de beneficio e interés colectivo; es decir, adquiere compromisos legales en materia financiera, social y ambiental con la comunidad donde el proyecto se desarrolla.
Hoy en día, este espera su licencia ambiental de la Anla, que ya hizo una visita y está próxima a hacer una segunda en la región. Y a los terceros intervinientes, entre los que se encuentran varias mesas ambientales de la región, se sumaron Comfama y Proantioquia, que también expresó la inconveniencia del proyecto. A partir de esa información técnica a favor y en contra, el organismo estatal tendrá que tomar una decisión que impactará no solo a Jericó y al suroeste antioqueño, sino al desarrollo minero del país. El Gobierno tiene allí muchas de sus apuestas para poder financiar sus mermadas finanzas públicas debido al impacto de la pandemia.