“Deberían contar todos los delitos que cometieron”: minDefensa a Rodrigo Granda

El ministro de Defensa, Diego Molano, terció en la polémica que se ha desatado en el país por cuenta de las declaraciones de Rodrigo Granda, en las que afirmó que los secuestrados trabajaban por aburrimiento y no por obligación ni “por esclavitud”.

Molano aseguró que este tipo de declaraciones son incomprensibles, ya que Granda es una persona que está en tránsito a la legalidad y se supone que tiene un compromiso con las víctimas para repararlas y no revictimizarlas. “Ante delitos de lesa humanidad y los horrores que se cometieron en los campos de concentración de las FARC, no había nada voluntario”, dijo el ministro de Defensa.

Por esa razón, se mostró molesto por las declaraciones del excanciller de las FARC y aseguró que “los que ostentan cargos públicos deberían declarar totalmente los delitos que cometieron, reparar a la víctimas y no tener ni una gota de impunidad”.

El funcionario indicó que el Gobierno es respetuoso de la separación de poderes, pero pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz avanzar rápidamente en los procedimientos e investigaciones que están adelantando para “evitar la impunidad”.

“Los miles de colombianos secuestrados por las FARC fueron víctimas de cautiverio, humillaciones, trabajo forzado, tratos inhumanos y al final condenados a morir. Esa es la verdad que deben reconocer quienes aún hoy no han pagado por crímenes ni reparado a sus víctimas”, dijo.

Las declaraciones de Rodrigo Granda se dieron en un evento que se adelantó en la Universidad Externado de Colombia por el balance de los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz. Allí, el excomandante guerrillero dijo que el Secretariado de las antiguas FARC ha aceptado violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra los secuestrados; sin embargo, aseveró que no aceptan haber cometido actos de esclavitud, caso que está estudiando la JEP.

“Si alguna de las personas que estaba en retención decía que se sentía aburrida y que quería participar en X o Y trabajo de ahí mismo del campamento, se permitía, pero no era que fuera una obligación”, agregando que no todas las víctimas reconocen que existió el delito. “¿Qué más quieren que digamos, que hagamos lo que hizo Duque de ir al muro de las lamentaciones a darse allá cabezazos? Nosotros estamos diciendo nuestras verdades, no es obligación aceptarla, pero tampoco nos pueden obligar a aceptar otras pretensiones”, expresó.

Es preciso mencionar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había aceptado en días pasados el concepto que la Procuraduría General dio luego de haber documentado más de 70 casos en los que víctimas de secuestro fueron obligadas a realizar trabajos forzados.

Se trata del Caso 01, que corresponde a la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP sostuvo que los más afectados fueron los campesinos y conductores.

Por lo tanto, Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Félix Muñoz, alias Pastor Alape; Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel y Jaime Alberto Parra, como integrantes del Secretariado, podrían ser encontrados responsables de esclavizar a campesinos, militares, policías, entre otras personas.

Por esa razón, el senador del Partido Comunes, Carlos Antonio Lozada, salió a desmentir a Granda, aunque aclaró que no escuchó sus declaraciones y que se enteró por los medios de comunicación. “Yo no conozco la declaración ,pero si dijo eso, está equivocado. Es una declaración fuera de contexto y no la comparto”, dijo.

El congresista aseguró que ese tipo de declaraciones afectan a las víctimas del conflicto y que no corresponden a quienes están en el tránsito a la legalidad. “Es una vulneración a los derechos de las víctimas”, reiteró.

Lozada, quien se mostró sorprendido por las declaraciones de su compañero, pidió a todos los integrantes del partido evitar ese tipo de declaraciones. “Llamo a los compañeros del partido a que sean prudentes en sus declaraciones porque se afecta la credibilidad del compromiso que tenemos y que hemos demostrado en cinco años para reparar a las víctimas y asumir responsabilidades”.