Inconformes con la decisión de la JEP piden medidas urgentes

La Jurisdicción Especial para la Paz asumió la semana pasada competencia para estudiar la extradición del ex jefe guerrillero Jesús Santrich a Estados Unidos. Esta, la decisión con la que abrió sus puertas la Sección de Revisión, levantó una polvareda que no dejó contento a ningún ente de control ni al gobierno.

Los primeros pronunciamientos se dieron pocas horas después de que la JEP anunció que suspendía el proceso de extradición del exguerrillero para estudiar los elementos de fondo. En el auto decisorio, el nuevo órgano judicial le pidió a la Fiscalía que informe las circunstancias mediante las cuales se privó de la libertad al exjefe guerrillero, lo cual entró a atizar el fuego en la polémica por la decisión. 

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Durante el foro ‘Justicia Internacional y Lucha contra la Impunidad‘, el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado al Congreso para que se agilice el trámite del proyecto de ley que debe fijar las normas de procedimiento de la nueva jurisdicción para la paz. Para decisiones como la de Santrich, la JEP se basó en protocolos que los mismos magistrados dictaron, “algo que muchos, como hoy escuchamos, consideran que no debe ser”, dijo Santos.

En el trámite que esta ley inició ante el Congreso y que es de iniciativa gubernamental, los parlamentarios han realizado varios ajustes. De manera que en lo que respecta en específico al trámite de extradición ha habido pronunciamientos, votaciones, debates, ajustes, que aún no son definitivos. 

El presidente pidió no olvidar que la justicia transicional es diferente de la justicia ordinaria y señaló que se trata de “dos formas complementarias de justicia, cada una enfocada en sus propios fines”. Precisó que para que esas dos justicias operen de manera óptima, deben “trabajar de forma armónica, intercambiando información, cada una dentro de sus propios ámbitos de competencia”.

Por ello, afirmó que la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales ordinarias van a contar con la información que remita la JEP sobre las personas sometidas a su jurisdicción, y la JEP contará a su vez con la información sobre los procesos e investigaciones adelantados por la Fiscalía sobre delitos cometidos con ocasión del conflicto.

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A su turno el procurador, Fernando Carrillo, respondió la solicitud que presentó el fiscal Martínez la semana pasada y también cuestionó la decisión que tomó la JEP la semana pasada frente al caso Santrich. "No es aceptable suspender el trámite de un proceso de extradición cuando esa figura no existe en el ordenamiento interno. La Procuraduría interpondrá los recursos necesarios para que se subsane lo que creemos un error jurídico", informó. 

Durante el trámite en el Congreso del acto legislativo que le dio vida a la justicia para la paz se entregó al ente de control la facultad de proteger los derechos de las víctimas del conflicto. Por eso, durante su intervención en la apertura del foro, el Ministerio Público manifestó que "sorprende que en una providencia tan transcendental se haya desconocido calidad de Procuraduría, que debe ser convocado, notificado y oído en proceso, como garante de orden jurídico y defensor de las víctimas".

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Aunque el procurador Carrillo reconoció la competencia de JEP, dijo que "suspender trámite de extradición, es un camino inconstitucional". Así las cosas se espera que en los próximos días se interpongan los recursos correspondientes para tratar de "subsanar lo que nosotros creemos que es un error jurídico".